La exaltación en las calles por la defensa de los palestinos y la llamada al boicot a Israel, alentado por el Gobierno y los partidos de extrema izquierda, tiene cara B: l adoctrinamiento en las aulas, el señalamiento a los judíos -más aún si se es de origen israelí-, y el consiguiente silencio, o “perfil bajo”, como les aconsejan agentes de seguridad, de los damnificados.
Es el caso de Marta (nombre ficticio), profesora y judía española. Al igual que su marido y sus hijos Ana (designación figurada, 16 años) y Luis (también fingida, 14 años), que nacieron en Israel. Ambos han ido al colegio Montserrat de Madrid, hasta que Ana ingresó en el Instituto San Isidro este año.
Esta familia representa lo que sufren estudiantes españoles en nuestro país, y que comparten un único pecado: ser judíos. Llevan en España 25 años. No niega que vivían afrentas puntuales. “Cada vez que Israel hacía algo se liaba un poquito”, asegura. “Pero lo que estamos viviendo ahora mismo no lo hemos visto en la vida“. Va a cumplir 52 años. “Jamás había presenciado lo que estoy presenciando”.
Antes de que Israel respondiera al 7 de octubre ya vaticinaban que la situación se revertiría contra ellos. “Desde el momento en que escuchamos a miembros del Gobierno en medios de comunicación justificándolo”, afirma. “Desde el momento en que a la semana de la respuesta de Israel se empezó a usar en ciertos medios la palabra ‘genocidio'”.
Politización en los centros.
Esta familia vive situaciones como que se convoque en los centros donde estudian sus hijos huelgas por el conflicto en Gaza. Este viernes, por ejemplo. Cuatro horas lectivas perdidas. Marta, como toda madre, sufre por sus hijos. “Mis hijos se quedan en casa. ¿Los van a señalar?”
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido que se retire la simbología relacionada con el apoyo a Gaza, pero la solución ha sido sustituir banderas palestinas por sandías. O argumentar que son las AMPA -Asociaciones de Madres y Padres Alumnos- las responsables de colgar carteles que defienden la ideología de Hamás bajo soflamas pacifistas, eximiendo de esta manera la responsabilidad al centro. “Desde el río hasta el mar Palestina será libre”, pintan. Es decir, suscriben el lema que busca el exterminio del pueblo judío.
Para evitar que se genere controversia en los centros, algunos cuelgan los carteles en las vallas que dan a la calle, lo que a efectos prácticos tiene el mismo impacto, ya que los alumnos pasan por delante de las mismas.
Ocultación de sus orígenes por miedo
Ana es la única judía en el centro de San Isidro, que ellos sepan. Y en el de Luis, hay otros tres alumnos. Los padres están en contacto. Marta afirma que su hijo aún no es muy consciente de la situación, dado que “los adolescentes de esa edad están a otra cosa”. El caso de Ana es distinto. En Montserrat sus amigos la conocen de siempre, pero a San Isidro ha llegado este año. Sola. “Calla y se mete dentro del rebaño. Pero no se siente protegida”, cuenta Marta. Y llega la violencia del silencio. De la impotencia.
Ana tiene miedo. Miedo de que en una salida, en una fiesta, se sepa. ¿Se sepa qué? ¿Que ha hecho algo malo? Que se sepa que es judía. Un sentimiento parecido al que debieron sentir los hebreos cuando todo empezó en la Alemania de 1933. Ella, que además es progresista. Marta y su marido lo son, y de izquierdas. O lo eran.
Son momentos. Como ir a la fiestas del LGTBI y volver llorando porque han sacado una bandera palestina mientras gritan “¡Abajo Israel!”.
La reacción de los centros
Por su parte, desde el colegio Montserrat responden a este medio en conversación mediante correo electrónico: “En nuestros centros se abordan muy diversas cuestiones. El histórico de noticias está recogido tanto en las webs como en las memorias. La Educación para la Paz, la defensa de los Derechos Humanos y de la Infancia son temas habituales en el día a día de nuestros centros escolares.” ¿No creen que esto es adoctrinar? Se pregunta. “No. El Proyecto Educativo de FUHEM promueve la formación integral de personas críticas, autónomas y comprometidas con el entorno complejo en el que el alumnado se desenvuelve y la educación en valores universales”, argumentan. Es decir: “concienciando sobre realidades internacionales que atentan contra la dignidad humana, apelando al respeto a la vida, la condena de la violencia y la defensa de la infancia”.
