El príncipe heredero Luis de Liechtenstein ha vetado la ley que pretendía despenalizar el aborto durante las primeras doce semanas de gestación, manteniendo al pequeño principado entre los países europeos con mayores restricciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
La decisión, anunciada esta semana, supone un acontecimiento excepcional en la política del país, es la primera vez el príncipe ejerce efectivamente su derecho de veto desde que asumió las funciones de regente en 2004. La medida ha provocado indignación entre las organizaciones que impulsaron la reforma, que cuestionan que una sola persona pueda impedir la entrada en vigor de una legislación aprobada por los representantes electos.
La propuesta había conseguido superar una ajustada votación parlamentaria el pasado septiembre, con 13 votos favorables frente a 12 contrarios. Además, una encuesta realizada en agosto situaba en el 62% el porcentaje de ciudadanos favorables a modificar la legislación.
Una reforma respaldada por miles de ciudadanos
El proyecto nació de una iniciativa popular promovida por activistas y organizaciones progresistas que buscaban acabar con las dificultades que afrontan las mujeres para interrumpir voluntariamente un embarazo.
La campaña, encabezada por Tatjana As’Ad, vinculada al partido izquierdista Lista Libre, consiguió reunir 4.970 firmas, casi cinco veces más de las mil necesarias para trasladar la propuesta al Parlamento. La cifra representaba aproximadamente una cuarta parte del electorado del principado, cuya población ronda los 41.000 habitantes.
La iniciativa contemplaba la despenalización del aborto durante las primeras doce semanas, su incorporación a la cobertura del seguro sanitario y la eliminación de las restricciones que impiden proporcionar información sobre dónde acceder a estos servicios.
Sin embargo, el príncipe ya había advertido en junio de que impediría la aprobación definitiva de la reforma. Según explicó posteriormente la Casa Principesca, considera que la legislación propuesta no garantiza suficientemente la protección jurídica de la vida prenatal.
Abortar fuera del país, la única alternativa para muchas mujeres
La legislación de Liechtenstein únicamente permite interrumpir un embarazo en circunstancias excepcionales, como cuando existe un grave peligro para la salud de la gestante o cuando la gestación es consecuencia de una agresión sexual.
Fuera de estos supuestos, quienes practiquen un aborto pueden enfrentarse a penas de hasta tres años de prisión, mientras que las mujeres que se sometan al procedimiento pueden recibir condenas de hasta un año.
Desde 2015, las residentes pueden desplazarse legalmente al extranjero para abortar. Austria y Suiza se han convertido así en los principales destinos de quienes buscan acceder a una intervención que no pueden realizar en su propio país.
Según las estimaciones citadas por las activistas, unas 40 mujeres viajan cada año fuera del principado para interrumpir su embarazo. Las organizaciones advierten de que el veto no impedirá estas intervenciones, sino que perpetuará las desigualdades existentes para acceder a ellas.
Una monarquía con poderes excepcionales en Europa
La controversia también ha reabierto el debate sobre el funcionamiento institucional de Liechtenstein, donde la monarquía conserva atribuciones considerablemente superiores a las de otras casas reales europeas.
El príncipe puede bloquear leyes, intervenir en el nombramiento de jueces y destituir al Gobierno o a sus ministros. Estas prerrogativas fueron respaldadas por los ciudadanos en un referéndum celebrado en 2012.
El aborto ya había enfrentado anteriormente a la institución monárquica con los sectores reformistas. En 2011, El príncipe Luis amenazó con vetar una iniciativa similar, aunque finalmente no tuvo que intervenir porque el 52,3% de los votantes rechazó su legalización.
Pese al bloqueo, ha quedado abierta la posibilidad de flexibilizar las restricciones sobre la información relacionada con el aborto.