No hace muchas semanas tuve el honor de compartir mesa y mantel con uno de los mejores economistas estudiosos de la coyuntura de nuestro país. Le rodeábamos un grupo de periodistas entre veteranos, demasiado veteranos y muy veteranos. Uno de nosotros, animosamente, le preguntó por su solución al problema de la vivienda. Sin dudarlo, antes de que el balón cayera al suelo, ni corto ni perezoso, sentenció que “la mejor solución sería derogar la Ley de la Vivienda”. Este economista, lo conozco desde hace años, no es ningún radical ni participa en ninguna operación de acoso y derribo antidemocrático de nuestro Gobierno de progreso, ni se le conoce pertenencia alguna a ningún sindicato del crimen. Lo dijo como lo sentía. Seguro que lo había analizado antes con detalle.
Pues bien, esa Ley acaba de cumplir tres años y, atendiendo a los datos, no parece que haya dado buenos frutos. Más bien, la situación empeora mes a mes, casi semana a semana. La razón es tan simple y vieja como la lección número 1 de Economía para estudiantes primerizos. Hay mucha demanda, poca oferta y, como consecuencia, la subida de los precios es imparable. Ocurre tanto en la compra como en el alquiler, ocurre tanto en las grandes ciudades como en las de provincias, ocurre tanto en el centro como en la periferia. Por añadidura, quiénes principalmente sufren el problema son los jóvenes, cuyos escuálidos salarios apenas les alcanza ni para alquilar una habitación en una vivienda compartida.
El alquiler está por los cielos. En estos tres años, se ha disparado por encima del 30%, al tiempo que la oferta se hunde otro 30% y se ha duplicado el número de personas interesadas en cada vivienda que sale al mercado. Estos datos superan ampliamente la inflación experimentada en estos tres ejercicios, que se mueve por debajo del 10%. Tras su promulgación, el Gobierno la justificó argumentando que proporcionaría estabilidad para los propietarios, moderación en la subida de las rentas y seguridad jurídica para los caseros. Pero, no ha sido así. Más bien todo lo contrario.
Llama la atención que el fenómeno no sólo afecta a las grandes capitales, como Madrid o Barcelona, sino que las típicas ciudades de provincia registran subidas situadas en el entorno del 40% o, incluso, del 50%. Ahí figuran Segovia, Pontevedra, Palencia o Zamora.
Es cierto que en los últimos años ha aumentado la presión demográfica y que, por distintas razones, desde la crisis de 2008, la caída de la construcción no se ha superado. Junto a eso, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la fragilidad de una menguante clase media y las dificultades de la juventud para poder ganar un sueldo digno, han provocado que el arrendamiento de una vivienda o, incluso, de una habitación, sea casi la única alternativa.
Algunos datos indican que en el último lustro se ha construido una vivienda por cada tres nuevos hogares. Son unas cifras insuficientes que provocan que el actual déficit se estime en unas 750.000 unidades. Cada año, según el Banco de España, se construyen entre 100.000 y 120.000 nuevas. Un dedo que no tapa el sol del problema. Algunas medidas, o falta de ellas, retraen la salida de nuevas viviendas al mercado. Una de ellas es el temor a la ocupación, al impago o alojar a inquilinos socialmente vulneables. Muchos propietarios prefieren no correr el riesgo y dejar su casa sin alquilar. Se calcula que en nuestro país hay 3,8 millones de viviendas deshabitadas, pero muchas de ellas se ubican en zonas rurales o no cumplen con los mínimos requisitos de habitabilidad.
No ha tenido un impacto menor esa condena social de buena parte de la izquierda, mucha de ella representada en el Gobierno, que estigmatiza al propietario al calificarlo como fondo buitre, aunque cerca del 90 por ciento del mercado del alquiler pertenece a personas que han invertido en vivienda para compensar su pensión. Como en otras tantas cosas, la ideología, más bien su exceso, juega un papel ponzoñoso.
La realidad siempre es tozuda. La inversión en edificación residencial se mantiene en niveles inferiores a los años 80, cuando España se movía alrededor de los 37 millones de habitantes, frente a los casi 50 de la actualidad. En aquella década, representaba un 6% del PIB, frente al 6,5% de ahora. Ambas cifras muy inferiores al 9% registrado entre 1995 y 2005 y no digamos al casi 12% del pico de 2006. Datos similares encontramos en el número de ocupados en el sector de la construcción, que llegó a 2,7 millones frente a los 1,5 de la actualidad.
Y no será porque el Gobierno progresista de Pedro Sánchez no se haya preocupado por el problema de la vivienda. Sus promesas, desgraciadamente, pese al denuedo presidencial, no han arrojado los frutos deseados. En 2021, prometió 100.000 viviendas asequibles; en 2023, 183.000; en 2025, unas 50.000 del parque público de SAREB y, ahora, entre Casa 47 y el Plan Estatal 26-30, 7.000 millones sin cuantificar el número de unidades. El resultado se aproxima a cero. Entre medias, han anunciado incentivos al alquiler, limitaciones de subidas, regulación de viviendas turísticas, cambios fiscales, ayudas de distinto tipo, relanzamiento de SEPES y lanzamiento de Casa 47. El resultado es magro. Si no fuera porque no me hace nada de gracia, diría que la mejor materialización de los planes de Sánchez la hemos visto en “la casita” de Bad Bunny, donde se baila y se bebe hasta que el cuerpo no da más de sí.
La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas del país, en especial para los jóvenes. Las soluciones no son fáciles. Aunque algunas sí lo parecen. Por ejemplo, la disposición de suelo público, las ventajas fiscales, una menor regulación, la seguridad jurídica, la no persecución del propietario y, como no, la desideologización del problema y de su solución. Todo el mundo tiene derecho a vivir con dignidad y a disfrutar de cuatro paredes donde cobijarse.