El Servicio Navarro de Salud ha presentado una demanda de juicio ordinario por los daños y perjuicios derivados del cártel de fabricantes de absorbentes para la incontinencia de orina (conocidos como “pañales para adultos”), sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2016. Se trata de uno de los cárteles más longevos de las últimas décadas: las cartelistas estuvieron diecisiete años fijando los precios de los pañales y, durante todo ese periodo, las administraciones públicas tuvieron que comprar pañales a un precio inflado como consecuencia del cártel.
Con esta acción, el Gobierno de Navarra persigue recuperar las cantidades indebidamente abonadas a las empresas cartelistas y reintegrarlas al sistema público de salud.
La demanda del Servicio Navarro de Salud se suma a la reacción que, de forma progresiva, están impulsando las administraciones sanitarias públicas afectadas por el cártel de los pañales. Cataluña interpuso su reclamación judicial hace ya un tiempo, y comunidades autónomas como Extremadura, Aragón y Galicia están dando pasos para preparar e interponer sus propias reclamaciones frente a los fabricantes sancionados.
Navarra se incorpora así a un movimiento creciente de defensa de los recursos públicos sanitarios frente a prácticas anticompetitivas ya declaradas firmes, con el objetivo común de que sean las empresas infractoras, y no el erario público, quienes asuman el coste de sus conductas ilegales.
Un cártel que afectó a toda España
La demanda tiene su origen en la Resolución de la CNMC de 26 de mayo de 2016 (Expediente S/DC/0504/14, AIO), que declaró la existencia de una infracción única y continuada de la normativa de defensa de la Competencia, constitutiva de cártel, entre diciembre de 1996 y enero de 2014. La propia Resolución identificó expresamente a Navarra como una de las regiones afectadas por las prácticas anticompetitivas.
Según se expone en la demanda, el cártel desplegó dos conductas complementarias que encarecieron el aprovisionamiento de pañales por parte del Servicio de Salud navarro: la fijación concertada del precio de venta de laboratorio y de los márgenes de distribución en el canal farmacia, y una estrategia para impedir o retrasar el suministro directo a través del canal institucional, lo que privó a la sanidad navarra del ahorro asociado al suministro de pañales por dicho canal.
Sobrecoste de 25 millones
El Servicio de Salud navarro ha encargado a una consultora especializada la elaboración de un informe pericial para cuantificar el perjuicio sufrido. El análisis concluye que el sobrecoste soportado por la Sanidad navarra como consecuencia del cártel asciende a 25 millones de euros.
El Servicio Navarro de Salud está representado en este procedimiento por Eskariam, despacho especializado en Derecho de la Competencia, que ha dirigido la preparación técnica y jurídica de la demanda, incluyendo la coordinación del informe pericial económico y la estrategia procesal frente a las sociedades demandadas, y continuará dirigiendo la defensa durante el procedimiento judicial.
“La adquisición de los productos y servicios necesarios para prestar asistencia sanitaria es imprescindible y, al mismo tiempo, especialmente compleja. Pero cuando a esa necesidad y, en ocasiones, a la urgencia, se suman prácticas ilícitas que distorsionan la competencia, las administraciones sanitarias, y entre ellas el Servicio Navarro de Salud, quedan en una situación de especial vulnerabilidad. Los sobrecostes derivados de esas prácticas detraen recursos públicos que deberían destinarse a la atención sanitaria y perjudican, en última instancia, a la ciudadanía. Por ello, hemos decidido acudir a los tribunales para reclamar la reparación del daño sufrido y recuperar para la sanidad pública las cantidades que legalmente correspondan”, señala Jon Guajardo Remacha, director gerente del Servicio Navarro de Salud.
“Esta demanda es el resultado de un trabajo riguroso de reconstrucción del daño sufrido por la sanidad navarra a causa de una infracción de Competencia ya declarada firme por los tribunales. Nuestro objetivo es claro: que se resarza íntegramente al Servicio Navarro de Salud por los sobrecostes que indebidamente le fueron impuestos, y que esos recursos vuelvan a donde deben estar, al servicio de la sanidad pública navarra”, afirma David Fernández, CEO de Eskariam, despacho que representa al Servicio Navarro de Salud en este procedimiento.
Eskariam es una firma de servicios jurídicos con sede en Madrid, especializada en reclamaciones complejas de daños. Fundada en 2018, reúne a un equipo de abogados multidisciplinares que se apoya en tecnología para gestionar litigios a gran escala. Actualmente administra una cartera superior a 1.500 millones de euros en litigios de Competencia, y está presente, entre otros, en casos como las demandas frente a Booking y el ‘cártel de la leche’ en España.