El Gobierno ha visto pasar la legislatura sufriendo para superar casi cada una de las votaciones en el Congreso de los Diputados. El propio Pedro Sánchez, en su balance político de mediados de diciembre, presumió de que han vencido “el 91% de las votaciones” en la Cámara Baja.
En 2025, el año político más difícil para Sánchez, han logrado que lleguen al Boletín Oficial del Estado un par de iniciativas legislativas más que en el año y cuatro meses previos, desde que comenzó la legislatura (agosto de 2023).
En 2024 vieron la luz 25 normas (entre ellas la reforma del artículo 49 de la Constitución), frente a las 27 del año que acaba. La mitad son reales decretos ley, también por encima de los 10 que vieron la luz el año anterior.
Y han logrado aprobar el nuevo pacto de Estado contra la violencia machista, que todos los grupos -menos Vox- empezaron a desarrollar ya en la pasada legislatura. El pacto de Estado contra la pobreza infantil encara su recta final, pero otros intentos de acuerdos de este tipo -como el pacto de Estado contra la emergencia climática-, permanecen en vía muerta.
La coalición PSOE-Sumar ha sufrido severas derrotas, entre ellas los dos naufragios consecutivos de la senda de estabilidad, la primera piedra del edificio de los Presupuestos Generales del Estado, que Sánchez ni siquiera ha vuelto a llevar a la Cámara Baja desde finales de 2022. La caída del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, la ley estrella de Yolanda Díaz, generó especial malestar en las filas del socio minoritario.
Con todo, en los dos años y cuatro meses de legislatura han logrado impulsar 52 normas, muy lejos de las 215 que aprobó el anterior Ejecutivo en algo más de tres años y medio de andadura. El cierre de esta etapa, pasado el ecuador de la legislatura, les deja poco espacio para el optimismo.
Puigdemont obvia el mea culpa de Sánchez y Podemos ve “muerto” al Gobierno
El año ha sido particularmente duro, marcado por los casos de supuesta corrupción de exdirigentes socialistas, y por las denuncias internas por presunto acoso sexual a mujeres. Sus aliados parlamentarios se han ido distanciando, y hasta el propio Sánchez reconoció en diciembre sus “incumplimientos” con Junts per Catalunya, su aliado más correoso.
Que entonase el mea culpa y retomase iniciativas que llevaban tiempo en los cajones de Moncloa no ha servido para convencer a los de Carles Puigdemont para que depongan las armas. Al menos, de momento.
Pese a la voladura de puentes anunciada por Junts, PSOE y Sumar han logrado aprobar algunas iniciativas durante la única semana de pleno en el Congreso en diciembre. Los tiempos, al menos, están de su parte: no se celebran plenos en la Cámara Baja desde mediados de diciembre, enero es inhábil y apenas se espera algún pleno para convalidar los dos reales decretos leyes aprobados por el Gobierno en el último Consejo de Ministros.
Las dos iniciativas tienen que ver con la prórroga del escudo social del Gobierno y las ayudas al transporte, que incluyen el nuevo abono único. Hasta febrero, cuando la Cámara empezará a recuperar velocidad de crucero, no está previsto que la coalición vuelva a evidenciar sus serios problemas para amarrar los votos que necesita. Y esto, teniendo en cuenta las elecciones aragonesas del 8 de febrero, o las castellanoleonesas -aún por convocar-, está por ver.
Lo habitual es que un nuevo ciclo electoral como el que comenzó en Extremadura suponga que todos los partidos que se baten en las urnas endurezcan discursos. También que sea aún más complicado que se pongan de acuerdo.
Junts llega a esta cita advirtiendo a Sánchez de que no tendrá Presupuestos en 2026, como ya anticipa también Podemos. El mismo partido que considera “muerto” al PSOE, y arremete contra el Ejecutivo por ser “una fábrica de ultraderechistas”. Las dos fuerzas atesoran siete y cuatro valiosísimos escaños, respectivamente.
Y ambos se muestran muy reacios a darle tregua al Gobierno. Contrarios a abrir el grifo de sus votos, salvo cuando sirvan para impulsar iniciativas de su cosecha o muy alineadas con sus prioridades políticas. A menudo, además, sus recetas políticas son totalmente contrarias.
Si a esto se suma que el escaño de José Luis Ábalos quedó inutilizado tras su entrada en prisión provisional, y que en las votaciones clave se mantuvo junto al Ejecutivo, el escenario se revela aún más complejo.
El PNV prevé elecciones en 2026
El PNV ha ido incrementando estos meses la intensidad de las alertas a sus socios. Su presidente, Aitor Esteban, cree que todo apunta a que la legislatura terminará en 2026. Horas antes del batacazo electoral del PSOE en Extremadura, Esteban concedió una entrevista a La Sexta y enfatizó que Sánchez “ya no tiene una mayoría”.
El exportavoz parlamentario jetzale, además, reconoció que los escándalos que afectan al PSOE generan “un ruido tremendo, semana a semana”. Por eso vaticinó que el presidente está “explorando la demoscopia para convocar elecciones”, como “hizo hace unos años tras unas municipales” (julio de 2023).
Esteban, al que aliados y adversarios atribuyen olfato político desde hace años, también alertó de la situación del jefe del Ejecutivo, porque cree que no está reaccionando ante los frentes abiertos: “Cierra los ojos y no quiere ver la realidad”.
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