Hay hombres en España que han maltratado a más de una mujer. Algunos, a cuatro. Otros, a cinco. Incluso a trece. No son casos aislados; el Ministerio del Interior tiene identificados en el sistema VioGén a más de 83.000 agresores con múltiples víctimas, un dato actualizado que confirma la dimensión de un problema estructural.
La reincidencia no solo existe, sino que es elevada. Según Instituciones Penitenciarias, el 41,6 % de los maltratadores vuelve a delinquir, una tasa que duplica la media general. En la práctica, significa que cuatro de cada diez agresores reinciden, muchas veces en los primeros años tras cumplir condena. Para el psicólogo especializado en violencia de género José Antonio García, estas cifras no sorprenden, pero sí evidencian un fallo profundo: “Que haya más de 75.000 maltratadores con varias víctimas es una cifra alarmante y evidencia un fracaso en la reinserción”.
Un patrón que se repite
El perfil del agresor reincidente está lejos del estereotipo del enfermo mental. No se trata, en la mayoría de los casos, de una patología clínica. “Nos encontramos con hombres con un sistema de creencias sexistas muy profundo. La violencia no es un impulso, es su herramienta para ejercer poder, dominio y superioridad sobre las mujeres”, explica García.
Este elemento es clave para entender por qué el castigo penal, por sí solo, no frena la reincidencia y el motivo por el que los programas de intervención actuales, no logran modificar esas estructuras de pensamiento. “Si no trabajamos esas creencias, no hay cambio real. La cárcel por sí sola no transforma nada. Van a salir y van a repetir el patrón con otra víctima”, advierte.
Más de 25.000 mujeres alertadas
En los últimos años, Interior ha comenzado a informar a algunas víctimas de que su agresor ya había maltratado antes. Es una medida relevante, pero limitada. Según los últimos datos, 25.037 mujeres han sido alertadas de que su pareja o expareja tenía antecedentes por violencia de género. Son más de 5.000 avisos adicionales en apenas unos meses.
Sin embargo, la información se facilita de forma individualizada y sólo cuando se considera “proporcional y necesario”, generalmente cuando el riesgo ya es elevado. Es decir, cuando la mujer ya ha entrado en el circuito de la violencia. El propio García subraya el problema: “La información es una forma de prevención. Si una mujer supiera desde el principio con quién está, podría tomar decisiones distintas. El problema es que nunca empieza con violencia visible; empieza con manipulación”. En ese punto, el sistema sigue siendo reactivo. Advierte, pero tarde.
Sistema judicial insuficiente
La reincidencia se alimenta también de la respuesta judicial. Según datos de la Fiscalía, más de un 70 % de los condenados por violencia de género en 2022 no ingresaron en prisión. A esto se suma que muchos agresores quebrantan órdenes de alejamiento o intentan inutilizar dispositivos de control sin consecuencias inmediatas. En paralelo, cerca del 40 % de los feminicidios son cometidos por hombres con antecedentes.
Y la pregunta es inevitable, ¿cuántas señales son necesarias para considerar a un agresor un riesgo real? Para García, el problema es doble: Castigos poco disuasorios y ausencia de seguimiento real. “Los programas con agresores llevan años sin revisarse y muchos participan sin motivación. Así no se produce ningún cambio. Es el caldo de cultivo perfecto para que el maltrato en serie continúe”.
El espejo británico: Clare’s Law
Mientras España peca de cautelosa, otros países han apostado por modelos más preventivos. En Reino Unido, la Clare’s Law permite a cualquier persona consultar si su pareja tiene antecedentes por violencia de género. También habilita a la policía a informar de oficio si detecta riesgo. Desde su implantación, se han registrado más de 60.000 solicitudes.
García ve en este modelo una herramienta útil, aunque con matices: “Dar información a las mujeres les devuelve el control. Les permite decidir libremente y salir de esa indefensión. Pero hay que hacerlo bien, porque estos agresores son expertos en manipulación”.
En España, sin embargo, el acceso a esa información está limitado por la protección de datos. Solo se comunica en contextos muy concretos y, generalmente, cuando ya existe denuncia. La diferencia es clara; mientras otros sistemas intentan anticiparse, el español sigue actuando cuando el daño ya ha comenzado.
Política sin medidas concretas
En este contexto, la respuesta política sigue generando dudas. Esta misma semana, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha insistido en la necesidad de endurecer la respuesta frente a los reincidentes. “Creo que los reincidentes en ningún caso pueden tener como medida acciones en favor de la comunidad”, afirmó. También añadió que “hay que hacer un seguimiento muy particular de todos ellos una vez que son puestos en libertad”.
Sin embargo, más allá de estas declaraciones, no se han concretado reformas inmediatas. La propuesta queda en el terreno de la intención, pendiente de valoración con el Poder Judicial y la Fiscalía. El contraste con los datos es evidente: El problema está identificado, cuantificado y analizado desde hace años, pero las soluciones siguen sin materializarse con la urgencia que requiere.
Los agresores reincidentes no solo repiten, sino que lo hacen con mayor rapidez e intensidad en cada nueva relación. Quiebran más medidas de protección, anticipan la violencia y aumentan su peligrosidad. “Los maltratadores, si no se trabajan, son maltratadores en serie. Van a seguir reproduciendo ese patrón porque es su forma de relacionarse”, resume García.
La conclusión es incómoda, pero clara: el sistema sabe quiénes son, sabe cómo actúan y sabe que volverán a hacerlo. Lo que sigue sin resolver es cómo impedirlo. El reflejo de un sistema que llega tarde, que castiga poco y que, pese a tener toda la información, sigue sin proteger a tiempo a quienes más lo necesitan.