El plan de Pedro Sánchez para combatir lo que él llama “la máquina del fango” ya está aquí. El Consejo de Ministros aprueba este martes el llamado Plan de Acción por la Democracia y contra los bulos que, en síntesis, consistirá en reclamar a los medios quién está detrás de la propiedad de todos ellos, cómo se financian (para conocer, en particular, cuánto dinero público reciben y de qué administraciones). El Gobierno quiere, además, crear un registro de medios de comunicación en el que se “disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben”.
Esta iniciativa del Gobierno se concreta hoy después de que Sánchez expresara su malestar por las informaciones publicadas en torno al caso Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias, y que el presidente atribuyó a una campaña política, mediática y judicial para desgastar al Ejecutivo. La concreción de este plan para atar en corto a los medios se ha llevado a cabo sin que el presidente del Gobierno haya cerrado su negociación con Yolanda Díaz.
La reforma de la CNMC
La intención del Gobierno es dejar en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la supervisión de este nuevo registro de medios y ampararse para ello en el reglamento europeo de Libertad de Medios de Comunicación, el cual especifica que “la ciudadanía debe conocer las fuentes de financiación de los medios, la identidad de sus accionistas, la publicidad institucional que reciben y sus cifras de audiencia de forma honesta”.
“Este registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente, y, en ese caso, hemos decidido que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia (CNMC)”, ha explicado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En este sentido, avanzó que se va a “reformar” la CMNC con el objetivo de que “pueda asumir esas competencias”, y este es otro de los puntos, para que tenga esas competencias.
El plan del Gobierno contra “la máquina del fango” también contempla una reforma de la Ley de Publicidad Institucional con el propósito de incluir criterios de “transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”, una tarea que se asignará a la secretaría de Estado de Comunicación y que deberá ser aprobada por las Cortes. El Gobierno subraya, en este sentido, que la publicidad institucional es una “fuente de ingresos importante para muchos prestadores de servicios de medios de comunicación y prestadores de plataformas en línea, que contribuye a su sostenibilidad económica”.