El juez que instruye el caso en el que está siendo investigada Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, pide a la Moncloa que entregue los correos enviados y recibidos por Begoña Gómez a través de la cuenta institucional desde el día 11 de julio de 2018 hasta el día de la fecha.
Asimismo, el magistrado solicita la información de los viajes realizados por ambas investigadas en el caso, Cristina Álvarez y Begoña Gómez, desde el 16 de julio de 2018 hasta el día de hoy, “concretando específicamente los posibles viajes realizados a la República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a la Federación de Repúblicas Rusas“.
En la resolución, el magistrado titular de la plaza número 41 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid —antiguo Juzgado de Instrucción número 41— advierte también a la Presidencia del Gobierno de que dispone de un plazo “improrrogable” para remitir al juzgado copia de los correos electrónicos enviados y recibidos por Gómez desde julio de 2018, fecha en la que se contrató a Álvarez, hasta la actualidad. Se trata de una documentación que ya fue requerida el pasado mes de septiembre y cuya solicitud fue recurrida por las defensas ante la Audiencia Provincial de Madrid.
En este contexto, el juez alerta tanto a Presidencia como al Ministerio del Interior de que, si no aportan la información solicitada dentro del plazo fijado, podrían incurrir en un delito de desobediencia judicial. Recuerda, además, que en anteriores ocasiones La Moncloa respondió a requerimientos judiciales con un “retraso injustificado”, lo que motiva ahora la fijación de un plazo concreto acompañado de “apercibimientos”.
El magistrado encuadra ambas peticiones en la causa en la que investiga a Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Aunque finalmente decidió unificar todas las imputaciones en una única pieza, estas diligencias se sitúan en la línea de investigación destinada a esclarecer un posible desvío de fondos públicos en la designación de Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno y a determinar si esta desempeñó funciones de carácter privado para Gómez en el marco de su actividad en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Peinado justifica la solicitud de los datos de viajes de Gómez y Álvarez en el hecho de que ambas “declinaron” el requerimiento realizado el pasado noviembre para que entregaran voluntariamente sus pasaportes. El juez pretende comprobar los desplazamientos que pudieron realizar conjuntamente y dilucidar si respondían a misiones institucionales o a “cuestiones meramente privadas”. En concreto, solicita información sobre posibles viajes a la República Dominicana, la República del Congo, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y la Federación de Rusia.
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