Este jueves, la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha demandado a Mañaneros 360, presentado por Javier Ruiz y Adela González. El motivo de la demanda es un rótulo del programa, que califican de información “tendenciosa” y que “no se ajustaba a la verdad”.
La denuncia del Gobierno de Ayuso contra Mañaneros 360, de Javier Ruiz
El rótulo por el cual se ha emitido la demanda por parte de la Comunidad de Madrid fue emitido el pasado 1 de diciembre. Este decía: “Ayuso premia a la acusación contra el fiscal. Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal, y después, licencia para convertirse en universidad”.
Este acompañaba un reportaje del programa Mañaneros 360, presentado por Adela González y Javier Ruiz en La 1.
La información trataba de una subvención por parte del ejecutivo presidido por Ayuso al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). La institución tiene un papel en la acusación contra Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado.
El día 2 de diciembre se envió una comunicación oficial al director del programa, Pablo del Pozo. Fue justo un día después de la emisión del mencionado rótulo.
Esta fue remitida por el Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. Él solicitó la rectificación de la información de la jornada anterior.
De acuerdo con EFE, el Consejo de Gobierno fue informado de que se había encargado a la Abogacía General de la Comunidad el inicio de acciones legales en la vía civil contra Mañaneros 360. Así consta en el listado de acuerdos aprobados por el Consejo.
La explicación de la Comunidad de Madrid a RTVE
En la explicación de su solicitud, que ha acabado en demanda, el Ejecutivo encabezado por Ayuso envió una explicación al director del programa de Javier Ruiz. “La Comunidad de Madrid cumple la obligación legal reflejada en el artículo 119 de la Constitución Española del derecho a la asistencia jurídica gratuita”, explican.
A esto, agregaron que la Ley recoge que “son las comunidades autónomas quienes asumen en el ejercicio de sus competencias la financiación de este servicio. Y corresponde a los colegios profesionales de la Abogacía y Procura su organización y prestación”.
Este servicio, según el consejero, “se viene presentado y abonando a los colegios profesiones, entre el ICAM, desde que la Comunidad de Madrid asumió en 2003 las competencias en materia de Justicia“.
El encargado de la Consejería culminaba alegando que “cualquier intento de vincular el abono de los servicios de asistencia jurídica gratuita a los profesionales de la abogacía y la procura con otro tipo de circunstancia responde sólo, a nuestro juicio, a un deseo de desinformar y confundir a los ciudadanos, intentar desprestigiar a la Comunidad de Madrid y al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid”.
Por lo tanto, al pasar unos días desde el envío de la notificación de rectificación y no obtenerla, se ha iniciado este proceso legal contra el programa de RTVE.