Los persistentes fallos de las llamadas pulseras Cometa, unos dispositivos diseñados para verificar que los agresores cumplen las prohibiciones de aproximación a las víctimas de violencia de género impuestas por la Justicia, han causado una considerable preocupación en la sociedad española sin que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, haya accedido a comparecer a petición propia ante las Cortes para dar explicaciones sobre el alcance de las incidencias.
Y eso a pesar de trascender testimonios que acreditan la angustia de las víctimas como los recogidos por Artículo14. “Nadie se puede imaginar lo que es eso. Me he sentido muy humillada, bloqueada, derrumbada. Dolida por la justicia, por la policía, por el sistema y por la sociedad. Si el sistema no funciona cien por cien, ¿por qué nos lo imponen? No lo entiendo. Me he sentido muy desprotegida, muy sola”, describió una víctima que tenía que haber notado la protección de las pulseras telemáticas y acabó desamparada.
¿Por qué el Ministerio de Igualdad ocultó a la opinión pública los fallos del sistema? ¿Por qué no actuó? ¿Cuántas mujeres se han visto afectadas? ¿Cómo se van a mejorar las deficiencias detectadas desde hace años en un sistema que, si bien ha demostrado su eficacia en muchas ocasiones también ha dejado al descubierto efectos indeseables como la absolución de maltratadores? ¿Cuántos casos han tenido que archivarse y cuántos maltratadores han sido absueltos?
La ministra debería responder al menos estas preguntas ante las Cortes y no descargar la responsabilidad en la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, que comparecerá este jueves ante el Congreso. Será ella quien, quizá, clarifique durante cuánto tiempo se han alargado las incidencias, una cuestión de enorme confusión puesto que fuentes de Igualdad han hablado de entre cuatro y ocho meses, así como de una solución cerrada el año pasado.
Pero comparecencias ante el Congreso como la de la jueza María Tardón Olmos, magistrada del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional, sugieren que los problemas con las pulseras Cometa han ido bastante más allá. “Son frecuentes los problemas de cobertura que padece el sistema, es necesario abordar su mejora técnica. Igualmente, es imprescindible que el Centro Cometa mejore la información que remite a los juzgados. No es excepcional que el dispositivo se convierta, en ocasiones, en un auténtico instrumento de tortura para la víctima, que, a veces, recibe de madrugada la advertencia de que su agresor está fuera de control”, recoge un informe aprobado en el Congreso de la subcomisión para la actualización del pacto de Estado en materia de violencia de género.
Hasta el momento, la duda que Redondo se ha prestado a despejar es que no piensa dimitir. Su versión, en una de las pocas declaraciones que ha realizado ante los medios (este lunes en laSexta) es que hubo “errores técnicos” en la migración de datos al cambiar la operadora que prestaba el servicio. No precisó dato alguno sobre las mujeres que se han visto afectadas por este problema técnico, refugiándose en la nebulosa de un “sistema complejo”, y subrayó, en todo caso, que ninguna mujer ha sido asesinada beneficiándose de la seguridad de un dispositivo diseñado para casi 5.000 víctimas de violencia de género.
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