FedEx se ha convertido en la primera gran compañía estadounidense en reclamar la devolución de los aranceles de Donald Trump. Una decisión que coloca en la diana mediática a una mujer, su vicepresidenta Gina F. Adams, una de las ejecutivas más influyentes de la multinacional de mensajería y logística.
FedEx ha presentado su demanda ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, y ha solicitado el reembolso total de los aranceles que ha pagado bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Es la pionera en realizar un movimiento de estas características después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegal la vía utilizada por la Administración Trump para imponer esos gravámenes sin aval del Congreso.
Gina F. Adams es vicepresidenta ejecutiva, consejera general y secretaria del grupo y forma parte del núcleo real de poder de FedEx. Desde ese puesto controla los asuntos legales, regulatorios, de seguridad y relaciones gubernamentales de una compañía con presencia en más de 220 países.
Que FedEx haya dado el paso ahora no es casual: el fallo del Supremo ha abierto una ventana legal que puede traducirse en miles de millones de dólares en devoluciones para el sector privado. Según un informe de la propia compañía, el impacto podría ser de 1.000 millones de dólares este 2026.
La sentencia del viernes supuso un revés histórico a una de las principales políticas comerciales de Trump. Seis de los nueve magistrados concluyeron que la ley de emergencia de 1977 no habilita al presidente a imponer aranceles a socios comerciales bajo el argumento del déficit o la crisis del fentanilo, como sostuvo la Casa Blanca.
El tribunal determinó que la administración eludió el control del Congreso, vulnerando el equilibrio constitucional de poderes. Para FedEx —y para su equipo legal— el fallo no solo invalida los aranceles, sino que legitima la reclamación retroactiva de los pagos realizados mientras la norma estuvo vigente. Y podrían pedir además intereses de demora.
En su demanda, los abogados de la compañía sostienen que FedEx importó productos sujetos a las tarifas y pagó los aranceles y que sufrió perjuicios económicos directos derivados de órdenes que ahora han sido declaradas ilegales. Y es un movimiento que marca un punto de inflexión. Otras empresas han acudido a los tribunales antes del fallo del Supremo, como la cadena de hipermercados Costco, pero ninguna gran empresa había dado el paso después de la sentencia, con el objetivo explícito de recuperar el dinero.
Costco presentó una demanda en diciembre; también cientos de pymes se agruparon en la plataforma We Pay the Tariffs (nosotros pagamos las tarifas) e incluso una juguetera de Illinois y una importadora de alcohol de Nueva York llevaron el caso hasta el Supremo. Pero la acción de FedEx abre la puerta a una cascada de reclamaciones de grandes grupos empresariales después de este fallo.
8.600 millones de dólares
E incluso los Estados se preparan para pasar factura. Porque los aranceles de Trump han repercutido en las empresas importadoras estadounidenses y, en último término, en los propios consumidores norteamericanos. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ya ha reclamado 8.600 millones de dólares para los hogares de su estado, argumentando que los “impuestos arancelarios causaron estragos” en agricultores, empresas y consumidores. Pide la devolución de unos 1.800 dólares por familia.
En un sector históricamente dominado por hombres, la figura de Gina F. Adams muestra otro tipo de liderazgo. No es CEO pero maneja una porción de poder decisiva en un momento donde las grandes compañías estadounidenses se están revelando en contra de las actuaciones comerciales de Trump.