La ovodonación es una técnica de reproducción asistida en la que una mujer recibe óvulos donados por otra para intentar lograr un embarazo.
El proceso implica dos procedimientos distintos. Por un lado, la mujer donante debe someterse a un tratamiento hormonal para estimular los ovarios y provocar la maduración simultánea de varios ovocitos, que posteriormente se extraen mediante una punción ovárica bajo sedación. Y por otro, la paciente receptora se somete a un tratamiento hormonal para preparar el útero para la implantación del embrión. Los óvulos donados se fecundan en el laboratorio y, posteriormente, el embrión resultante se transfiere al útero de la receptora.
La médica Carme Valls explica a Efeminista que, en la práctica clínica, es una técnica habitual dentro de la reproducción asistida y suele prescribirse cuando los óvulos propios no permiten lograr un embarazo viable o cuando la reserva ovárica de la paciente es insuficiente.
Pero advierte de que el procedimiento no puede banalizarse ni presentarse como un paso equivalente a la donación de semen, una comparación frecuente que, a su juicio, resulta profundamente engañosa.
“Un donante varón se masturba, da el semen y se va a casa”, resume, y subraya que en el caso de las mujeres es necesaria una estimulación hormonal previa y una intervención invasiva para extraer los óvulos.
Ese tratamiento, explica, no está libre de riesgos. En los consentimientos informados suelen figurar posibles complicaciones como la hiperestimulación ovárica, los sangrados, las infecciones o los problemas derivados de la punción, pero Valls considera que la discusión pública sigue siendo insuficiente y que el gran vacío se sitúa en el seguimiento y en la información que se ofrece a las donantes.
El director médico de Next Fertility en España y Portugal, José María Rubio, asegura que se trata de una técnica “estrictamente regulada” por la ley y supervisada mediante el sistema SIRHA del Ministerio de Sanidad, que garantiza la trazabilidad de los gametos y el cumplimiento de los límites legales de donación.
Rubio defiende que en sus clínicas las donantes se someten a controles médicos y psicológicos “muy exhaustivos” y sostiene que la medicina reproductiva ha evolucionado hacia procesos hormonales “más suaves” y personalizados para reducir riesgos como el síndrome de hiperestimulación ovárica.
¿Altruismo o negocio?
Fue precisamente durante las inyecciones hormonales, las visitas médicas y la extracción bajo sedación, cuando María empezó a cuestionarse qué significaba realmente donar óvulos. “Yo me acuerdo de la cara de mis compañeras de piso cuando aparecía con las jeringuillas y les pedía ayuda para pincharme”, rememora.
La extracción, practicada bajo sedación, fue rápida y apenas conserva recuerdos del procedimiento, pero sí del momento posterior que, para ella, fue revelador.
“Cuando me desperté estaba completamente grogui y me dieron un sobre con el dinero; ahí me cambió toda la perspectiva“, afirma y denuncia que “no está bien” que te den un sobre con un cheque cuando todavía estás en la camilla, vulnerable y sin poder moverte. “Ahí sentí que había vendido una parte de mi cuerpo“, añade.
La legislación española establece que la donación de gametos debe ser voluntaria, anónima y no lucrativa, y que la compensación económica solo puede cubrir las molestias físicas, los desplazamientos y los perjuicios derivados del proceso. Sin embargo, en la práctica, la llamada “compensación resarcitoria” se sitúa entre los 800 y los 1.200 euros, según la información pública de distintas clínicas privadas, una pago que reabre el debate sobre si el término altruismo describe realmente esta práctica.
Al ser preguntada por Efeminista sobre esta cuestión, la ministra de Sanidad, Mónica García, admite que el sistema actual se ha alejado del modelo clásico de donación altruista que opera en otros ámbitos sanitarios, como el de órganos o sangre. “No garantiza ese carácter altruista“, asevera García.
“Claramente hay una mercantilización y un aprovechamiento de las condiciones sociales de las mujeres y de esa necesidad o esa aspiración reproductiva. Todo esto crea unas expectativas y genera un mercado que es altamente preocupante”, añade la médica anestesióloga y política.
Una ley de 2006 muy dispar a Europa
La titular de Sanidad considera que España necesita revisar una normativa que permanece prácticamente intacta desde 2006 y que, a juicio del Ministerio, ya no responde del todo a los dilemas éticos, sociales y sanitarios que plantea actualmente la reproducción asistida.
“Es verdad que necesitamos reformar la ley del año 2006 y que ya hay en una proposición de ley en el Congreso de los Diputados”, explica García. Y señala que el objetivo es “asegurar que estas prácticas mercantilistas no sean las que imperen en la norma”, además de reforzar las garantías y condiciones en las que las mujeres pueden donar y recibir óvulos.
La proposición de ley plantea, entre otras cuestiones, revisar la regulación sobre crioconservación de ovocitos y equiparar los derechos de las mujeres sobre sus óvulos congelados a los que ya existen en el caso del semen, ampliando su capacidad de decisión sobre el destino y conservación de ese material biológico.
Parte de ese debate está también atravesado por el nuevo Reglamento europeo SoHO (Sustancias de Origen Humano), aprobado en 2024, que endurece las exigencias de trazabilidad, supervisión y protección de donantes y receptoras en toda la Unión Europea.
