La ley de profesión de riesgo de la Guardia Civil vuelve a pasar por la Mesa del Congreso. Y, salvo giro de última hora, volverá a quedarse donde lleva más de un año: atrapada en el plazo de enmiendas. La proposición de ley impulsada por el PP para reconocer como profesión de riesgo a guardias civiles y policías nacionales acumula ya 70 ampliaciones consecutivas del plazo de enmiendas y este miércoles está previsto que el órgano rector de la Cámara estudie una nueva prórroga.
La decisión llega en un momento especialmente delicado. La muerte de Germán Pérez González y del capitán Jerónimo Jiménez Molero, tras colisionar en alta mar durante la persecución de una narcolancha en un operativo del Estrecho, ha reabierto con fuerza el debate sobre las condiciones en las que trabajan los agentes destinados a la lucha contra el narcotráfico. La reclamación no es nueva, pero el contexto sí ha cambiado. Ahora, cada nueva prórroga de la ley de profesión de riesgo de la Guardia Civil tiene una carga política mayor.
La Mesa que decide el futuro de la iniciativa
La Mesa del Congreso está formada por nueve miembros. La preside Francina Armengol, del PSOE, y la completan cuatro vicepresidencias y cuatro secretarías. Es el órgano que ordena el trabajo parlamentario, califica iniciativas y fija el ritmo de muchos trámites legislativos. En la práctica, también puede alargar una tramitación mediante sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas.
En esta legislatura, PSOE y Sumar tienen mayoría en la Mesa. Son cinco miembros frente a los cuatro del PP. Esa mayoría es la que permite sacar adelante decisiones como la ampliación del plazo de enmiendas de una proposición de ley. Por eso, el foco político está puesto ahora en los miembros de PSOE y Sumar que forman parte del órgano.
El Congreso confirmó la composición de la Mesa de la XV Legislatura el 17 de agosto de 2023, con Armengol como presidenta, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis como vicepresidente primero, Esther Gil de Reboleño como vicepresidenta tercera, Gerardo Pisarello como secretario primero e Isaura Leal como secretaria segunda, entre otros cargos.
La cuestión no es menor. La ley de profesión de riesgo de la Guardia Civil no ha avanzado porque permanece en una fase previa: el plazo de presentación de enmiendas. Cada vez que se prorroga ese plazo, la iniciativa sigue viva formalmente, pero no progresa en su tramitación. No se debate el fondo, no se votan enmiendas y no se acerca a su aprobación. Sencillamente, queda suspendida.
Dos diputados andaluces en la mayoría de PSOE y Sumar
Entre los miembros de PSOE y Sumar en la Mesa hay dos nombres con especial lectura territorial: Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Esther Gil de Reboleño. Ambos son andaluces y ambos ocupan vicepresidencias en el órgano que puede volver a prorrogar la ley de profesión de riesgo de la Guardia Civil.
Gómez de Celis es sevillano, diputado del PSOE por Sevilla y vicepresidente primero del Congreso. No es un perfil secundario. Repite en la Mesa y forma parte del núcleo institucional socialista en la Cámara Baja. Su cargo lo sitúa en una posición relevante dentro del órgano que decide sobre la ordenación de los trabajos parlamentarios.
Esther Gil de Reboleño, por su parte, es diputada de Sumar por Cádiz y vicepresidenta tercera del Congreso. Su propia ficha del Congreso la presenta como andaluza y gaditana, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, y con máster en género, identidad y ciudadanía. Su presencia en la Mesa añade otro elemento político al debate: una representante por Cádiz participa en el órgano que puede mantener congelada una iniciativa especialmente sensible para los agentes que trabajan en Andalucía, uno de los territorios más golpeados por el narcotráfico.
La lectura política es evidente. Y más teniendo en el horizonte las elecciones andaluzas. No se trata solo de que PSOE y Sumar tengan mayoría en la Mesa. Es que dentro de esa mayoría hay dos diputados andaluces en vicepresidencias del Congreso. Y la nueva prórroga llega después de la muerte de dos guardias civiles en Huelva, en una operación vinculada al narco.
Francina Armengol y el llamado “congelador” del Congreso
La figura central de la Mesa es Francina Armengol. Como presidenta del Congreso, encabeza el órgano que debe decidir sobre la nueva prórroga. Su nombre aparece unido desde hace meses al llamado “congelador de Armengol”, una expresión utilizada por el PP para denunciar que la mayoría de PSOE y Sumar mantiene bloqueadas distintas iniciativas mediante ampliaciones sucesivas del plazo de enmiendas.
La ley de profesión de riesgo de la Guardia Civil se ha convertido en uno de los ejemplos más relevantes de esa dinámica. Como ya informamos en Artículo14, la proposición de ley lleva más de un año registrada, acumula 70 ampliaciones consecutivas y suma una nueva este miércoles si la Mesa no cambia de criterio.
El mecanismo es reglamentario, pero políticamente controvertido. El plazo de enmiendas existe para que los grupos puedan proponer cambios a una iniciativa. El problema aparece cuando ese plazo se amplía una y otra vez durante meses, hasta impedir que la proposición avance hacia las siguientes fases. En ese punto, el trámite deja de parecer una garantía parlamentaria y empieza a interpretarse como una herramienta de bloqueo.
Quiénes completan la mayoría que puede prorrogar la ley
Junto a Armengol, Gómez de Celis y Esther Gil, hay otros dos miembros de PSOE y Sumar en la Mesa. Gerardo Pisarello, de Sumar, ocupa la Secretaría Primera. Isaura Leal, del PSOE, es secretaria segunda. Ambos forman parte de esa mayoría de cinco miembros que puede imponer su criterio frente a los cuatro representantes del PP.
En el otro lado de la Mesa están José Antonio Bermúdez de Castro, vicepresidente segundo; Marta González Vázquez, vicepresidenta cuarta; Guillermo Mariscal, secretario tercero, y Carmen Navarro, secretaria cuarta. Todos ellos pertenecen al PP.
La aritmética es sencilla. PSOE y Sumar suman cinco votos. El PP suma cuatro. Por tanto, si la mayoría decide apoyar otra prórroga del plazo de enmiendas, la proposición seguirá sin avanzar. Y si la ley de profesión de riesgo de la Guardia Civil vuelve a quedar paralizada, la responsabilidad política recaerá sobre la mayoría que controla el órgano.
El fondo del debate: profesión de riesgo y jubilación anticipada
La reclamación de guardias civiles y policías nacionales no se limita a una etiqueta simbólica. Lo que está en juego es el acceso a coeficientes reductores que permitan adelantar la edad de jubilación sin penalización económica, como ocurre con otros cuerpos policiales. Policías locales, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Foral ya cuentan con mecanismos de este tipo. Guardia Civil y Policía Nacional siguen fuera de ese marco.
El Gobierno sostiene que la peligrosidad de estos cuerpos ya está reconocida y que lo pendiente es desarrollar el marco correspondiente. Las asociaciones profesionales, en cambio, insisten en que ese reconocimiento no se traduce en derechos efectivos si no se aprueban los coeficientes reductores. De ahí la importancia de la proposición de ley.
La diferencia es relevante. No se trata solo de decir que un trabajo es peligroso. Se trata de que esa peligrosidad tenga consecuencias concretas en la carrera profesional, en la protección social y en la edad de jubilación. Para los agentes, la ley de profesión de riesgo de la Guardia Civil es una vía para corregir un agravio comparativo que consideran histórico.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.