La regularización extraordinaria comienza a tener sus efectos en el empleo. A casi tres meses de que se iniciara el proceso -comenzó el pasado 16 de abril- y tras haber recibido 1.174.978 solicitudes e iniciado a trámite 609.737 (por lo que estas personas ya pueden residir y trabajar de manera provisional en España), 159.097 personas ya están afiliados a la Seguridad Social. Dentro de este colectivo de trabajadores, hay uno para el que esta normativa supuso una oportunidad: las empleadas del hogar. Según los datos que presentó ayer el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del total de afiliados que han iniciado el proceso de la regularización, un 4% pertenece al Sector Especial del Hogar.
En concreto, son 6.393 las mujeres afiliadas a la Seguridad Social que pertenecen a las actividades de los hogares y que han logrado salir de la economía sumergida por el proceso de regularización. Además, 6.285 empleadas están bajo el Sistema Especial para Empleados de Hogar.
Afiliación por regímenes y sectores
Del total de 159.097 nuevos afiliados a la Seguridad Social, 132.750 pertenecen al Régimen General, 7.456 al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), 12.517 al Sistema Especial Agrario, 6.285 al Sistema Especial del Hogar, y 89 personas al Régimen del Mar.
Ayer, el ministerio de Seguridad Social también presentó los datos de afiliación correspondientes al mes de junio. De ellos se extrae que, en el último mes, las afiliadas al Sistema Especial del Hogar han crecido en 7.210, datos que pueden deberse en gran parte al procedimiento de regularización extraordinaria.
Crece la hostelería a las puertas del verano
Los datos presentados ayer por el ministerio que lidera Elma Saiz muestran una clara concentración de la actividad en un reducido número de sectores. La hostelería ocupa la primera posición con 38.776 afiliados registrados, lo que representa el 24,4% del total, situándose muy por encima del resto de actividades. A las puertas de la época estival, el proceso de regularización puede suponer un “tirón” para un sector que sufre la falta de mano de obra.
A continuación, destacan el comercio al por mayor y al por menor con 20.195 afiliados (el 12,7%), las actividades administrativas y servicios auxiliares con 19.327 trabajadores (12,1%) y la construcción con 18.310 afiliados (11,5%). Estos cuatro sectores concentran más de la mitad de los trabajadores regularizados que han logrado estar bajo el sistema de la Seguridad Social, lo que refleja el peso de los trabajadores foráneos dentro de estos sectores.
En un segundo nivel se encuentran la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 14.248 afiliados (9%), seguida del transporte y almacenamiento con 11.132 (7%) y la industria manufacturera con 9.620 (6%).
Por último, los sectores de otros servicios, con 6.608 afiliados (4,2%), actividades sanitarias y de servicios sociales, 6.404 trabajadores (4%) y actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, 6.393 empleadas (4%) presentan una participación más reducida.
En conjunto, los datos muestran un predominio de los trabajadores extranjeros en las actividades vinculadas a los servicios, especialmente la hostelería y el comercio, frente a otros sectores con menor representación.
Del total de afiliados, 102.649 ya cuentan con un empleo indefinido, de los que 56.554 trabajan a tiempo completo, 31.320 a tiempo parcial y 14.504 son fijos discontinuos. Por su parte, 30.101 se encuentran en situación de temporalidad, con 18.409 a tiempo completo y 11.202 a tiempo parcial.
Perfil de las personas que han solicitado la regularización
De los casi 1,2 millones de personas que han solicitado la regularización extraordinaria un 87%, 1.022.230 de personas se encuentra en edad de trabajar (entre 16 y 64 años). Unos datos que superan las expectativas de instituciones como la AIReF que, en la segunda evaluación sobre la reforma del sistema público de pensiones, calculaba que unas 762.646 personas en edad de trabajar (entre 18 y 64 años) podrían beneficiarse del proceso de regularización; y las de Funcas, que cifraba los beneficiarios en unos 800.000.
En esa misma evaluación, el organismo presidido por Inés Olóndriz analizó que un 17% de los foráneos no buscaría empleo, un 70% lo podría encontrar y un 11% se quedaría en paro.
Además, un 11,1% de los solicitantes tienen entre 0 y 15 años (unos 130.422) y apenas un 1,9% tiene más de 64 años (22.324 personas).