La Guardia Civil lleva décadas afrontando investigaciones complejas. Pero pocas tan humanas como la que permitió rescatar a una madre y a su hijo con discapacidad de una pesadilla que llevaba años repitiéndose en silencio.
José Diego de Alba González y Vanesa Fernández Gómez, dos agentes de la Benemérita destinados en Policía Judicial, han sido reconocidos con el Premio Servicios Humanitarios 2025 por una operación que no solo detuvo a dos agresores, sino que devolvió la seguridad a una familia vulnerable.
La noticia del galardón llegó por correo interno y los dejó descolocados. “No nos lo esperábamos”, reconocen en declaraciones exclusivas para El Mundo. Para ellos, como para tantos miembros de la Guardia Civil, el trabajo no iba de premios, sino de lograr que una investigación terminara con alguien a salvo. Pero el reconocimiento sirvió para poner rostro a una actuación que rara vez sale de los juzgados y que, sin embargo, cambia vidas.
Un incendio que destapó una historia de terror
La operación de la Guardia Civil comenzó en verano de 2025 tras un incendio en una vivienda de Torres de la Alameda, en Madrid. Cuando los agentes acudieron al lugar no encontraron a la familia. Pero los daños y los antecedentes del domicilio despertaron sospechas. No era un hecho aislado. La Benemérita descubrió que desde 2008 se habían registrado incidentes muy similares en esa misma casa.
Lo que parecía un suceso puntual se reveló como un patrón. Ladrillos contra las ventanas, daños reiterados y una sensación de hostigamiento constante que había pasado desapercibida durante años. La Guardia Civil decidió entonces abrir una investigación formal para reconstruir qué estaba ocurriendo realmente tras esas paredes.
Encontrar a Carmen y a su hijo no fue inmediato. La Guardia Civil tardó casi tres semanas en dar con ellos. Durante ese tiempo, los ataques continuaron. Los cristales que habían resistido al incendio fueron destrozados a pedradas. La familia vivía en un estado de miedo permanente.
Cuando por fin hablaron con los agentes de la Guardia Civil, la madre explicó que nunca habían denunciado porque no sabían quién estaba detrás y temían represalias. Años de acoso habían normalizado el terror. Ese fue el punto de inflexión para la investigación.
El operativo oculto de la Guardia Civil
Con autorización judicial, la Guardia Civil instaló un sistema de captación de imágenes a unos 50 metros del domicilio. La idea era simple y arriesgada: documentar nuevos ataques sin alertar a los agresores. Las cámaras se colocaron el 4 de julio y solo tres días después se produjo una nueva agresión.
Las imágenes fueron demoledoras. La Guardia Civil registró cómo dos individuos arrancaban los cartones de las ventanas, lanzaban lejía sobre la madre y su hijo cuando abrían la puerta y arrojaban botellas de cristal contra la vivienda. Los partes médicos confirmaron lesiones oculares y heridas en la cabeza del menor.
La parte más complicada para la Guardia Civil no fue grabar los ataques, sino identificar a los responsables. Las imágenes mostraban rostros, pero no había nombres. Durante días, los agentes cruzaron datos, revisaron movimientos y trabajaron sobre el terreno hasta lograr encajar cada pieza.
La reiteración de la violencia y la valoración de riesgo llevaron a la Guardia Civil a acelerar la intervención. Temían que las fiestas locales aumentaran la exposición de la familia y que el siguiente ataque fuera irreparable.
El final del acoso
El 10 de julio, por la tarde, la Guardia Civil detuvo a dos jóvenes del municipio. Fueron acusados de lesiones, daños y delito de odio por aporofobia. El juez dictó una orden de alejamiento inmediata. Desde ese momento, los ataques cesaron.
Para Carmen y su hijo, la intervención de la Guardia Civil significó algo tan básico como volver a dormir sin miedo. Para los agentes, fue la confirmación de que incluso las investigaciones más discretas pueden marcar una diferencia radical.