Las trabajadoras de la educación infantil en el ciclo de 0 a 3 años mantienen una huelga indefinida iniciada el pasado 7 de abril, una protesta que ha sacado a la calle el malestar acumulado en un sector que denuncia condiciones laborales “insostenibles” y reclama mejoras urgentes para poder garantizar una atención educativa de calidad.
La convocatoria, impulsada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles junto a sindicatos como CGT y con el respaldo de CCOO y UGT, responde a una situación que las educadoras consideran estructural: salarios bajos, ratios elevadas y falta de reconocimiento profesional. Todo ello, sostienen, repercute directamente en la calidad del servicio que se presta a los menores.
Las movilizaciones se han hecho visibles en los últimos días en Madrid. En la capital, centenares de profesionales se concentraron en la plaza de Callao, donde denunciaron la precariedad del sector y reclamaron medidas concretas para revertirla. Con camisetas y pancartas reivindicativas, el mensaje fue claro: la protesta no es solo laboral, sino también educativa.
Entre sus principales reivindicaciones, las trabajadoras exigen la reducción de ratios por aula, al considerar que el número actual de menores por educadora impide una atención adecuada, mejoras salariales, ante retribuciones que en muchos casos apenas supera el Salario mínimo interprofesional actualmente situado en los 1.221 euros mensuales, y la implantación de la pareja educativa, es decir, dos profesionales por grupo. Asimismo, reclaman el reconocimiento pleno del ciclo 0-3 como etapa educativa, lo que permitiría una regulación más clara de sus condiciones.
El seguimiento de la huelga se sitúa entre el 30% y el 40% según distintas fuentes, lo que refleja una movilización sostenida en un sector que tradicionalmente ha tenido escasa visibilidad. Las convocantes han advertido de que el paro no tiene carácter puntual, sino indefinido, y que continuará mientras no haya avances reales en las negociaciones.
Presión política y cruce de responsabilidades
En el plano político, la huelga ha reactivado el debate sobre las competencias en la gestión del primer ciclo de infantil. La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, María Caso, ha instado al Consistorio a sentarse a negociar con las trabajadoras, denunciando la falta de diálogo varios días después del inicio del paro.
“Son trabajadoras esenciales que realizan una labor fundamental”, subrayó, al tiempo que reclamó la apertura de una negociación “seria” que implique a todas las administraciones competentes. Desde el PSOE critican que el Ayuntamiento “mire hacia otro lado” pese a la situación del sector.
Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha defendido la actuación del Consistorio, que ha fijado servicios mínimos en los 77 centros municipales para garantizar la atención a los menores. Además, ha recordado que el actual convenio fija mejoras salariales progresivas hasta 2028 y que está prevista la licitación de un nuevo contrato de gestión que incluirá actualizaciones.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y sin avances concretos. Las educadoras insisten en que no levantarán la huelga sin compromisos firmes y advierten de que continuarán las movilizaciones en la calle. El sector, tradicionalmente relegado a un segundo plano, ha decidido visibilizar su papel como pieza clave del sistema educativo, poniendo sobre la mesa un debate que trasciende lo laboral y afecta directamente al modelo de atención a la infancia.