La Comisión Europea ha dejado en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez el mismo día en que han arrancado las deliberaciones del Tribunal Constitucional para avalar o no dicha ley, votación que tendrá lugar en las próximas semanas. Según el órgano Ejecutivo de la UE, se trata de una “autoamnistía” para salvar la legislatura del presidente español ya que, interpreta, para aprobarla fueron “fundamentales” los votos de sus beneficiarios. Si bien, deja claro que no ve afectación directa de intereses económicos de la Unión.
Un texto que ha removido en el Tribunal Constitucional aunque no varía los planes de su presidente, Cándido Conde-Pumpido. “La amnistía es contraria al estado de derecho y desde la Comisión Europea ya se está lanzando una severa advertencia”, aseguran fuentes del alto tribunal, contrarias a la norma aprobada por Sánchez.
Según el bloque conservador del TC, las conclusiones sacadas de la Comisión conducen al TJUE en una dirección: tumbar la ley. “No vincula al Tribunal de Justicia pero es un aviso”, se reafirman. “La amnistía es contraria al derecho de la Unión. Al principio del Estado de Derecho establecido en el artículo dos del Tratado de funcionamiento de la UE. Nosotros no podemos aplicar la ley de manera distinta a como se aplica en Europa”, arguyen estas fuentes.
Para este sector del Constitucional, “lo prudente” es que Pumpido frenara sus planes “y esperar a ver que dice el TJUE”. “Lo contrario es una absoluta temeridad”, aseguran.
Estas mismas fuentes del TC temen por la imagen del tribunal de garantías. “Se va a convertir en el generador de una situación de tensión”, explican. “Y en estas circunstancias se puede generar un problema innecesario si nosotros vamos por delante y aplicamos la ley y dentro de tres meses el TJUE dice que no está dentro del derecho de la UE”.
Intereses financieros de la UE
Según recogen las observaciones enviadas por la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)- que ha publicado en exclusiva El Español– el dictamen se enmarca en las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas. El objetivo es determinar si el presunto desvío de fondos públicos destinado al referéndum ilegal del 1-O y a la acción exterior del procés —una causa que afecta a Carles Puigdemont y a otras 34 personas— pudo comprometer los intereses financieros de la Unión Europea.
“Una norma procesal nacional que únicamente establece la obligación de oír a ciertas partes del procedimiento es contraria a los principios de contradicción y de igualdad de armas, que forman parte integrante del principio de la tutela judicial efectiva de los derechos consagrados en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, si impide que las otras partes del procedimiento puedan debatir de forma contradictoria sobre los elementos tanto de hecho como de Derecho decisivos para la resolución del procedimiento”, afirma la Comisión Europea.
En sus observaciones, la Comisión Europea también cuestiona el argumento esgrimido por el Tribunal de Cuentas, al señalar que “no se aprecia un vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades analizadas y los recursos propios de la Unión, en particular la contribución basada en la Renta Nacional Bruta (RNB)”.
Ante la posibilidad de que el TJUE pueda considerar que sí hubo afectación a los intereses financieros de la UE, la Comisión Europea profundiza en su informe en el análisis de lo que implica una amnistía y examina de forma específica el alcance de la medida aprobada en el caso del procés.
“Las leyes de amnistía son medidas excepcionales que despenalizan hechos que normalmente son perseguidos. Por definición, establecen beneficios específicos para un grupo de personas definido en la propia ley de amnistía. En consecuencia, introducen una diferencia de trato con respecto de las personas que, habiendo cometido los mismos hechos, pero en contextos diferentes, por motivos distintos o en momentos diferentes, no se benefician de la amnistía y siguen siendo objeto de procedimientos y sanciones penales”, explica.
Reacción del Gobierno
Para el Ejecutivo, no hay ningún problema. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró que la Comisión “validó” el alcance de la ley al concluir que no se utilizaron fondos europeos durante el proceso independentista en Cataluña. Esta afirmación, según Alegría, reforzó la legalidad de la amnistía en los casos que afectan a líderes como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
“La propia Comisión no consideró que se hubieran afectado los intereses financieros de la UE, ni que se usaran fondos europeos durante el proceso independentista”, declaró Alegría durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La portavoz destacó que, aunque el dictamen no es vinculante, resulta “positivo” para el Ejecutivo, ya que “se acerca a esa aplicación total de la amnistía que es el objetivo que buscó el legislador desde el principio”.
Posición completamente opuesta desde el principal partido de la oposición. El portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, celebró que la Comisión haya recogido argumentos que el PP lleva meses defendiendo. En su opinión, el texto comunitario “confirma” que la ley no responde a un interés general reconocido por la Unión Europea y fue fruto de un acuerdo político “a medida”.
El dirigente popular vinculó además el dictamen europeo con la deliberación que inició este martes el Tribunal Constitucional, al estudiar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la norma. “Esperamos que el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido escuche lo que se dice desde Europa y actúe en consecuencia”, concluyó.