El debate sobre el permiso parental vuelve a estar en el centro de la polémica. Un nuevo informe jurídico ha puesto de relieve que la normativa española no cumple con lo exigido por la Unión Europea y que, además, perjudica especialmente a las madres biológicas. Según la denuncia presentada ante el Ministerio de Igualdad, la transposición de la directiva comunitaria se ha realizado de forma parcial y ha supuesto la pérdida de una semana retribuida para las mujeres tras el nacimiento de sus hijos.
La organización sindical que ha promovido la denuncia asegura que el permiso parental español vulnera la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores. Esta norma debía haberse aplicado plenamente antes del 2 de agosto de 2022. Pero, según el sindicato, España sigue sin garantizar los mínimos establecidos.
Un permiso parental con menos semanas retribuidas que en Europa
El análisis jurídico sostiene que la directiva europea garantiza a las madres biológicas un total de 14 semanas de permiso de maternidad más 8 semanas adicionales de permiso parental retribuido, compartidas con el segundo progenitor. En conjunto, esto suma 22 semanas con algún tipo de compensación económica.
Sin embargo, la legislación española, tras las reformas aprobadas entre 2023 y 2025, solo contempla 19 semanas de permiso por nacimiento —de las cuales 2 pueden disfrutarse de forma flexible hasta que el menor cumpla los ocho años— y 2 semanas más por lactancia. Aunque estas últimas dependen en muchos casos del convenio colectivo.
El resultado, según la denuncia, es claro: el permiso parental en España deja a las madres biológicas con una semana menos de baja retribuida que la prevista por la directiva europea. Además de mantener diferencias en el acceso a las prestaciones.
El permiso parental no retribuido, la raíz del conflicto
El punto más polémico es que las 8 semanas de permiso parental que pueden solicitar los progenitores españoles no están remuneradas con carácter general. Solo algunos tribunales, en casos concretos, han reconocido la posibilidad de recibir una compensación económica durante ese tiempo. Eso ha generado desigualdad entre familias con distintos recursos o residencias en diferentes comunidades autónomas.
Para el sindicato denunciante, este vacío legal supone una discriminación directa hacia las madres biológicas, que son las principales afectadas por la falta de retribución. “El hecho de que el permiso parental no sea remunerado desincentiva su uso entre las familias con menos recursos. Solo aquellas con una situación económica solvente pueden permitirse disfrutar de él”, subrayan en el documento.
Una cuestión de igualdad y de protección al menor
El permiso parental, tal y como está diseñado en España, no solo incumpliría la normativa europea, sino que también afectaría al principio de igualdad y al interés superior del menor. La directiva europea establece que todos los niños menores de ocho años deben beneficiarse de políticas de conciliación familiar que garanticen la presencia y los cuidados de sus progenitores, independientemente de su situación económica.
Desde el punto de vista legal, los expertos coinciden en que España podría enfrentarse a un procedimiento sancionador de la Unión Europea si no adapta su legislación a los estándares exigidos por la directiva.
Reclaman una ampliación y retribución del permiso parental
Ante este escenario, el sindicato ha solicitado al Gobierno que modifique el permiso parental para cumplir con la legislación europea. Entre sus propuestas figura la ampliación en una semana retribuida del permiso actual y la retribución efectiva de las ocho semanas completas para todos los progenitores, adoptantes, acogedores y guardadores.
También se pide que la medida tenga carácter retroactivo. De modo que puedan beneficiarse las familias cuyos hijos tengan menos de ocho años en el momento de la reforma.
Además, el sindicato advierte del riesgo de utilizar la llamada “cláusula pasarela” del artículo 20.6 de la directiva —que permite a los Estados miembros establecer excepciones bajo determinadas condiciones— como una vía para reducir derechos. “No puede usarse esa cláusula para justificar la desprotección de las madres biológicas o limitar la retribución de los permisos”, señalan en el comunicado.