La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), donde el choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo ha dejado al menos 69 fallecidos, ha situado al Ministerio de Transportes ante una grave crisis. Mientras prosiguen las labores de identificación de las víctimas y las investigaciones para determinar qué falló, Óscar Puente afronta las exigencias de explicaciones políticas y técnicas sobre el accidente. El ministro comparecerá en el Congreso el próximo 3 de noviembre.
En este contexto vuelve a la hemeroteca una polémica de abril de 2024 que nada tiene que ver con las causas del siniestro, pero sí con el uso de recursos del departamento: los contratos de seguimiento de medios por 62.085,10 euros y la decisión de Óscar Puente de pedir a su equipo un dosier con los insultos que recibía en artículos de opinión.
El dosier que Óscar Puente hizo público en 2024
Todo salió a la luz el 1 de abril de 2024. Durante una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, Óscar Puente reconoció que había encomendado a su equipo recopilar las columnas periodísticas en las que aparecían descalificaciones personales contra él. El periodista cuestionó la utilidad pública de dedicar personal del gabinete ministerial a ese cometido.
Aquella misma jornada, el ministro publicó un resumen del trabajo en su cuenta de X. El documento examinaba el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2023 y el 27 de marzo de 2024. Según sus cifras, se habían localizado al menos 100 artículos de opinión en más de 33 periódicos nacionales y regionales: 65 de prensa impresa y 35 de medios digitales.
La recopilación, de tres páginas, reunía calificativos como «dictadorzuelo», «macarra», «matón político», «tabernario» o «bocazas». El ministro aseguró que el material revisado sumaba 195 folios. Entre las cabeceras con más referencias figuraban El Mundo, ABC y La Gaceta de Salamanca. No se trataba de investigar los motes que le atribuían usuarios anónimos en redes sociales: las expresiones procedían de textos periodísticos publicados.
Los dos contratos de seguimiento: 62.085,10 euros
La información sobre el gasto fue publicada entonces por OKDIARIO, que identificó dos contratos del Ministerio de Transportes relacionados con la monitorización informativa. Uno, por 17.859,60 euros, había sido adjudicado a Hallon Intelligence en febrero de 2024 para seguir noticias audiovisuales que afectasen al departamento y enviar alertas al gabinete de comunicación.
El segundo, por 44.225,50 euros, correspondía a la prórroga de un servicio de seguimiento de noticias y archivo informativo con Reputational Intelligence Spain. Según aquella documentación, 31.218 euros correspondían a 2024 y 13.007,50 a los primeros meses de 2025. La contratación original se remontaba a una etapa anterior a la llegada de Óscar Puente al Ministerio.
La suma asciende a 62.085,10 euros, pero hay una distinción esencial: estos contratos cubrían servicios generales de seguimiento de medios. No existe constancia de que todo ese importe se destinara a confeccionar el listado de insultos, ni de una factura independiente por el dosier. Uno de los contratos se refería, además, a contenidos audiovisuales, ausentes de la recopilación difundida.
La discusión sobre la utilidad del trabajo
En la entrevista, Alsina preguntó qué beneficio obtenían los ciudadanos de aquel recuento. Óscar Puente defendió su interés y respondió que para él sí tenía utilidad. Más tarde justificó que los recortes formaban parte del dosier de prensa que su equipo elaboraba habitualmente y que bastaba con separar las expresiones ofensivas.
La controversia tuvo una segunda derivada en mayo de 2024. Moncloa solicitó el documento completo y su coste a través del Portal de Transparencia. Transportes rechazó entregar el informe íntegro por considerarlo material auxiliar o de apoyo. Sobre el gasto específico, contestó: «Estas notas no tienen un coste asociado al ser realizadas por la plantilla del gabinete o unidad de apoyo».
La respuesta descartaba un desembolso específico identificado para esas notas, pero confirmaba que las había elaborado personal de la Administración. El debate, por tanto, se centraba en las tareas encomendadas al gabinete y en su interés público, no en un coste acreditado de 62.085 euros por contar insultos.