A Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, se le abre una oportunidad. La jueza instructora que lleva su causa se jubila el próximo agosto y ya se hacen cábalas sobre quién la sustituirá.
La persona que ocupe la plaza del juzgado de instrucción 19 la nombrará el Consejo General del Poder Judicial. Pero para eso quedan meses. Mientras tanto, González Amador intenta dilatar los plazos de su proceso hasta que la jueza decana de los juzgados de Plaza Castilla designe un instructor sustituto temporal. Ella es María Jesús del Barco, presidenta de la APM, la asociación mayoritaria de jueces de sesgo conservador.
Fuentes del caso consultadas por Artículo14 lo tienen claro: “Van a hacer todo lo posible por colocar un juez afín ahí. Y es relativamente sencillo”.
Sin embargo, hay una cosa clara. Que la pieza principal que investiga a González Amador por fraude fiscal y falsedad documental está muy avanzada, y acabará siendo juzgado por ello. “El delito fiscal no tiene vuelta de hoja. Le van a condenar sí o sí y no hay instructor que lo cierre”, explican las citadas fuentes del caso. La pareja de la presidenta madrileña evadió 350.951 euros al erario público en sus declaraciones de 2020 y 2021 con su empresa, Maxwell Cremona.
En lo peor de la pandemia, se dedicó a poner en contacto a compañías extranjeras con otras españolas para la compraventa de material sanitario. Entre las empresas con las que medió estaría la de Fernando Camino, presidente de Quirón prevención . Él mismo reconoció que no había pagado a Hacienda todo lo que correspondía y su defensa intentó llegar a un pacto de conformidad con la Fiscalía admitiendo ambos delitos. Se comprometió a pagar una multa de 490.000 euros y cumplir ocho meses de cárcel. Una pena que, al no tener antecedentes penales, podía evitar.
El devenir judicial del novio de Ayuso se torció cuando las acusaciones populares del caso representadas por Más Madrid y PSOE, analizando los datos fiscales de González Amador, se dieron cuenta de la comisión de otros dos posibles delitos. La jueza accedió a abrir una pieza separada por fraude fiscal y falsedad documental, que la Audiencia Provincial de Madrid avaló.
Una pata de la investigación que podría manchar el historial delictivo de González Amador, obligándole a cumplir la pena de cárcel de ocho meses que él mismo ofreció en la pieza principal.
En esta segunda pieza, Iglesias indaga en si González Amador compró la sociedad ‘Círculo Belleza’ a la mujer del presidente de Quirón por medio millón de euros en contraprestación a su intermediación para la compra de material sanitario durante la pandemia. A priori, la empresa estaba destinada a cumplir funciones de asesoría, pero en la inspección de hacienda se acreditó que la empresa no contaba con medios materiales suficientes, ni empleados para ejercer esa actividad.
Las cosas no están tan claras en este segundo bloque de la investigación, aún quedan diligencias para atar indicios sólidos sobre la comisión de estos delitos y un cambio de jueza instructora podría ser clave. Aun así, las fuentes consultadas por este periódico creen que cuentan con el aval de la Audiencia Provincial, órgano superior a los juzgados de Plaza Castilla, que ya dio el beneplácito de llegar al fondo de esta cuestión.
Para González Amador es esencial que una de las dos piezas caiga, porque de ir para adelante las dos sería muy probable que acabara en prisión. La pareja de Ayuso solo ha declarado una vez por esta segunda pieza. Él salió satisfecho de los juzgados pensando que, con sus explicaciones, la jueza acabaría cerrando esta pata.
El novio de Ayuso mantuvo que compró la sociedad porque el valor que le aportaba era la red de distribución que tenía la empresa. Los clientes, contactos y lugares a donde podía distribuir. Por ello, defendió que la operación no se trataba de una comisión encubierta, ni de un soborno. También documentó sus ingresos de Quirón Prevención.
Declaración Gómez Fidalgo
Este martes habrá novedades en la causa. Javier Gómez Fidalgo, el fiscalista que ayudó a González Amador a realizar esta ingeniería fiscal para evadir impuestos al fisco, tendrá que declarar. Lo hace como imputado en la pieza principal porque Iglesias consideró que “compareció durante el procedimiento inspector y realizó, en su nombre, numerosas alegaciones que luego se demostraron falsas”.
Además, Gómez Fidalgo es administrador de la sociedad Babia Capital, dueña del ático del que disfrutan González Amador e Isabel Díaz Ayuso justo encima de su casa. En su declaración, la pareja de la presidenta dijo que el fiscalista compró el ático como favor personal porque en ese momento no se podía permitir comprarlo y que le paga 5.000 euros al mes por él. Sin embargo, Más Madrid sospecha que su asesor sea un mero testaferro en todo el entramado. Por todo ello, tendrá que contestar este martes ante la jueza si no se acoge a su derecho a no declarar.