Rosario no quiere fotografías. Tampoco pancartas, homenajes ni que ningún partido político, sindicato o colectivo convierta su nombre en una consigna. “En dos meses cumpliré 76 años. Con una orden de desahucio pendiente de ejecución, tengo suficiente preocupación con intentar averiguar dónde podré vivir si finalmente tengo que abandonar mi hogar. Todo lo demás me sobra”, avanza.
En conversación con este periódico, la sevillana insiste en que no quiere convertirse en la bandera de ninguna causa. “No quiero notoriedad ni verme envuelta en el enfrentamiento político que hemos visto con el desahucio y fallecimiento de Maricarmen”. Ha seguido con atención lo sucedido con la anciana madrileña y teme que la presión emocional y la exposición pública puedan acabar pasando factura a su propia salud.
Se siente vulnerable, como se sintió Maricarmen. Sabe que a determinadas edades el sufrimiento y la incertidumbre pueden dejar una huella difícil de superar. Por eso agradece que su situación se conozca, que sirva para mostrar hasta dónde alcanza la crisis de la vivienda en España, pero pide que nadie se apropie de ella. “Quiero seguir saliendo a la calle, cruzarme con mis vecinos y hacer mi vida desde el anonimato. No estoy dispuesta a que mi desgracia se convierta en un espectáculo”.
Rosario nació hace casi 76 años en el barrio sevillano de San Gil, en el entorno de la plaza del Pumarejo. Desde los seis vive en el mismo edificio y lleva más de cuatro décadas en la vivienda que ahora puede perder. Allí ha pasado buena parte de su vida, ha criado a su familia y ha envejecido. Sus vecinos, los comerciantes y las calles que conoce desde niña son hoy su principal red de apoyo.
A su edad, nos confiesa que teme tener que empezar de nuevo. Menos aún con una pensión inferior a 535 euros mensuales, una discapacidad reconocida del 38% y una intervención quirúrgica de cadera que lleva aplazando desde hace más de un año. Tendría que haberse operado en mayo de 2025, pero la incertidumbre sobre su futuro le impide dar el paso. Necesita saber dónde podrá recuperarse después de pasar por el quirófano.
Una deuda que desconocía
El origen del procedimiento se encuentra en un préstamo que avaló con su vivienda para montar un polvero (un almacén de materiales de construcción). “El negocio no salió adelante, a pesar de la inversión”, señala. Cuando Rosario y su marido comenzaron a tener dificultades para afrontar las cuotas, la propiedad pasó a manos de su hijo. Sin embargo, los problemas económicos derivados de la pandemia impidieron que continuara abonando los pagos. La entidad bancaria ejecutó la hipoteca, el inmueble salió a subasta y terminó en manos de un nuevo propietario en 2025.
El primer lanzamiento estaba previsto para diciembre del año pasado, pero pudo detenerse por una cuestión procesal. La orden no estaba dirigida contra Rosario, que figuraba como tercera ocupante. Su abogado, Alberto de Lara, aportó posteriormente un contrato de alquiler firmado en mayo de 2015 con su hijo y su nuera para acreditar su derecho a continuar viviendo allí.
El juez no aceptó ese argumento. En un auto fechado el 7 de septiembre consideró que había transcurrido el plazo de cinco años durante el cual el nuevo propietario estaba obligado a subrogarse en el contrato, conforme al artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. La resolución establece que Rosario no tiene derecho a permanecer en el inmueble y ordena su desahucio, aunque todavía no se ha fijado una fecha.
Por ahora no existe una solución habitacional que permita a Rosario recuperar la tranquilidad. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla ya habían advertido de la gravedad de su situación. En noviembre de 2025 elaboraron un informe que acreditaba su especial vulnerabilidad y describía el riesgo de exclusión social al que se enfrentaba por la pérdida de su vivienda.
Su edad, sus ingresos y las dificultades para encontrar otro alojamiento hacían prácticamente inviable que pudiera acceder al mercado libre del alquiler. La alternativa inmediata que entonces se contemplaba era una plaza en un albergue municipal, una solución que los propios profesionales consideraban inadecuada para sus circunstancias.
Sin respuesta habitacional
Rosario también ha sufrido recientemente otra pérdida. “Mi marido falleció en abril de este año, después de haber permanecido ingresado en una residencia debido a sus problemas de salud”. Desde entonces afronta sola el procedimiento judicial y la posibilidad de abandonar el hogar. Los vecinos conocen la situación. Casi toda la comunidad de propietarios firmó un escrito dirigido al juzgado para expresar su preocupación por las consecuencias que tendría un traslado forzoso. Los servicios sociales entienden que el desarraigo podría resultar especialmente perjudicial, aunque también destacan que se trata de una mujer autónoma, capaz de continuar viviendo de forma independiente con los apoyos adecuados.
Rosario está inscrita en el registro municipal de demandantes de vivienda y cuenta con un informe de excepcionalidad para optar a una adjudicación urgente. Pero esa posibilidad tampoco garantiza una respuesta inmediata. Su defensa confía en que las nuevas medidas de protección frente a los desahucios puedan ofrecer alguna salida al procedimiento. Mientras tanto, intenta mantenerse al margen de una polémica que no ha buscado. La muerte de Maricarmen, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda y motivo de enfrentamientos políticos y manifestaciones, le ha hecho tomar mayor conciencia de su propia fragilidad.
No quiere que se interprete su discreción como una renuncia a reclamar una solución. Sencillamente, no desea ser protagonista de una movilización nacional. Quiere poder operarse, recuperarse, disponer de un lugar donde vivir y salir a la calle sin que los desconocidos la reconozcan. Que su caso contribuya a comprender la dimensión humana de la crisis de la vivienda, pero que después le permitan recuperar su vida.