Opinión

Caballero, saque sus dedos de mi vagina

Kallie Keeler, luchadora de una escuela secundaria del estado de Washington.
Kallie Keeler, luchadora de una escuela secundaria del estado de Washington.
ADF Media
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En un torneo juvenil de lucha libre femenina en Puyallup (Washington), la joven Kallie Keeler, de 16 años, vivió una pesadilla. Después de enfrentarse a Taufa’ase’e Tei (“Trixie”), un varón biológico que se identifica como mujer, denunció que éste le introdujo los dedos con fuerza en la vagina durante varios segundos. “Sus dedos están en mi vagina”, le gritó visiblemente angustiada a su madre, que grababa el combate. Porque no era el típico contacto accidental que puede suceder en un deporte de alto, digamos, roce. Incluso algunos ex luchadores masculinos han confirmado que lo sucedido -una penetración digital sostenida- no forma parte de las técnicas legítimas y que incluso el “oil check” (un agarre ilegal en la zona anal, te tienes que reír) no implica introducirle a nadie los dedos. El caso ha ido a juicio: la familia de Keeler, con el apoyo de la Alliance Defending Freedom, ha denunciado a los organizadores por no informarles de que la chica competiría contra un varón biológico y por tardar 53 días en comunicar, como es obligatorio, la agresión. El mismo sheriff del condado de Pierce investiga el incidente como una posible agresión sexual.

Pese a ello, el fiscal al principio declinó presentar cargos argumentando que en las competiciones atléticas existe algo como un “consentimiento implícito”. Una respuesta que generó la natural indignación, pues apuntarse para luchar en la categoría femenina no equivale a consentir ser penetrada por un varón, ¿no creen? Todo esto sucedió el pasado 6 de diciembre, pero ha sido en estas últimas semanas cuando se han difundido imágenes y testimonios en las redes (incluidas las de Martina Navratilova, Genevieve Gluck o Jennifer Sey en X) que muestran el momento y la reacción de la víctima.

Este caso estadounidense ilustra una vez más los riesgos de las políticas de “autoidentificación de género” en deportes femeninos. La diferencia de fuerza, de masa muscular y de anatomía pone en riesgo a las mujeres. Sin embargo, Tei, el varón que se declara mujer, con toda desfachatez, ha seguido compitiendo y clasificándose en categorías femeninas. En España hubiera sido aún más preocupante porque la legislación es más radical. La Ley Trans impulsada por Irene Montero (que fue ministra de Igualdad de Unidas Podemos) y aprobada en 2023 consagra la autodeterminación de género con unos requisitos mínimos: basta una doble comparecencia en el Registro Civil para mayores de 16 años (y con más facilidades para menores). No se exige ni un informe médico, psicológico u hormonal. Se despatologiza la transexualidad y se prioriza la “identidad sentida” sobre la realidad biológica. Montero defendió la norma como un “avance histórico”, minimizando las críticas feministas que advertían precisamente de los riesgos para las mujeres y las niñas si los hombres accedían a los espacios segregados por sexo, a los deportes, las prisiones o los vestuarios. Es una locura que la ley permita que varones biológicos simplemente autoidentificados como mujeres accedan a categorías femeninas sin apenas barreras. Han impuesto ese dogma delirante de que “una mujer trans es una mujer” y decir lo contrario, según Montero, es “posicionarse contra los derechos humanos”.

El resultado previsible es la erosión de las salvaguardas basadas en el sexo. Lo ocurrido a Kallie Keeler no es un “incidente aislado” ni un debate abstracto sobre inclusión. Es la consecuencia lógica de anteponer la ideología al sentido común, la biología elemental y la seguridad del menos fuerte. Las mujeres y las niñas no son un sentimiento ni un estereotipo: son cuerpos sexuados con desventajas físicas objetivas frente a los varones. Pretender lo contrario no sólo es una mentira, es un peligro. Proteger a las deportistas no es transfobia: es sentido común y justicia. Exigir categorías deportivas basadas en el sexo biológico, informar a las competidoras y castigar las agresiones sin excusas ideológicas no es discriminatorio, es básico. Mientras países como el Reino Unido, Suecia o Finlandia revisan sus políticas tras las evidencias de sus malas consecuencias, España se aferra al experimento fallido que impulsó la prepotente Montero. Espero que en las próximas elecciones los partidos alternativos al “bloque progresista” tengan claro que no hay progreso fuera de la razón y la ciencia. Si no, no sabremos a quien votar.

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