Ni hay explicación oficial de las causas del accidente, ni el Gobierno puede comprometerse con plazos, siquiera estimados, sobre cuándo será posible conocer esas respuestas. El descarrilamiento y la posterior colisión entre dos trenes el domingo, en Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado las vidas de 42 personas, ha sacudido la agenda política española. Y ha llevado al Gobierno, al PP y al resto de partidos, salvo Vox, a escenificar una suerte de tregua política que empieza a resquebrajarse.
“Todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso del siniestro están abiertas”, aseguró el martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que sólo quiso descartar la opción de un posible sabotaje. Las pesquisas se centran en un posible fallo en la vía o en el tren Iryo que descarriló en primer lugar.
A la espera de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aclare lo ocurrido -tienen un plazo legal de un año, que no se espera que apuren-, fuentes de Moncloa confirman que ya prevén la organización de un funeral de Estado por las víctimas.
La previsión es que se produzca pronto, “en unas semanas”, probablemente a lo largo del mes de febrero. Piden paciencia, toda vez que aún ni siquiera se han podido recuperar los cuerpos de todos los fallecidos. Y no pueden aclarar dónde se celebrará, aunque es probable que elijan Córdoba, donde se produjo el accidente, o Huelva, donde nacieron buena parte de las personas que han perdido la vida en el siniestro. La procedencia de las víctimas, reconocen, “pesa mucho” para tomar la decisión sobre este funeral laico.
También reclaman tiempo para coordinarse con la Casa Real y con la Junta de Andalucía, pero también con otras administraciones como diputaciones y ayuntamientos. La idea de convocar este acto para homenajearles en las próximas semanas sí es firme. A diferencia del esquema adoptado con el funeral de Estado por las víctimas de las riadas que provocaron la muerte de 237 personas el 29 de octubre de 2024, la mayoría de ellas en la provincia de Valencia. En esta ocasión, marcada por el fuerte choque institucional entre la Generalitat y el Ejecutivo central, hubo que esperar un año.
Moncloa apuesta por mantener la tregua política: “Lo quieren las víctimas”
La gravedad del accidente ha motivado una frágil tregua política que inicialmente sólo vulneró Vox, pero que ya empieza a resquebrajarse. En la tarde del martes, el PP pidió explicaciones a ADIF por la decisión de rebajar, provisionalmente, la velocidad máxima en un tramo de 150 kilómetros en la línea que une Madrid y Barcelona. Los maquinistas han reportado “baches”, y la previsión es levantar esa limitación -de 300km/h ha pasado a 160 km/h- el miércoles, tras revisar la vía.
Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP y diputado andaluz, reclamó “una aclaración de inmediato. “Los ciudadanos deben tener explicaciones y decisiones coherentes con una medida totalmente contradictoria con la anunciada hace meses. Esto no puede esperar”, escribió en su perfil en la red social X. Se refería al anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, que en noviembre afirmó que estudiaban elevar la velocidad máxima a 350km/h en esa línea. Otros dirigentes del PP le secundaron.
La línea de actuación de La Moncloa, hasta el momento, pasa por ensalzar la cooperación institucional con la Junta. Y por celebrar la actitud de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que ha dejado en segundo plano las críticas. “Desde el minuto cero se ha estado así”. “Las víctimas lo que quieren es esto. Que las administraciones trabajen codo con codo”, apuntan.
Recuerdan que hace meses el PP preguntó en el Senado por algunas incidencias detectadas en la zona, si bien “7 de las 8 [reportadas] no tienen nada que ver”, al estar relacionadas con problemas de las catenarias y señales. Y una de ellas habría sido solventada “en 24 horas”. “Todas esas incidencias no fueran en ese tramo”, insisten. “Decir que las incidencias previas no tienen nada que ver no es aventurado”, abundan.
Y hacen especial hincapié en alertar sobre los bulos, así como sobre el discurso “del miedo” de Vox. “El miedo a la población podría ser la única línea roja en la que estamos todos de acuerdo”, afirman. El partido de Santiago Abascal, que tres horas después del accidente ya señalaba al Gobierno, ha registrado una ofensiva parlamentaria que incluye peticiones de comparecencia del ministro Puente.
“Se darán todas las explicaciones necesarias”, aseguran desde Moncloa. A la vez, reconocen la preocupación por el riesgo de que el discurso “antipolítico” de Vox pueda calar. “Nos preocupa muchísimo”. Y esperan que esta forma de actuar se deje notar en las encuestas, que apuntalan desde hace meses el crecimiento del partido ultraderechista. “Ojalá”. Este tipo de discursos, sostienen, “es uno de los mayores peligros para los sistemas democráticos”; “Lo anormal es convertir las catástrofes en batallas políticas”.
Sánchez prevé retomar su reunión con Feijóo la próxima semana
La primera reunión entre Sánchez y Feijóo debía haberse celebrado el lunes, si bien la gravedad del accidente obligó a posponerla. La previsión de Moncloa es intentar “cuadrar agendas” para retomarla durante la próxima semana, afirman. Y reconocen que el contacto con el Gabinete del presidente del PP, con el que interlocutaron el domingo, no se recuperó hasta el lunes, después de que Feijóo afirmase no haber recibido información por parte del Ejecutivo. “Se les llamó después de la queja”.
Evitan criticar al líder del PP por este comentario -“respondía a una pregunta de un periodista”, y explican que los contactos se han mantenido con el presidente andaluz, que además es del mismo partido. Por el momento no ha habido ninguna conversación entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición, aunque en el Gobierno prometen compartir todos los hallazgos lo antes posible. En sus planes no entra dar por concluida esta tregua.
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