El nuevo marco comunitario parte además de un principio explícito: que el cuerpo humano y sus partes “no deben convertirse en objeto de lucro”. El reglamento europeo también pone el foco en reforzar la vigilancia sobre los riesgos asociados a la extracción de óvulos y exige sistemas más homogéneos de control entre países, mientras que la legislación española actual deja gran parte de esos protocolos en manos de los propios centros y comunidades autónomas.
“Yo creo que tenemos que adecuarnos a la legislación europea. No todos los países tienen la misma legislación. Tenemos que revisar esa ley del año 2006 de reproducción asistida e introducir todos aquellos elementos que garanticen la transparencia donde haya que garantizarla y el anonimato donde haya que garantizarlo”, sostiene la ministra.
El después: dolor, quistes y ausencia de seguimiento
Tras la extracción, María comenzó a sufrir alteraciones menstruales y dolores cada vez más intensos. “Llegó un momento en que no podía levantarme de la cama, no podía ir a trabajar ni estudiar”, recuerda.
Meses después, una revisión médica le detectaron múltiples quistes foliculares en ambos ovarios y tuvo que someterse de nuevo a tratamiento hormonal. Cuando acudió a la clínica en la que le extrajeron los óvulos buscando explicaciones, asegura que le dijeron que ya había pasado demasiado tiempo desde la donación y que sus problemas no podían relacionarse necesariamente con el proceso porque ella había referido reglas irregulares previamente.
Una crítica que comparte la médica Carme Valls, quien advierte de que el sistema español carece de estudios y protocolos de seguimiento de las donantes a medio y largo plazo.
“Una vez han donado, nadie les pregunta qué consecuencias han tenido al año, a los dos años o a los diez años”, critica, y reclama estudios epidemiológicos sólidos que permitan evaluar el impacto del procedimiento en la salud de las donantes más allá del corto plazo.
Desde Next Fertility, José María Rubio asegura que el seguimiento clínico tras la punción para garantizar la recuperación de las donantes “se mantiene de forma activa hasta confirmar su recuperación biológica completa tras el siguiente ciclo menstrual”, tal y como prevé la ley.
Pero la crítica de Carme Valls va más allá de la ovodonación y la extiende a la manera en que la medicina ha estudiado históricamente el cuerpo femenino. “Persiste una gran ignorancia de la ciencia hacia la mujer“, sostiene, en referencia a la escasa atención que, a su juicio, siguen recibiendo cuestiones relacionadas con el ciclo menstrual, la salud hormonal o la fertilidad femenina.
El perfil de las donantes: jóvenes y precarias
Aunque en España no existen datos públicos detallados sobre el perfil socioeconómico de las donantes, especialistas y testimonios coinciden en un patrón recurrente: mujeres jóvenes -la ley permite donar entre los 18 y los 35 años-, en su mayoría estudiantes, que encuentran en la donación una forma rápida de obtener ingresos en contextos de precariedad.
“Nos falta mucha información sobre el perfil de las donantes, pero lo que se observa es que muchas lo hacen por dinero“, explica la socióloga Laia Forné, coeditora de El precio de la reproducción y codirectora del Área de Economía y Bienes Comunes del Instituto de Investigación Urbana IDRA.
“Son mujeres que tienen agencia y toman decisiones”, sostiene, pero matiza que esa capacidad de elección no puede desligarse de las condiciones materiales en las que se produce, atravesadas por desigualdades de clase, edad y precariedad.
La ministra de Sanidad, Mónica García, coincide en que ese es uno de los problemas que subyacen: “Los problemas reproductivos no se solucionan solamente en una clínica” y sostiene que detrás del auge de la ovodonación existe un contexto social marcado por la dificultad de acceso a la vivienda, la precariedad laboral y el retraso forzado de la maternidad.
“Se está aprovechando el mercado de la precariedad de las mujeres para poder ser donantes“, advierte. Y compara esa dinámica con otras formas de explotación reproductiva: “Lo hemos visto también con los vientres de alquiler, que es el aprovechamiento de la precariedad de las mujeres para hacer un mercado y un negocio”.
En España, la edad media en la que las mujeres tienen hijos ya supera los 32 años y el número de madres de más de 40 no deja de crecer, según datos del INE y el CSIC.
Según García, esa precariedad atraviesa tanto a las donantes como a las receptoras. “Afecta a las mujeres jóvenes donantes y también a las mujeres receptoras que no han podido acceder a la maternidad antes por el acceso a la vivienda, por sus condiciones económicas y sociales, y que se plantean la maternidad tarde y acaban recurriendo a óvulos donados”, señala.
“Hay un diagnóstico social y de precariedad sobre el que se sustenta el aprovechamiento de estas empresas”, insiste.
María encaja justo en ese perfil. Tenía 22 años, había perdido la beca y necesitaba dinero para seguir estudiando cuando decidió donar. “Mientras haya una compensación económica, no existe la sororidad y hay un sesgo de clase muy evidente“, afirma convencida de que el discurso altruista funciona como cobertura emocional de una transacción en la que el sesgo de clase resulta evidente.
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