Alberto González Amador está al borde del banquillo de los acusados. La frase resonó este jueves en todos los medios. Pero lo relevante es que la jueza Inmaculada Iglesias ha reunido suficientes indicios de delito como para terminar sus pesquisas y pasar a poner encima de la mesa, en un juicio oral, todas las pruebas contra González Amador por, presuntamente, haber falseado facturas y defraudado Hacienda más de 350.000 euros en sus declaraciones de la renta de 2020 y 2021.
El auto de procesamiento no le ha sentado bien a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que anuncia que va a recurrir porque considera que se está violando su derecho a la defensa. Así lo asegura en conversación con este periódico. Además, a través de un comunicado emitido por su defensa, recuerda que desde el inicio del caso se ha visto “lesionado su derecho a la presunción de inocencia” con la revelación de su expediente tributario.
Ahora, González Amador cree que este derecho se ve “aún más lesionado” porque la jueza ha terminado la instrucción sin admitir las testificales que solicitó para demostrar que las facturas no son falsas, así como la participación de nuevos peritos tributarios. También lamenta que no hayan declarado los investigados. Aunque lo cierto es que la jueza citó a declarar a González Amador, pero se negó a hacerlo porque tenía interpuesto un recurso que no se había resuelto por parte de la Audiencia Provincial.
Así, la magistrada da la investigación por terminada porque considera que por más diligencias que haga no se puede refutar lo descubierto hasta ahora. Según interpreta, en lo peor de la pandemia, González Amador consiguió hacer negocio con la compraventa de material sanitario incrementado su patrimonio en dos millones de euros a través de su empresa Maxwell Cremona.
No conforme, según el auto, se dedicó a pedir a otros empresarios facturas falsas con las que poder desgravarse impuestos. Estas empresas eran variopintas. Por ejemplo, a la empresa MKAE sociedad mexicana de su socio Maximiliano Niederer, también procesado, le emitió una factura de 620.000 euros porque, en teoría, le prestó servicios relativos a “proyectos sanitarios”. Dicha empresa se dedica a la exportación de productos alimentarios y de cartón.
Otra de las facturas, la más cuantiosa, asciende a 922.000 euros. En teoría era para hacer de intermediario en la venta de vacunas a Costa de Marfil. En septiembre de 2021, González Amador recibió un correo electrónico en el que se le informaba de que la empresa con la que había intermediado no había sido la adjudicataria del contrato. Sin embargo, emitió de igual forma la factura un mes después.
De ahí que la jueza se pregunte en el auto: “¿Cómo puede argumentar ahora que el motivo por el que registraron un gasto indebido y lo dedujeron fiscalmente era porque no les habían confirmado que la operación no se iba a realizar?”.
El resto de las empresas a las que recurrió emitieron facturas entre 12.000 y 20.000 euros. Una de ellas le prestó -en teoría- servicios de consultoría de sistemas de seguridad cuando tenía registrada entre sus funciones la albañilería. En otra, simuló que había recibido apoyo medioambiental, pero era una correduría de seguros. Algunas de las sedes de estas sociedades fueron visitadas por agentes de la Agencia Tributaria y constataron que eran residencias privadas donde poco conocían de la actividad empresarial que, supuestamente, realizaban las compañías.
Por todo ello, la jueza concluye que la pareja de Ayuso “dedujo indebidamente gastos en virtud de las siguientes facturas”. También lo procesa por fraude con Hacienda por facturar a través de su empresa pantalla Masterman and Whitaker cobros de Quirón Prevención que, en realidad, deberían haber quedado registrados directamente en su empresa principal, Maxwell Cremona.
Para la jueza, se trata de “una simulación relativa de los servicios prestados debido a que se simula que es la mercantil Masterman S.L. la verdadera prestadora de los servicios profesionales facturando por ellos, cuando se acredita que carece de los medios humanos y materiales necesarios, siendo Maxwell Cremona S.L. la auténtica prestadora de los servicios”.
Cabe recordar que Masterman se la compró a la mujer del presidente del Quirón y las acusaciones sospechan que fue fruto del cobro de una comisión encubierta de medio millón de euros por la que hay abierta, todavía, una pieza separada que lo investiga por administración desleal y corrupción en los negocios.
En definitiva, la magistrada cree que el novio de la presidenta madrileña, pese a ser conocedor de sus obligaciones tributarias y de forma “consciente y voluntaria”, presentó “autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades, por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021, no veraces, dejando de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía de 155,000 € para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41”.