La alcaldesa de València, María José Catalá, ha salido al paso de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción y ha defendido que la actuación del Ayuntamiento en la recolocación de personal tras la disolución del Consorcio València 2007 se ajustó plenamente a la legalidad.
En declaraciones a los medios, Catalá ha restado relevancia a la apertura de diligencias y ha asegurado que se trata de un “trámite habitual” que la Fiscalía realiza automáticamente tras recibir una denuncia.
“El proceso ha sido totalmente transparente“, ha insistido la regidora, quien ha subrayado que el caso se limita a un único trabajador que accedió a un puesto en la Fundación Visit València a través de un procedimiento de concurso-oposición.
“Una denuncia sin recorrido”
Catalá ha enmarcado la denuncia en la estrategia política de Compromís y ha recordado que la propia formación defendió en su momento la recolocación de los trabajadores del consorcio.
“El mismo denunciante pedía en su día que se reasignara a estos empleados“, ha afirmado, en referencia a una moción presentada en el pleno municipal que, según ha explicado, planteaba la integración de los trabajadores en la administración.
La alcaldesa ha señalado que aquella propuesta fue rechazada tras un informe de la Secretaría municipal que desaconsejaba la subrogación, al no tratarse de personal dependiente directamente del Ayuntamiento.
Documentación a disposición de la Fiscalía
El equipo de gobierno ha anunciado que pondrá a disposición de la Fiscalía toda la documentación relativa al proceso, incluyendo los expedientes administrativos y las decisiones adoptadas tras la liquidación del consorcio.
Catalá ha defendido que los procedimientos se desarrollaron con “rigor y garantías” y ha confiado en que la investigación permita esclarecer los hechos.
Un nuevo frente político
La respuesta de la alcaldesa llega después de que Compromís denunciara posibles irregularidades en la adjudicación de puestos tras la desaparición del Consorcio València 2007, una denuncia que ahora investiga Anticorrupción.
El caso abre así un nuevo choque político en el Ayuntamiento de València, con el gobierno municipal defendiendo la legalidad de su actuación y la oposición cuestionando la transparencia de los procesos.