La transformación digital de la Justicia no está respondiendo todavía a las necesidades de los profesionales ni ofreciendo las garantías necesarias para el adecuado ejercicio del derecho de defensa. Así se desprende del primer gran estudio promovido por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para conocer el impacto real de la Justicia digital sobre el trabajo cotidiano de la abogacía.
Los resultados muestran una posición clara: la profesión no rechaza la modernización tecnológica de la Justicia, pero cuestiona profundamente la forma en que se está diseñando e implantando.
Los resultados de la encuesta, en la que han participado 1.373 colegiados/as, reflejan una posición crítica. El 46,9% de los participantes se declara insatisfecho o muy insatisfecho con el funcionamiento actual de la Justicia digital, frente al 22,3% que expresa una valoración positiva. La puntuación media se sitúa en 2,6 sobre 5.
La percepción sobre sus efectos en la duración de los procedimientos es aún más negativa: el 29,8% considera que la Justicia digital apenas está contribuyendo a agilizarlos y otro 26% afirma que directamente los está dificultando. Solo el 7,5% aprecia una mejora clara.
El acceso completo al expediente, primera prioridad
Preguntados por las mejoras que deberían abordarse con mayor urgencia, los profesionales sitúan en primer lugar el acceso completo al expediente, elegido por el 73,3%.
A continuación, aparecen la interoperabilidad entre plataformas y territorios, con un 49,4%; la correcta ordenación e indexación del expediente, con un 45,6%; y la atención y soporte ante incidencias, con un 41,9%.
También se reclaman mejoras en la estabilidad técnica de los sistemas, la seguridad y confidencialidad, la formación de la abogacía, la participación profesional en el diseño de las herramientas digitales, la regulación de la inteligencia artificial y la claridad de las normas de uso.
Para Eugenio Ribón, decano del ICAM, “estos resultados demuestran que la modernización no puede limitarse a trasladar los procedimientos del papel a una plataforma. Para garantizar el derecho de defensa de ciudadanos y empresas, el expediente debe ser íntegro, comprensible, actualizado, accesible desde el momento de la personación y ofrecer a la defensa las mismas posibilidades de consulta que tienen los demás operadores jurídicos”.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Mayllo, responsable del Turno de Oficio, pone el acento en el impacto en la Justicia Gratuita: “Estas dificultades resultan especialmente graves en el Turno de Oficio, donde los profesionales trabajan con plazos muy ajustados, intervienen con frecuencia en situaciones urgentes y atienden a personas en condiciones de especial vulnerabilidad. Si el expediente está incompleto, la grabación no es accesible o la plataforma falla, no solo se perjudica al abogado: se compromete la defensa de quien depende del sistema público para hacer valer sus derechos. Por eso exigimos que la digitalización garantice el acceso inmediato y completo a las actuaciones y que ninguna incidencia tecnológica pueda traducirse en indefensión”.
El Turno de Oficio, el más expuesto a las carencias del sistema
Quienes ejercen en el Turno de Oficio -el 18,1% de la muestra- encabezan de forma sistemática los indicadores de fricción con la Justicia digital. El 68,5% encuentra con frecuencia o muy frecuentemente problemas para acceder al expediente de forma completa y ordenada, frente al 64,8% de los despachos pequeños y medianos y el 55,7% de la abogacía in house.
Es también el ámbito con menor confianza en la seguridad de las plataformas -el 47,5% confía poco o nada en que garanticen la confidencialidad y el secreto profesional, frente al 42% de los despachos pequeños y medianos y el 41% de la abogacía in house– y el que sufre con mayor frecuencia fallos tecnológicos que afectan al ejercicio de la defensa: un 16% los padece con frecuencia o muy frecuentemente, por encima del 12,4% del conjunto de la muestra.
Sobre el Expediente Judicial Electrónico, el Turno de Oficio es además el único ámbito de ejercicio en el que la valoración negativa supera a la positiva: un 45,9% considera que no ha supuesto una mejora apreciable o que ha dificultado la instrucción de los asuntos, frente al 43,6% que lo percibe como un avance. Y es, junto con la abogacía in house, el que con más fuerza reclama participar en el diseño de las herramientas digitales: el 79,6% lo considera prioritario.
Fallos tecnológicos sin una respuesta suficientemente eficaz
El 59,7% de los encuestados asegura haber sufrido, al menos algunas veces, fallos tecnológicos que han afectado al ejercicio de la defensa o a la adecuada prestación de sus servicios. Un 12,4% señala que estas situaciones se producen con frecuencia o muy frecuentemente.
La respuesta disponible ante estos problemas recibe una valoración negativa. Sólo el 8,6% considera que existen mecanismos rápidos y eficaces para comunicar una incidencia y obtener una solución. El 43% sostiene que esos mecanismos no existen y otro 36,2% afirma que únicamente funcionan en algunos casos.
El Colegio reclama canales de asistencia inmediatos, mecanismos que permitan dejar constancia de las incidencias y protocolos que eviten que una caída del sistema o un error de la plataforma pueda perjudicar un plazo, una actuación procesal o los derechos de un justiciable.
Confianza limitada en la seguridad de las plataformas
La seguridad, la confidencialidad de la información y la protección del secreto profesional constituyen otro foco de preocupación. El 42,1% de los participantes confía poco o no confía en que las plataformas judiciales garanticen adecuadamente estos derechos. Un 34,7% expresa una confianza parcial y solo el 13,7% confía plenamente en los sistemas.