Y aseveran que su planteamiento no puede ser considerado “adoctrinamiento político”, puesto que, afirman “no implica la promoción de una ideología partidista con intención de condicionar la libertad de pensamiento del alumnado, sino que fomenta principios compartidos y reconocidos tanto en la normativa española como en organismos internacionales.”
Por su parte, Marta discrepa. “¿Esto no es señalar?”, se pregunta. “¿Por qué no les preocupan los cristianos en Nigeria? ¿Y la guerra en Sudán? ¿Y en Yemen que van 300.000 muertos? Hay claramente un sesgo político”, argumenta.
El aislamiento social
Marta tenía incluso amigos dentro de los partidos de Podemos y de Sumar. Nombres de políticos conocidos, que prefiere permanezcan en el anonimato. “Me ha dejado de hablar todo el mundo”, lamenta. “Pero unos te dicen que están muy ocupados, y otros que no te hablan directamente por este tema”. Por ser israelíes. El marido de Marta vivía un kibbutz. En la zona de viviendas pegadas a la verja, porque se da la triste paradoja de que los que creían que podían vivir en paz fueron los más masacrados. Los que daban trabajo a gazatíes que, después, le pasaban la información a Hamás para preparar la masacre salvaje del 7 de octubre. “Nos hemos sentido mejor en Israel que aquí. Si me llaman de allí me tengo que meter dentro de casa para que no me escuchen hablar hebreo”, afirma.
Discriminación
La discriminación por el simple hecho de haber nacido en un lugar objeto de las descargas de odio no tiene límite. “Después del 7 de octubre tuvimos una comida con padres del colegio”, cuenta Marta. “Y una madre se negó a sentarse a mi lado, me dijo que no podía estar junto a una sionista”.
El rechazo de los alumnos
Y no es sólo cuestión de los padres. Los propios alumnos se pueden permitir decidir quién es su profesor. “Una alumna, que llevaba conmigo años en clase, un día me dijo que no iba a volver porque no podía estar en el mismo sitio que yo”, asegura Marta. “En otra ocasión, un alumno que estaba dando a Julio César y no paraba de comparármelo con Israel, lo eché de clase y la directora me respaldó”.
Lo que dice la ley
En el debate sobre la actuación de algunas AMPA con gestos pro palestinos en centros educativos, los juristas recuerdan que la neutralidad no equivale a silencio. El artículo 27 de la Constitución ampara el trabajo pedagógico en el aula en torno a derechos humanos, paz y empatía, siempre que se haga en un marco educativo y guiado, sin imposiciones. La línea roja aparece cuando un centro adopta una simbología institucional alineada con un conflicto político internacional: ahí entran en juego la exigencia de neutralidad de la Administración (art. 103 CE, LO 8/1985 art. 18) y la doctrina sobre símbolos en edificios públicos consolidada por el Tribunal Supremo en 2020. Además, la LOPIVI obliga a priorizar el interés superior del menor, evitando que se genere presión, hostilidad o discriminación por razones ideológicas u origen, lo que exige a los centros activar protocolos de protección y garantizar un entorno seguro y respetuoso para todo el alumnado.
Las universidades, demandadas
Asociaciones judías, como ACOM, han emprendido acciones legales contra universidades españolas por “boicotear” culturalmente a Israel. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha anulado el acuerdo de la Universidad de Valencia (UV) de “Compromiso con Palestina”, en el que se comprometía a no firmar acuerdos ni promover la actividad científica con universidades israelíes, por considerarlo “discriminatorio”.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el acuerdo de la Universidad de Granada (UGR) por el que suspendió sus colaboraciones académicas y científicas con instituciones israelíes al considerar que es “discriminatorio” e incluye medidas que “vulneran los derechos fundamentales”.