La última revelación, destapada por el portal RTVE noticias, sobre la red de investigación CREA -liderada por el catedrático de la UB acusado de coerción sexual- señala la publicación de 104 artículos académicos sin pasar por un comité de ética reconocido. Este nuevo escándalo representa algo más que una tropelía académica. Ante la conmoción por el presunto abuso sexual y de poder a 16 personas que han denunciado, este nuevo elemento subrayaría cómo el catedrático acusado habría traspasado los límites de la legalidad en muchos ámbitos, incluido el académico.
La noticia de que la Oficina Española de Integridad en la Investigación (OEII) haya detectado más de un centenar de publicaciones que se amparaban en la aprobación de un comité de ética propio —no reglado ni reconocido por las normas institucionales— pone además sobre la mesa un debate urgente sobre la integridad en la investigación científica y académica española y la laxitud de los controles que aplica a sus investigadores.
En sus formas más elementales, la ciencia exige reglas claras sobre cómo se trata a las personas (especialmente cuando participan sujetos humanos), cómo se manejan los datos, y cómo se garantiza que nadie sale perjudicado por un estudio. Eso fue lo que llevó a crear comités de ética supervisados por universidades y centros oficiales, precisamente para ofrecer una garantía externa e independiente. El hecho de que un grupo de investigación haya desarrollado su propio comité, y que este haya aprobado decenas de publicaciones sin cumplir con estándares reconocidos, representa un grave conflicto de intereses y un quebrantamiento de la confianza pública y académica.
Y cuando la investigación se abre —como en este caso— a cuestionamientos sobre su validez ética, el resultado es una doble erosión: por un lado, algunos trabajos de CREA pueden descansar sobre bases metodológicas débiles o carentes de evaluación independiente; por otro, se genera una percepción de que la academia es un mundo cerrado donde las reglas pueden moldearse a conveniencia de quienes detentan poder o prestigio.
El presunto fraude académico es especialmente preocupante porque 16 personas que habían pertenecido al grupo de investigación CREA relatan prácticas laborales abusivas por parte del catedrático, sumadas a la presunta coerción sexual que se habría dado en algunos casos. El marco de publica o perece que impera en la universidad podría haber favorecido el abuso de poder en el seno de CREA, desobordando los límites de toda ética. Lo que ahora aparece, según denuncia la OEII, soslaya la credibilidad de las publicaciones de CREA en la que el catedrático basaba su poder.
También resulta inquietante que muchos de estos trabajos estén vinculados a proyectos financiados con más de 10 millones de euros de dinero público, financiaciones que parten, en última instancia, del bolsillo de la ciudadanía y que deberían estar respaldadas por los máximos estándares de rigor.
Los 104 artículos académicos que fueron publicados con la supuesta aprobación de un comité de ética irregular vinculado a la red CREA, están distribuidos entre numerosas universidades españolas y extranjeras. La Universitat de Barcelona encabeza la lista con 67 publicaciones , seguida de la Universitat Rovira i Virgili con 15, la Universidad del País Vasco con 5, y la Universitat Autònoma de Barcelona con 4. También figuran con varios artículos la Universitat de València, la Universidad de Deusto y la Universidad de Loyola, mientras que otras como la Universidad Nebrija, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Granada, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Autónoma de Chile subraya la amplitud del caso. Muchas de ellas han anunciado que retractarán los artículos comprometidos.
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