Es difícil imaginar un asunto más grave que el hecho de que una jueza haya sido hostigada, vigilada y amedrentada por investigar al hermano de un presidente del Gobierno. Y es complicado creer que haya algo más grave que constatar que una jueza ha sido perseguida por una mafia incubada al calor de una orden política, que creció valiéndose de la estructura de un partido como el PSOE. Y esto no es una suposición ni una conjetura: son los sólidos indicios con los que trabaja la justicia.
Pues bien, a pesar de esto, la noticia más importante de la semana ha sido la muerte de Maricarmen (de la que nadie se alegra), que, según se oye en la calle, ha sido asesinada.
Naturalmente, Pedro Sánchez ha agarrado esta bandera para situar ahora, en el crepúsculo de su mandato, el problema de la vivienda como su prioridad nacional, lo que le ha llevado a presentar dos decretos para evitar que esto vuelva a suceder y a repetir a diario que el objetivo es que no haya ni un desahucio más de aquí al final de la legislatura. Por supuesto que los habrá, pero aquí la propaganda vale más que la realidad.
Seguramente la Moncloa no se está dando cuenta, pero si damos por bueno el argumento de que con los decretos presentados no habrá nunca más casos como el de Maricarmen, tendremos que concluir que estuvo en manos de Pedro Sánchez evitar la muerte de esta señora y que no hizo nada para evitarla. Si ocho años después te pones a explicar que puedes evitar muertes, lo normal es que alguien te pregunte por qué no las evitaste antes.
Este es el campo de batalla binario que se nos va a plantear dentro de siete semanas: «¿Está usted a favor de la muerte de Maricarmen o en contra? ¿Está con los fondos buitre o con los que más sufren? ¿Está usted con la mayoría del Congreso o con la voz de la calle?». Porque, para Pedro Sánchez, la representación del pueblo ya no reside en el Congreso, sino en su personalísima interpretación de lo que dice «la gente», y por eso se arroga la verdadera representación de los españoles en los manifestantes que ocupan las plazas.
Montesquieu dejó la idea de los tres poderes para que ninguno estuviera por encima de los demás. Pedro Sánchez ha conseguido algo distinto: que ninguno le valga.
El Ejecutivo le vale, pero solo cuando está él. Gobierna a golpe de decreto, rectifica sobre la marcha y presenta como urgencia nacional lo que llevaba años aparcado. El Legislativo le vale, pero solo cuando le vota. El día en que el Congreso le da la espalda, deja de ser la casa de la soberanía nacional y pasa a ser un Parlamento sin legitimidad. Así, la voluntad de los españoles es sagrada, siempre que coincida con la suya. El Judicial le vale, pero mientras no le investigue. Cuando la justicia se acerca a su entorno, se la persigue. Cuando un tribunal condena a su fiscal general, se estudia el indulto, y cuando condena a un socio, se recurre a una amnistía. Y el cuarto poder, la prensa, le vale siempre y cuando pertenezca al oficialismo.
Al final, el desahucio del que nadie habla es el de Montesquieu. Quizá el día de las elecciones los españoles decidan que el próximo tenga lugar en la Moncloa.