A falta de conocer con exactitud qué provocó el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), la investigación empieza a estrechar el foco sobre un elemento clave: la vía. En concreto, sobre los contratos públicos de Adif vinculados a la renovación de los desvíos ferroviarios en el tramo donde se produjo el siniestro. Una zona que los técnicos ya consideran el epicentro de la tragedia.
Según ha revelado THE OBJECTIVE, los carriles del desvío existente en ese punto —la llamada zona cero— fueron renovados en 2023 por encargo de Adif, a través de una unión temporal de empresas (UTE) en la que figuran compañías bajo investigación en el denominado caso Koldo. Una circunstancia que ha colocado esos contratos públicos de Adif bajo una atención especial por parte de los investigadores.
Los contratos públicos de Adif bajo la lupa
La inquietud se centra en dos expedientes concretos correspondientes al “proyecto de renovación de desvíos en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla”. Se trata de dos fases de obra, con importes de 21 y 26,8 millones de euros respectivamente, que se elevan hasta cerca de los 100 millones si se suman los suministros asociados.
Estos contratos públicos de Adif afectan directamente a los aparatos de desvío, piezas técnicas fundamentales que permiten el cambio de una vía a otra y que, según las primeras hipótesis, podrían haber tenido relación con el descarrilamiento.
La primera fase fue licitada en marzo de 2021, cuando José Luis Ábalos aún era ministro de Transportes, y adjudicada meses después. La segunda fase se licitó en junio de 2023 y afectaba de forma directa al tramo cordobés donde ocurrió el accidente.
En ambos casos, las obras fueron adjudicadas a UTEs en las que participaban empresas investigadas por la Guardia Civil, dentro de una causa que analiza presuntos amaños de concursos de obra pública. Los investigadores tratan de determinar si, en algunos de estos contratos públicos de Adif, se emplearon materiales de menor coste para aumentar márgenes de beneficio.
El papel del control y la dirección de obra
Fuentes del sector ferroviario recuerdan que Adif no solo adjudica los contratos públicos, sino que también ejerce la dirección de obra y autoriza los pagos. “Es quien valida materiales, suministros y certificaciones”, explican a The Objective. De ahí que cualquier desviación en calidades requeriría, presuntamente, la complicidad o al menos la supervisión deficiente de responsables técnicos.
Las obras ferroviarias, subrayan estas fuentes, exigen una precisión extrema en el tratamiento del metal. “La dureza del carril debe ser exacta. Un templado incorrecto puede abaratar costes, pero también provocar defectos graves”, advierten.
El siniestro se produjo en un punto donde se habían renovado dos desvíos concretos, identificados como A644 y A645, separados por apenas 300 metros. Esos dispositivos fueron sustituidos en la segunda fase de los contratos públicos de Adif, con aparatos modelo UIC 60, diseñados específicamente para el AVE.
Cada uno de estos desvíos ocupa más de 130 metros de vía, justo en el tramo donde las llantas del tren de Iryo se salieron del carril antes del choque con un convoy de Renfe. El propio Óscar Puente señaló estos puntos en una comparecencia pública como elementos clave a analizar.
El aviso previo del Tribunal de Cuentas
Al debate sobre los contratos públicos de Adif se suma ahora un informe reciente del Tribunal de Cuentas, aprobado en diciembre de 2025. El documento no vincula sus conclusiones con el accidente de Adamuz, pero sí alerta de fallos de control, problemas de trazabilidad y debilidades en la motivación de puntuaciones en procedimientos de contratación de Adif y Adif Alta Velocidad.
El informe advierte de que la falta de documentación suficiente dificulta auditar decisiones de gasto y adjudicación. Y señala deficiencias que incrementan la incertidumbre sobre la correcta ejecución de los contratos.
Mientras la investigación técnica del accidente avanza por su propio cauce, el foco sobre los contratos públicos de Adif abre un debate más amplio: cómo se adjudican, supervisan y controlan las obras que sostienen la red ferroviaria. No se trata solo de encontrar la causa de una tragedia concreta, sino de revisar un sistema de contratación que maneja miles de millones de euros y cuya solidez es clave para la confianza en la infraestructura.