El gobierno progresista ha convocado elecciones para el 29 de noviembre después de estar toda una legislatura con la machacona idea de que alcanzaría sus cuatro años de mandato desdeñando su legendario incumplimiento para presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado y su faraónica fragilidad parlamentaria. Pero, hete aquí, que sobrevino por arte de birlibirloque la crisis de la vivienda, el desahucio de Maricarmen y el camping de la Puerta del Sol y el presidente, en su búnker de la Moncloa, habló con unos y otros y, una vez más, cambió de opinión y convocó elecciones, al tiempo que los otrora sindicatos de clase, receptivos al autodenominado sindicato de inquilinas, se vino arriba y llamó a una huelga general electoral.
Ni corto ni perezoso, el gobierno ha sacado toda su artillería económica. Antes de que empiece la campaña, cualquier observador neutral corroborará que la agenda económica es no sólo el motor de la convocatoria, sino que también va a marcar buena parte de la contienda electoral.
Hace poco más de una semana el superministro Bolaños lo confirmó en Artículo 14, respondiendo a las preguntas de Pilar Gómez, María Dabán y Pilar Velasco. El superministro abrió fuego con su artillería dirigida al problema de la vivienda y a la subida de las pensiones. En sus documentadas, pero sesgadas, opiniones vino a decir que la solución a la vivienda pasa por las medidas del gobierno y que, si el progreso no siguiera en la Moncloa, se debilitará el sistema de pensiones públicas en España.
Las afirmaciones de este documentado superministro me sonaron, tuve la fortuna de escucharle en la sala, no sólo algo exageradas sino totalmente electoralistas. Basadas en un elemental catastrofismo, responden al abc del pensamiento sanchista. Si viene la derecha, no habrá vivienda ni pensiones. Suena a la música romántica de “Pedro y el lobo”, aunque con otro final.
Las propuestas de Maricarmen 1 y Maricarmen 2 no garantizan la vivienda a los que no la tienen, sólo permite a los actuales inquilinos que nos les suban su alquiler y que automáticamente les renueven los contratos. Incluso, dada la sañuda persecución del propietario y el rentista, va a provocar una retirada de viviendas de alquiler del mercado por el miedo del casero a la okupación, a la inquiokupación, al impago y a la imposibilidad de echar a un inquilino moroso o conflictivo con el resto del vecindario. Una asociación inmobiliaria afirma que en pocos días ha caído la oferta de alquiler un 30 por ciento.
El gobierno ha permanecido irresponsablemente ajeno al empeoramiento del problema de la vivienda durante sus inacabables ocho años de mandato. Hasta el final, no ha ido con ellos, como evidencia su nula contribución a solucionarlo y el empeoramiento que está arrojando su nefanda ley del Suelo.
Creo que no estaría de más dar una oportunidad a otras opciones, especialmente si crean condiciones para incentivar y animar la oferta, lo que permitiría satisfacer una demanda que ahora no encuentra la menor respuesta. El Banco de España sitúa el déficit entre 750.000 y 1.000.000 de unidades.
Las pensiones es otra de las banderas favoritas del gobierno. Sin recato plantean que si gana la derecha las pensiones públicas sufrirían. Desgraciadamente, las pensiones públicas van a sufrir si España no acomete una reforma a fondo que tenga en cuenta que no sólo se puede tener una aproximación electoral e inmediata al fenómeno, sino en que es necesario pensar en nuestros hijos y nietos, no sólo en estos 10 millones de votantes pensionistas.
La vivienda es hoy la máxima preocupación de los jóvenes, mientras las pensiones es la sempiterna de los mayores. De esta forma, el gobierno cubre dos inquietudes económicas de dos espectros generacionales.
La munición económica de los martes no va a dejar de disparar en Moncloa. Pronto se avecina el aumento del 7 por ciento del salario mínimo interprofesional, que beneficia a entre 1,7 y 2,5 millones de personas. Un acuerdo bilateral entre sindicatos y gobierno, al que es ajeno la representación empresarial. Cosas del diálogo social que tanto favorece la candidata a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Y la munición gubernamental no va a quedar ahí. No sé votará el 29 de noviembre sin que los casi 10 millones de pensionistas sepan que el gobierno del candidato Sanchez les sube su mensualidad. Y para que no falte de nada en esta batalla económica, queda otro de los grupos favoritos del gobierno. Se trata del funcionariado, formado por varios millones de votantes, a los que se ha comprometido sine die a subirles el sueldo un 4,5 por ciento.
Así que la artillería económica que proporciona el BOE y la Moncloa va a enviar sus caramelos a 12 millones de jóvenes entre los 20 y los 40 años, 10 millones de pensionistas, unos 2 millones de perceptores del salario mínimo interprofesional y 3 millones de funcionarios. ¿Qué hay para mí señor presidente?