El informe técnico de Red Eléctrica (REE) exime de responsabilidad a la compañía en el apagón: fue el “incumplimiento” de los operadores -las eléctricas- encargados de prestar el servicio de control, el principal factor que llevó a la caída a cero del sistema. Así, la empresa concluye que actuó correctamente en la programación para el control dinámico de tensión y que fue la no prestación efectiva de ese servicio la causa del apagón.
El resultado de la investigación llevada a cabo por REE refuerza la gestión de Beatriz Corredor, su presidenta, frente al consejo de administración y sus accionistas, a las puertas de la Junta General. Durante una rueda de prensa de dos horas, a preguntas de los medios, la presidenta descartó dimitir, aunque por primera vez afirmó públicamente que el cargo de presidente de una compañía cotizada depende tanto del consejo como de la junta general. En el caso particular de Red Eléctrica, el primer accionista es el Estado que a través de SEPI controla el 20% del capital.
“El Estado tiene una posición relevante en el consejo de administración, a cuya disposición está siempre el cargo de presidente, el secretario y el resto de consejeros. Y así ha sido; sigue siendo y seguirá”, afirmó Corredor, que recordó su “acreditada” vocación de servicio público al frente de la compañía.
Reuniones clave
La realidad es que el informe técnico de Red Eléctrica, presentado antes de que concluyera el plazo de 60 días tras el incidente, facilitará a Corredor la defensa de la actuación del operador ante los accionistas. La Junta General de Redeia se celebrará el próximo 30 de junio, por primera vez totalmente telemática. Y aunque el apagón no forma parte del orden del día -se revisa la gestión del año anterior-, ahora la cúpula de la compañía tendrá el respaldo técnico de su informe -que le es favorable- para afrontar la reunión. Previamente a la asamblea, se celebrará un consejo de administración en que previsiblemente también se abordará la actuación del operador.
Especialmente cuando su conclusión contradice el informe presentado un día antes por el Gobierno, que repartió las responsabilidades: señaló a Red Eléctrica, aunque también culpó a las eléctricas. Según explicó la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, el informe del Ejecutivo constata una mala previsión por parte del operador ante una eventual subida de tensión, así como la falta de respuesta por parte de las centrales de generación de las eléctricas.
Respuesta del sector
Si la atribución compartida de responsabilidades que planteaba el Ejecutivo provocó una dura reacción por parte de las eléctricas, el informe de REE elevó aún más tensión en el sector. La patronal Aelec, a la que pertenecen Endesa, Iberdrola y EDP España, criticó que Red Eléctrica “no asuma sus responsabilidades técnicas”: “De haberse dispuesto los recursos síncronos necesarios para afrontar fallos de generación y controlar las tensiones, como ocurre habitualmente en un sistema eléctrico bien gestionado, no se habría producido el colapso del sistema”.
Iberdrola acusó a Red Eléctrica de una “gestión temeraria y negligente”, según informó Europa Press. Para Iberdrola España, el análisis de REE arroja una conclusión “preocupante”: “una vez iniciada la reacción en cadena, las protecciones habituales del sistema eléctrico no pudieron detener ni contener este proceso. Algunas de estas protecciones pudieron incluso contribuir al fenómeno de sobretensión contribuyendo al alza de las tensiones”.
La responsabilidad, en los tribunales
La presidenta de REE, al igual que el Gobierno, aclaró que su informe es exclusivamente técnico y que corresponde a los organismos competentes determinar las responsabilidades. “No podemos repartir responsabilidades, ni a nosotros mismos ni a nadie más, porque no nos corresponde. Nosotros hemos hecho un análisis técnico, que exponemos con total transparencia”, señaló Corredor.
“No es nuestra competencia la depuración de responsabilidades. Lo está investigando la CNMC, el Entso-e y la Justicia”, recalcó la directiva. Así, la determinación de responsabilidades administrativas corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que preside Cani Fernández; mientras que las reclamaciones de terceros o particulares se verán en los tribunales de justicia y “si en su caso las hubiera, se afrontarán cuando lleguen”.
En este sentido, el operador es optimista. Su consejero delegado, Roberto García, afirmó que REE no tendrá que asumir ninguna cobertura o indemnización, ya que en todo momento ha cumplido con la normativa. Se vislumbra así una compleja judicialización del apagón, que probablemente tardará en resolverse.
Qué falló, según REE
Según REE, el apagón se desencadenó a las 12:03 horas con una fuerte caída de tensión en la interconexión entre España y Francia, a raíz de una oscilación forzada. Aunque los protocolos automáticos del operador consiguieron corregir momentáneamente la situación, poco después se detectaron anomalías en una planta fotovoltaica de Badajoz —cuya identidad no ha sido revelada por confidencialidad—, donde se registró un comportamiento oscilatorio anómalo. REE ha pedido explicaciones al operador de esta instalación.
A las 12:20 comenzaron nuevas oscilaciones, se redujo el intercambio eléctrico con Francia y Portugal, la demanda creció de forma anómala y simultáneamente se empezó a perder capacidad de generación.
El punto de inflexión llegó a las 12:33 con la desconexión no justificada de una subestación en Granada, que implicó la pérdida de 355 MW. A esto se sumó la caída de otra planta renovable en Badajoz y la desconexión en cascada de otros puntos. En solo 27 segundos, el sistema colapsó por completo tras la desconexión de nucleares y ciclos combinados. REE sostiene que sus mecanismos actuaron de forma automática, pero que los sistemas de control de tensión fallaron en diversas instalaciones generadoras, imposibilitando estabilizar la red.