El ICAM considera imprescindible que toda herramienta digital utilizada en un procedimiento incorpore desde su diseño las máximas garantías de seguridad, trazabilidad y protección de la información. El secreto profesional y la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente no pueden quedar condicionados por las limitaciones de una plataforma.
Las videoconferencias resultan útiles, pero no para todas las actuaciones
Los resultados ofrecen una valoración más favorable de las videoconferencias cuando se emplean en actuaciones concretas. El 17,3% considera que han mejorado claramente la calidad del servicio y el 38,1% aprecia una mejora en determinados actos. Por el contrario, un 16,1% no observa una mejora relevante y un 12,5% considera que han empeorado el servicio.
Respecto a los juicios telemáticos, el 26,4% se muestra favorable a su utilización general, mientras que el 36,8% los acepta exclusivamente para actuaciones sencillas o no controvertidas. Un 21% se opone con carácter general y un 14,8% condiciona su empleo a la jurisdicción o al tipo de procedimiento.
El principal riesgo identificado son los problemas técnicos durante la vista, señalados por el 68,3%. También preocupan la dificultad para valorar la prueba testifical o pericial, con un 56,6%; la menor inmediación judicial, con un 53,8%; la dificultad para comunicarse con el cliente, con un 43,4%; y la pérdida de solemnidad o garantías procesales, con un 38,6%.
El ICAM defiende que estas herramientas puedan utilizarse cuando aporten una ventaja real, pero rechaza su aplicación automática en procedimientos en los que sean esenciales la inmediación, la valoración directa de la prueba o la comunicación permanente y confidencial entre el abogado y su cliente.
Preocupación por la Inteligencia Artificial en la Justicia
La incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) al sistema judicial despierta una inquietud elevada. El 59,3% de los profesionales está mucho o bastante preocupado por su utilización por parte de magistrados y fiscales. Solo el 20,5% manifiesta preocuparse poco o nada.
La opción con mayor respaldo es permitir la IA únicamente como herramienta auxiliar y con control humano, elegida por el 46,1%. Otro 28,6% considera que debería prohibirse en las decisiones judiciales o fiscales sustantivas. Un 20,1% admite su utilización siempre que exista transparencia y supervisión.
La preocupación se extiende también al ejercicio de la propia abogacía: el 50,4% se declara mucho o bastante preocupado por el uso profesional de estas herramientas, mientras que un 22,6% manifiesta cierto grado de inquietud.
Tres de cada cuatro reclaman transparencia sobre el uso de IA
El 75,7% de los encuestados respalda alguna obligación de declarar el uso de IA en los procedimientos. El 36,3% considera que debería comunicarse siempre; el 32,1%, cuando pueda afectar al contenido jurídico o probatorio; y el 7,3%, en el caso de determinados operadores jurídicos.
Entre los principales riesgos de la IA aplicada a la Justicia, sobresalen los errores o sesgos, señalados por el 76,6%, y la falta de control humano suficiente, mencionada por el 67,2%.
También preocupan la responsabilidad profesional derivada de su utilización, con un 45,3%; el uso de datos confidenciales o protegidos, con un 43,6%; la desigualdad entre partes con distinto acceso tecnológico, con un 42,4 %; la falta de transparencia, con un 40,5%; y la posible afectación al derecho de defensa, con un 35,2%.
El 95% quiere que la abogacía participe en el diseño de la Justicia digital
Uno de los resultados más concluyentes del estudio es la demanda de participación profesional. El 95,4% considera que la abogacía debería intervenir más activamente en el diseño, evaluación y mejora de las herramientas de Justicia digital. Para el 76,9%, esa participación debe ser prioritaria.
El dato respalda la posición mantenida por el ICAM: no se puede transformar la Administración de Justicia de espaldas a quienes trabajan diariamente con sus plataformas y tienen encomendada la defensa de los ciudadanos. El Colegio reclama una participación estable y efectiva de la abogacía desde las fases iniciales de elaboración normativa y diseño tecnológico, y no únicamente cuando las herramientas ya han sido implantadas y sus problemas se han trasladado a los procedimientos.
“Escuchar a la abogacía no es defender un interés corporativo. Es incorporar al proceso de transformación digital la experiencia de quienes conocen las consecuencias que puede tener cada deficiencia sobre un procedimiento y sobre la vida de un ciudadano”, destaca el decano del ICAM.
Los profesionales piden al ICAM firmeza y mecanismos de protección
Las respuestas abiertas refuerzan las conclusiones de la encuesta. Entre las medidas dirigidas al ICAM, se reclama la creación de mecanismos de protección frente a las consecuencias procesales de los fallos tecnológicos, así como una actuación firme del Colegio ante las administraciones cuando las deficiencias de los sistemas puedan generar desigualdad de armas o indefensión.
Los testimonios describen expedientes incompletos o sin foliar, grabaciones inaccesibles, plataformas diferentes según el territorio, dificultades para dejar constancia de las incidencias y situaciones en las que los plazos continúan avanzando pese a no haberse facilitado toda la documentación.
El estudio recoge respuestas procedentes de distintas formas de ejercicio (despachos medianos o grandes, turno de oficio, abogacía in house…) y por edades, el 41% tiene entre 36 y 55 años, el 39,1% se encuentra entre los 56 y los 65, el 13,5% supera los 66 años y el 6,3% tiene hasta 35. La composición refleja una participación especialmente elevada de profesionales con amplia experiencia en el funcionamiento cotidiano de los órganos judiciales.