La exprimera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, ha sido condenada a muerte por crímenes contra la humanidad debido a la represión de las protestas estudiantiles que provocaron su destitución. La jequesa Hasina ha sido declarada culpable de haber permitido el uso de fuerza letal contra manifestantes, unos disturbios en los que murieron cerca de 1.400 personas el año pasado.
“Por sus cargos (de crímenes de lesa humanidad) hemos decidido imponerle sólo una sentencia, que es la pena de muerte”, afirma el juez Golam Mortuza Mozumder en la lectura del veredicto retransmitido por la cadena de televisión de Bangladés BTV.
Por estos hechos, Hasina ha sido juzgada por el Tribunal Internacional de Crímenes (TIC) de Bangladesh, tras permanecer exiliada en India desde que fue obligada a abandonar el poder en julio de 2024.

Hasina negó las muertes
La Fiscalía la acusó de estar detrás de cientos de asesinatos cometidos durante las protestas, mientras que las familias de las víctimas reclamaron penas ejemplares. Hasina negó todos los cargos y calificó el proceso judicial de “parcial” y “motivado políticamente”.
El fallo, ampliamente anticipado tras meses de vistas en el tribunal de crímenes de guerra de Bangladesh, concluyó con la declaración de culpabilidad de Hasina. No obstante, el veredicto marca un punto de inflexión para el país, al reivindicar las protestas que estallaron entre una ciudadanía hastiada por años de represión bajo su mandato.
Hasina gobernó Bangladesh durante quince años, un periodo en el que supervisó un notable crecimiento económico mientras, según organizaciones de derechos humanos, incrementaba la presión contra la oposición mediante arrestos por motivos políticos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Las manifestaciones derivaron en su salida del país y en la conformación de un gobierno interino encabezado por el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus.

En una declaración de cinco páginas difundida el lunes en respuesta al veredicto, Hasina asegura que la pena de muerte es el instrumento del gobierno interino para “anular a la Liga Awami como fuerza política” y defendió estar “orgullosa” del historial de su Ejecutivo en materia de derechos humanos.
“No tengo miedo de enfrentarme a mis acusadores en un tribunal justo, donde las pruebas puedan ser valoradas y examinadas con imparcialidad”, afirma.
El levantamiento estudiantil del año pasado comenzó reclamando la eliminación del sistema de cuotas en el acceso al empleo público, pero rápidamente se transformó en una movilización antigubernamental de mayor alcance.
Bangladés pide la entrega inmediata de Hasina
El Gobierno interino de Bangladés, liderado por Muhammad Yunus, ha pedido a la India que “entregue de inmediato” a Hasina.
Según el Ejecutivo provisional, el tratado de extradición vigente entre la India y Bangladés obliga a la entrega de Hasina y Kamal tras su condena por el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés (ICT, por sus siglas en inglés).
Antes de la condena final, el tribunal ya había impuesto a Hasina una sentencia de cadena perpetua por otro de los hechos del expediente, al considerarla responsable de incitar a la violencia, ordenar el uso de armas letales contra los estudiantes que protestaban y no tomar medidas para evitar los abusos.

