La reforma constitucional respecto al aborto que el Ejecutivo de Sánchez quiere emprender para blindar la interrupción voluntaria del embarazo tiene escaso recorrido, según el escenario que analizan expertos constitucionalistas consultados por este medio. Según explican, para que el derecho a abortar no pueda ser modificado por ley en futuros gobiernos, la vía efectiva sería reformar el artículo 15 de la Constitución. Y para ello, habría que seguir el procedimiento agravado que supone la mayoría de dos tercios en ambas Cámaras -Congreso y Senado- , la disolución inmediata de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Las nuevas Cortes deberán ratificar la decisión y aprobar el texto reformado por la mayoría de dos tercios.
Este berenjenal normativo no interesa al presidente Sánchez, ya que tendría que convocar elecciones, lo que no le interesa. O bien esperar a los comicios de 2027 para introducir la reforma previamente a que se celebren. Pero esta vía supondría un camino a largo plazo que no entra dentro de la estrategia de Sánchez para, a juicio de los expertos, “desgastar” al PP y a Vox. “Los proyectos reaccionarios basan su discurso en el miedo al migrante, al cambio climático y a las mujeres libres”.
En este contexto, Sánchez ha optado por la vía de la reforma del artículo 15 de la Carta Magna, que no blinda el aborto como pretende el presidente. “Toda reforma de la Constitución que implique una reforma agravada está más protegida”, explica Teresa Freixes, catedrática especializada en Derecho Constitucional, “porque tiene recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo, además de los recursos judiciales ordinarios”.
Según la explicación que ofreció el Gobierno en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo que se hará será añadir al artículo 43 de la Constitución -que atañe al derecho a la protección de la salud-, el siguiente párrafo: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.
Francia, el único país que comprende el aborto en su Constitución
Hasta la fecha, el único país que integra el derecho al aborto dentro de su Constitución. El parlamento francés, en 2024, aprobó una reforma para añadir al artículo 34 un párrafo para asegurarse la libertad de la mujer para interrumpir de forma voluntaria su embarazo, sin que haya otro ejemplo en el derecho comparado. “Jurídicamente la tradición que existe es considerar que el aborto es una excepción justificada del derecho a la vida, como puede serlo la legítima defensa”, explica Freixes. “Y este derecho a la vida que puede tener excepciones”. La constitucionalista afirma que la norma española ya funciona correctamente porque las anteriores leyes que regulaban el aborto han sido recurridas, y el TC ya ha considerado que el aborto está intrínsecamente ligado al artículo 15, dentro del derecho a la vida y a la integridad física y moral. Y este último está situado en la Sección Primera del capítulo II del título I, que regula derechos fundamentales. “Lo que es importante es tener una buena ley y protocolos sobre el aborto. No una cláusula constitucional que no pueda tener mayor enunciado que el decir se reconoce el derecho a abortar. Y tenemos una ley que funciona”.
“Lo que parece sorprendente es que se crean que van a blindar algo en la Constitución los que no hacen más que vulnerarla y desconfigurarla”, afirma Freixes. “Tenemos muchos artículos que no han sido desarrollados, otros vulnerados… Me asombra que piensen que eso puede blindar algo”.
“Sánchez podría esperar a las elecciones de 2027”
Para Freixes, si el presidente realmente quisiera blindar el aborto sin arriesgar su legislatura, bastaría con esperar a los comicios de 2027. “Argumentar que no reforma el artículo 15 para evitar las elecciones es una falacia”, explica. “Si las cosas se hacen con previsión y con cabeza, lo bueno es hacer coincidir las reformas constitucionales agravadas con el fin de la legislatura”, afirma. “Siempre se ha dicho que para hacer reformas constitucionales agravadas lo bueno es hacerlas coincidir con el fin de la legislatura”.
Una vía con menos protección
El artículo 43 sitúa a la regulación en el capítulo 3, que dentro de lo que son los derechos constitucionales es la parte menos protegida. “No tienen derecho al recurso de amparo y solamente pueden ser alegados ante los jueces ordinarios de acuerdo con las leyes vigentes, por lo que tienen menos protecciones y garantías”, asegura Freixes.
Daniel Berzosa, abogado y profesor de Derecho Constitucional, también se muestra crítico con la reforma. “Desde un punto de vista jurídico, meterlo como derecho a la salud tiene una peculiaridad y es que los principios rectores de la política social económica no son derechos fundamentales“, considera. “Porque si uno va al apartado tercero del artículo 53, la propia Constitución desactiva la eficacia directa de esos preceptos y los remite a la ley que los desarrolla”, argumenta. “Y el capítulo tercero informa que se les debería hacer caso por los poderes públicos, y sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria en virtud de las leyes que lo desarrollen”. Por lo que concluyen que excepto en caso de que lo quieran ampliar, no va a tener más efecto normativo.
Para reformar este artículo es necesario contar con la aprobación de tres quintos en cada una de las Cámaras, y una vez que se aprueba no es obligatorio el referéndum. Excepto si una décima parte de los diputados y senadores lo pide.
Una reforma sin visos de prosperar
Se da la situación de que tampoco esta vía tiene visos de prosperar, ya que, o las tornas en la clase política giran vertiginosamente, o no parece que PP y VOX vayan a apoyar esta reforma, de tal manera que los números no dan. Lo que sí puede conseguir el presidente es cocinar, en este tiempo, la idea de que ambos partidos no luchan por los derechos de las mujeres y asegurarse el electorado femenino que respalda estas iniciativas. “El plan de Sánchez es tensionar”, concluye Freixes. “Cuando se le acaban temas de tensión, busca otros.” Una opinión que coincide con la de Berzosa. “Esta medida busca desgastar al PP y a VOX. Es una medida de acción política”.