La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz AyusoAyuso se reafirma como activo “inquebrantable” del PP, ha protagonizado este miércoles una comparecencia pública para referirse al litigio que arrastra su pareja, Alberto González Amador, denunciado por la Fiscalía por fraude fiscal y fraude documental al haber eludido, presuntamente, el pago de 350.951 euros a Hacienda. Ayuso ha reivindicado su honorabilidad después de que fuentes de la Puerta del Sol dieran a conocer que la Agencia Tributaria ha pedido a la Tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a González Amador, lo cual podría acabar anulando el juicio que pesa sobre él si se acaba produciendo un acuerdo entre la pareja de la presidenta y el fisco.
“Yo no mentí, tenía razón y todo lo que está pasando obedece a una cacería política, donde se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular”, ha afirmado Ayuso.
La intención de González Amador es abonar al fisco una cifra cercana a los 350.000 euros en litigio, cosa que dejaría su saldo con Hacienda en un positivo de más de 200.000 euros en el caso de confirmarse la devolución de Hacienda de más de 550.000 euros, un saldo pendiente al que ya se refirió hace unas semanas la propia Díaz Ayuso.
Ante la previsión de que el pulso entre González Amador y Hacienda se cierre según lo explicado, la presidenta de la Comunidad de Madrid concluyó que todo lo ocurrido se ha producido por motivos políticos para tratar de deteriorarla públicamente. “Se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal que está haciendo el Gobierno”, afirmó Ayuso.
Las querellas de González Amador
Por otra parte, la número 2 del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde, ha pedido a los fiscales de Madrid que rechacen las dos querellas por la filtración de datos de la pareja de Ayuso al no ver delito e invocar el principio jerárquico de unidad de actuación.
González Amador presentó una querella por presunta revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, mientras que el Colegio de la Abogacía (ICAM) madrileña presentó otra querella pero sin imputar los hechos a nadie en concreto.
Lo hicieron a cuenta de la polémica nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid el pasado 14 de marzo, en la que se daban detalles sobre la investigación a Alberto González, por los presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.
La querella del ICAM se ha derivado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la posible presencia de aforados.
Al respecto, fuentes fiscales han explicado a EFE que el fiscal del caso ha presentado ya un escrito ante el TSJM en el que pide inadmitir a trámite la querella porque no aprecia delito alguno al aludir a las informaciones aparecidas en varios medios, previas a la nota de prensa, que ya revelaban detalles de esa investigación al tiempo que defiende, además, el derecho a la información veraz.