La Policía Nacional y la Guardia Civil endurecen su pulso con el Ministerio del Interior. Los representantes sindicales y de las asociaciones profesionales de ambos cuerpos han anunciado un encierro «indefinido» en la Secretaría de Estado de Seguridad después de que el departamento de Fernando Grande-Marlaska les haya comunicado que no reconocerá a los agentes como profesión de riesgo.
La reunión mantenida este martes con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha supuesto la ruptura de las negociaciones y la paralización de cualquier avance cuando, al comienzo de la misma, les comunicaban que la mesa de negociación quedaba paralizada hasta la formación de un nuevo Ejecutivo, debido a la convocatoria electoral del próximo 29 de noviembre. La respuesta de los agentes fue trasladar que no se moverían hasta recibir una solución del ministro o de alguien con capacidad para desbloquear el conflicto.
Tras cerca de un año de reuniones y conversaciones, sindicatos y asociaciones consideran que no se han producido avances suficientes para dar respuesta a una reivindicación que afecta a más de 150.000 agentes.
Llamamiento
El anuncio del encierro se ha difundido entre los compañeros con un mensaje directo: “Madrid, es el momento de dar un paso al frente. Policía y Guardia Civil, Unidos por una jubilación digna”. Llaman así a mantenerse pendientes de las próximas movilizaciones.
La decisión deja en suspenso una negociación que las organizaciones esperaban que sirviera para concretar las condiciones de la jubilación anticipada en especial en un punto en el que no se había conseguido avanzar, en las clases pasivas donde, sobre todo, quedaban en el aire cientos de agentes veteranos. «Si no se toca el haber regulador, la profesión de riesgo será solo un título», advierten fuentes de la Guardia Civil. Desde las organizaciones insisten en que no quieren una solución parcial que beneficie a quienes continúan en servicio y deje sin respuesta a los veteranos. «No queremos un parche para los activos y un vacío para los veteranos», han advertido en todo momento. El encuentro debía aclarar qué medidas estaba dispuesto a adoptar Interior y con qué garantías jurídicas y económicas, después de meses de conversaciones sin un acuerdo satisfactorio.
El doble bloqueo
El desencuentro llega en un momento especialmente delicado para las reivindicaciones de policías nacionales y guardias civiles. El Gobierno ha vetado la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que permitiría avanzar en la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación. La iniciativa acumula más de 77 prórrogas en el Congreso.
El pasado 10 de septiembre, el Ejecutivo remitió a la Cámara Baja un escrito en el que, al amparo del artículo 134.6 de la Constitución, expresaba su disconformidad con la tramitación de la proposición de ley por el impacto que, a su juicio, tendría sobre el gasto y los ingresos públicos. Con esa decisión, la vía parlamentaria quedaba bloqueada y la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Interior adquirió todavía más importancia para las organizaciones.
El Gobierno sostiene que ambos cuerpos ya están reconocidos formalmente como “profesión de riesgo”. Sin embargo, los sindicatos y las asociaciones profesionales denuncian que ese reconocimiento no se ha traducido en el acceso al sistema de coeficientes reductores que permite anticipar la jubilación a otros cuerpos policiales, como las policías locales, los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral.
La reivindicación no se limita a conseguir una declaración formal. Los representantes reclaman una solución con respaldo jurídico y presupuestario que permita adelantar la edad de jubilación sin una penalización económica y que no deje fuera a quienes ya se han retirado.
La paralización de las conversaciones, unida al bloqueo parlamentario, ha terminado por precipitar el encierro.
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