Las bajas laborales se han convertido en un desafío estructural del mercado de trabajo. Para Elma Saiz son una ‘patata caliente’ que ensombrece la “transformación” del mercado laboral, que destaca el Gobierno, con Pedro Sánchez, a la cabeza.
Un problema que cada año se acentúa con un mayor número de procesos, cada vez más largos, al que ahora se suma el conflicto de los médicos inspectores de la Seguridad Social. En algunas provincias, el retraso en la gestión provoca que los pacientes sean valorados por primera vez casi dos años después (700 días) de la Incapacidad Temporal (IT), según denuncia el Sindicato de Médicos Inspectores de la Seguridad Social (Simediss).
Crecimiento del 60% frente a 2018
En 2025, se registraron más de 6,3 millones de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, lo que supone un incremento del 7,56% respecto al año anterior y del 58,34% en comparación con 2018. A su vez, las bajas laborales son cada vez más largas: la duración media se situó en 44,14 días , con un aumento del 4,13% sobre 2024. En algunos sectores, como la distribución alimentaria, esta cifra se eleva hasta los 47,85 días.
Y todo ello tiene un impacto directo en el presupuesto de la Seguridad Social. El gasto total asociado a la incapacidad temporal -que incluye tanto las prestaciones abonadas por la Seguridad Social como los costes directos para las empresas- alcanzó los 20.508 millones en 2025, un 13,41% más que en 2024 y más del doble que en 2018. Así se desprende del informe Análisis sobre las Bajas Laborales por Contingencias Comunes en el Sector de la Distribución Alimentaria, elaborado por la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).
En el sector de los supermercados, el coste de las bajas laborales ascendió a 1.180 millones. Como ha advertido el director general de la patronal de Mercadona, Lidl y Dia, este es un problema “grave”, que se ha convertido en un “fenómeno anormal”, según informa Europa Press.
El Gobierno ve margen de mejora
En este contexto, el propio Gobierno reconoce que hay margen de mejora. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha reconocido que “hay margen de mejora en la gestión de las bajas laborales“. A su vez, ha achacado parte del problema a la “saturación asistencial de los servicios públicos de salud”. Desde el Departamento de Elma Saiz, se vincula dicha saturación al “crecimiento de la población” y su “envejecimiento”, así como a las “políticas ‘austericidas’ de la pasada década, que están pasando factura ahora”.
Suárez ha calificado de “muy compleja” la estructura institucional encargada de gestionar la prestación de incapacidad laboral temporal. A su vez, ha defendido que, en bajas por patologías traumatológicas, las comunidades autónomas podrían “hacer un mejor aprovechamiento de los medios asistenciales que tienen las mutuas”.
📜El Gobierno pone en marcha el Observatorio de la Incapacidad Temporal para estudiar cómo mejorar la salud y la recuperación de los trabajadores
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— Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) February 9, 2026
De momento, la respuesta del Ejecutivo pasa por reforzar el análisis del fenómeno. Así, ha lanzado un Observatorio de la Incapacidad Temporal, con el objetivo de identificar las causas del aumento de las bajas y mejorar la coordinación entre actores.
Problemas identificados
El propio informe de Asedas sobre absentismo identifica factores estructurales como la falta de médicos en atención primaria, la escasez de inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el aumento de las listas de espera en la sanidad pública. A ello se suma la carga burocrática asociada a la gestión de las bajas, que ralentiza los procedimientos y dificulta su seguimiento. Estas limitaciones tienen consecuencias directas: retrasan las revisiones médicas, prolongan algunos procesos y elevan el coste global.
A este escenario se añade -según el estudio- un problema de diseño. En las bajas por contingencias comunes, las mutuas asumen el coste económico, pero no tienen capacidad para intervenir en la recuperación del trabajador ni para emitir el alta médica, que corresponde a los servicios públicos de salud. Esta separación genera ineficiencias. De hecho, en patologías traumatológicas, la duración media de las bajas por contingencias comunes puede superar en hasta 37 días a la de aquellas derivadas de contingencias profesionales, donde sí intervienen las mutuas.
Protesta de los médicos inspectores
En este contexto, los médicos inspectores de la Seguridad Social han intensificado sus protestas. Denuncian el incumplimiento del acuerdo firmado en julio de 2024 con el secretario de Estado de Seguridad Social. El colectivo advierte de la falta de voluntad de la Administración para aplicar las medidas pactadas y critica la ausencia de avances en la negociación. Como medida de presión, mantienen movilizaciones mensuales.
Los inspectores alertan de un deterioro progresivo en la gestión de las bajas. Denuncian retrasos crecientes en la evaluación de los casos -con primeras valoraciones que, en algunos territorios, se producen cerca de los 700 días de baja-, déficit de plantilla y desigualdades organizativas entre provincias. Aseguran que esta situación impide un control efectivo del sistema, prolonga el pago de prestaciones sin supervisión médica y genera tanto un mayor gasto público como una pérdida de garantías para los pacientes.
A la espera de las conclusiones del nuevo Observatorio y posibles opciones de mejora, la gestión de las bajas laborales por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social está en el punto de mira.