La economía española no atraviesa una situación de inflación desbocada como la que vivió en otros momentos de la crisis de precios. Pero eso no significa que la presión haya desaparecido para los hogares más vulnerables. En marzo de 2026, las empleadas domésticas vuelven a estar en el centro de esa tensión silenciosa que casi nunca ocupa titulares: salarios ajustados, contratos parciales, dependencia del precio del transporte y una cesta básica que sigue sin dar tregua. El problema no es solo cuánto suben los sueldos sobre el papel, sino cuánto duran realmente cuando el combustible, la alimentación o algunos suministros vuelven a apretar.
El Gobierno aprobó en febrero el nuevo salario mínimo interprofesional para 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. La cuantía quedó fijada en 1.221 euros brutos al mes o 17.094 euros brutos al año, y para las trabajadoras del hogar que prestan servicio por horas en régimen externo se estableció un mínimo de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.
Sobre el papel, la actualización supone una mejora y reconoce que el empleo doméstico no puede seguir descolgado de la evolución general de los salarios. Pero la realidad diaria de muchas empleadas domésticas demuestra que una subida nominal no siempre se traduce en una mejora clara del poder adquisitivo.
Un salario que sube, pero no despeja la precariedad
El primer problema está en la propia estructura del sector. Muchas empleadas domésticas no trabajan a jornada completa para un único empleador, sino que enlazan varias casas, varios trayectos y varios horarios. Eso significa que el coste del transporte pesa mucho más en su presupuesto que en otros trabajos con un centro fijo.
Y ahí es donde la situación se ha vuelto especialmente delicada en marzo: el encarecimiento del petróleo por la crisis en Oriente Próximo ha empujado al alza el precio de los carburantes en España, en un momento en que el Gobierno ya ha empezado incluso a mover reservas estratégicas para contener la escalada.
Aunque el IPC general de febrero se mantuvo en el 2,3 %, el dato esconde una realidad más áspera para los bolsillos modestos. La inflación subyacente subió al 2,7 %, los alimentos y bebidas no alcohólicas avanzaron un 3,2 % interanual y el grupo del transporte registró una subida mensual del 0,8 % impulsada, principalmente, por el aumento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.
Es decir, incluso con una inflación general moderada, los gastos que más pesan sobre las empleadas domésticas —comer, desplazarse y sostener una casa— siguen moviéndose por encima de lo que permitiría hablar de auténtico alivio.
La energía deja de ser un incendio, pero no desaparece del problema
Es verdad que la electricidad dio un respiro en febrero y ayudó a contener el índice general. El INE señala que el grupo de vivienda redujo su tasa anual hasta el 1,9 %, precisamente por la bajada de la electricidad respecto al mismo mes del año anterior. Pero ese alivio no basta para cerrar la herida. Primero, porque otros componentes del gasto siguen subiendo. Y segundo, porque marzo ha vuelto a introducir ruido en la energía: el precio del butano subió, y el mercado de carburantes vive una nueva fase de tensión por el contexto geopolítico.
Para muchas empleadas domésticas, esta combinación es especialmente dura. No solo son trabajadoras con salarios históricamente ajustados, sino que además forman parte de un sector donde el margen para negociar mejoras reales sigue siendo muy limitado. La subida del SMI protege un suelo, sí, pero no corrige por sí sola la fragilidad de quienes cobran por horas, dependen de varios empleadores o trabajan en domicilios alejados, con costes de desplazamiento que se comen una parte creciente del ingreso mensual.
Una estructura necesaria para los derechos laborales
Tampoco ayuda que el marco de cotización siga siendo exigente para familias empleadoras y trabajadoras. La Seguridad Social mantiene para el Sistema Especial de Empleados de Hogar un tipo por contingencias comunes del 28,30 %, repartido entre 23,60 % a cargo del empleador y 4,70 % a cargo del trabajador, al que se suma el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Es una estructura necesaria para consolidar derechos laborales, pero que en la práctica convive con un sector donde aún pesan mucho la economía informal, los ajustes de horas y los acuerdos al límite.
Al final, el golpe sobre las empleadas domésticas no se explica solo por una cifra concreta del IPC ni por una factura energética aislada. Se explica por una suma de tensiones pequeñas que acaban formando una carga grande.
El salario sube, pero también lo hace la compra. La luz se modera, pero repuntan los combustibles. El marco laboral mejora, pero sigue sin blindar del todo a un colectivo que trabaja en uno de los espacios más invisibles de la economía española, el hogar.
En marzo de 2026, esa sigue siendo la gran contradicción: las empleadas domésticas están algo mejor protegidas en la norma, pero todavía demasiado expuestas en la vida real.