Chiara Ferragni ha sido absuelta este miércoles, 14 de enero, de los cargos de fraude agravado en un proceso judicial que la ha mantenido en el centro de la atención internacional durante casi dos años. La justicia italiana ha puesto fin al llamado Pandorogate, un caso que planteaba dudas sobre la responsabilidad de los influencers en la publicidad de productos benéficos, y que ha tenido repercusiones en regulaciones y debates sobre la economía digital global.
El veredicto ha sido emitido por un juez del Tribunal de Milán tras un procedimiento abreviado, al concluir que no se pudo probar que Ferragni hubiera cometido fraude agravado en la promoción de productos con implicaciones de beneficencia. Los fiscales italianos habían solicitado una pena de un año y ocho meses de prisión, alegando que la influencer generó expectativas engañosas sobre donaciones a organizaciones infantiles a través de las ventas de los pandoros navideños y huevos de Pascua con su marca.
El tribunal no aceptó el agravante presentado por la fiscalía y consideró insuficiente la evidencia de un daño agravado para los consumidores, un elemento clave para sostener la acusación de fraude agravado. La recalificación del caso significó que el delito (si acaso existente) se quedaba en una forma menor, dejándolo sin fundamento penal suficiente.
El caso, conocido internacionalmente como Pandorogate, no ha sido solo un asunto legal interno: medios de todo el mundo siguieron de cerca el proceso y sus implicaciones para la industria de los influencers. Ferragni, con más de 28 millones de seguidores en Instagram, se convirtió en un símbolo mundial de la responsabilidad de figuras públicas que monetizan su audiencia.
Según informa la prensa internacional, la controversia comenzó tras acusaciones de que las campañas promocionales vinculadas a productos benéficos hacían creer a los consumidores que parte de las ganancias sería destinada a hospitales infantiles y asociaciones de apoyo a niños con autismo, cuando en realidad solo se realizó una donación aparentemente no vinculada directamente a las ventas.
Además, el caso ha generado consecuencias tanto en la reputación de la influencer como en el marco regulatorio; algunos países europeos consideraron revisar o endurecer normativas sobre publicidad digital y transparencia en asociaciones comerciales con causas sociales tras la polémica.
A la salida del tribunal, la protagonista ha expresado su alivio y ha asegurado que la decisión judicial le permite “recuperar el control de su vida” tras una experiencia que definió como una etapa difícil.
Además de la absolución, el proceso ha afectado su presencia en redes sociales, ha ocasionado la cancelación de acuerdos comerciales y ha motivado debates sobre el papel de figuras con audiencias masivas: ¿deben ser tratadas como empresas tradicionales cuando realizan iniciativas que sugieren fines benéficos?
Aunque la absolución representa un cierre judicial en primera instancia, aún no está claro si la fiscalía apelará la decisión. En todo caso, el caso ya ha marcado un precedente global en la forma en que se perciben y regulan las prácticas de marketing digital y colaboraciones comerciales de influencers.