A las siete de la mañana del domingo el asesino, llamó a su expareja, con la que tiene dos hijos, y le confesó que acababa de matar a puñaladas a Maritza, su flamante esposa. Fue esta mujer quien dio aviso a los servicios de emergencia de lo que había ocurrido.
No se sintió preparada para denunciar, llevaba poco en España
Maritza llevaba poco en España. De hecho, sus cinco hijos, hoy huérfanos, dos niñas menores de edad y tres varones adultos que viven con su padre en Perú, de donde era originaria. En septiembre del año pasado, recién llegada de su tierra, Maritza sufrió una agresión por parte de su pareja de la que fueron testigos unos agentes. Tras hablar con ella y explicarle sus opciones, la mujer decidió no denunciar a su agresor. Algo bastante frecuente entre las víctimas de violencia de género y más común en mujeres migrantes que desconocen las leyes y derechos que las protegen una vez que llegan aquí.
Suelen desconfiar de la policía, no tienen redes de apoyo y a esas circunstancias se unen las razones más comunes de estas mujeres: no reconocerse como víctimas de violencia, normalizar las agresiones, el miedo a su agresor, dependencia emocional, económica, el estigma, sentirse responsables y culpables, entre otras.
Protocolo Cero, cuando la mujer no quiere denunciar
En cualquier caso y, a pesar de la negativa de Maritza, se puso en marcha el conocido como Protocolo Cero, una herramienta que las fuerzas de seguridad utilizan cuando las mujeres no quieren formalizar la acusación contra sus maltratadores. La Inspectora Jefa de la UFAM, la unidad de Atención a la Familia y Mujer que se encarga de investigar y atender a las víctimas de violencia de género, doméstica y sexual, Elena Palacios, explicaba en una entrevista a Artículo14 cómo funcionaba el este protocolo.
Se pone en marcha todo el sistema
“Es una actuación que llevan a cabo las radiopatrullas, para entendernos. Cuando detectan una situación de maltrato y la víctima no quiere denunciar, los policías van a estar pendientes, van a recabar toda la información que puedan que luego van a plasmar en un documento que va a dar inicio a una actuación policial. Aunque la víctima no quiera acompañar a los agentes a comisaría, aunque diga que ella controla la situación, que no quiere denunciar, que no es el momento, que no está empoderada. Todavía hay muchas circunstancias por la que una víctima no quiere denunciar o sencillamente está coaccionada o amenazada por parte de de la familia o por su el propio agresor. Se lo vamos a comunicar a la autoridad judicial y vamos a hacer gestiones para para intentar protegerla, vamos a hacer la valoración del riesgo, vamos a hacer todo exactamente igual que como si hubiera denunciado“.
Sentencia condenatoria, pero meses sin la orden de alejamiento
Así ocurrió en el caso de Maritza. No se sintió preparada para denunciar en septiembre, pero el sistema se puso en marcha. Se inició un procedimiento judicial que desembocó en una condenada que se dictó el 27 de mayo pasado y que incluía una orden de alejamiento, que no se llegó a ejecutar. Es decir, a pesar de que el sistema VioGén, sin la colaboración de Maritza, arrojó un resultado de riesgo medio, no estaba en vigor la orden de protección casi nueve meses después.
Catorce mujeres asesinadas este año
Se da la circunstancia de que la sentencia condenatoria llegó unos días después de que Maritza y su asesino formalizasen su unión matrimonial, este mismo mes de mayo. Maritza es la víctima mortal por violencia de género número 14 en lo que va de año y la 1.308 desde 2003.