El próximo domingo, mujeres residentes en toda Irlanda están convocadas a participar en una movilización masiva para protestar por la ley de familia irlandesa, que se aplica a los procedimientos de separaciones conflictivas con hijos. Buena parte de las mujeres convocadas son extranjeras y, entre ellas, hay varias españolas, que han denunciado a sus exparejas por violencia machista. Ahora aseguran ser víctimas de violencia institucional por el sistema judicial irlandés.
Las convocantes denuncian que la administración irlandesa minimiza la violencia de género y, cuando las mujeres afectadas intentan denunciarla, se encuentran ante agentes sin formación ni conocimiento de las violencias machistas o el control coercitivo.
Por otra parte, ley de familia irlandesa, cuando hay menores involucrados, establece la aplicación de la denominada in camera rule (audiencia a puerta cerrada, en su traducción del inglés), que prohíbe a las mujeres compartir cualquier información de sus procedimientos judiciales para preservar la intimidad del menor. Esto incluye la prohibición para las mujeres afectadas -muchas de ellas víctimas de violencia de género-, de tratar el tema con psicólogos o familiares cercanos, bajo pena de multas que pueden ascender a 50.000 euros o prisión de hasta 12 meses. Quien rompe la regla se expone a que el propio tribunal use esa conducta en su contra dentro del procedimiento familiar (por ejemplo, en la valoración de la custodia, si se considera que perjudica el interés del menor). En la práctica esto impide evaluar públicamente los casos de errores judiciales o malas praxis y dificulta el acceso a la prensa. Precisamente por ello, las mujeres que se manifiesten el domingo prevén hacerlo ocultas al estilo de la serie “El cuento de la criada”.
Una de las víctimas españolas, Rocío, -nombre ficticio-, ha denunciado episodios de violencia física de su marido. Como consecuencia de años de convivencia supuestamente abusiva, decidió separarse en 2015. Comenzó entonces una batalla legal que continúa a día de hoy.
Otra de las mujeres españolas que denuncian el sistema judical irlandés, Emilia -de nuevo nombre ficticio-, asegura que el comportamiento violento por parte de su pareja empezó al nacer su hijo. Afirma haber sido víctima de violencia psicológica, emocional, financiera y sexual y en el final de su relación, también física. Inició los trámites de separación en 2017 y desde entonces ha sido denunciada por su expareja en decenas de ocasiones. Tendrá que afrontar una cincuentena de juicios, de los cuales, en los últimos 9 años, se han celebrado una docena. Emilia asegura que de esta manera su exmarido ejerce control coercitivo sobre ella, puesto que acaba entregada a preparar los múltiples procedimientos, situación que la ahoga económicamente -en Irlanda los abogados pueden costar decenas de miles de euros-, además de aislarla socialmente por las horas de dedicación a su situación procesal. El hijo que tienen en común ha tenido dos episodios de pensamientos suicidas.
Las mujeres españolas consultadas han acudido a la Embajada española en Irlanda para explicar su situación. Según testimonios trasladados para este reportaje, no obtuvieron respuesta.
La campaña Derecho a Transparencia, (Right to Transparency es su nombre en inglés) impulsada por un movimiento de mujeres supervivientes, abogadas, profesionales y reformadoras del sistema legal irlandés, exige mejoras en la ley de familia irlandesa. Entre los objetivos de Derecho a Transparencia se incluye que los tribunales de familia sean más transparentes, que el control coercitivo sea reconocido y que la seguridad de las madres y los niños pese realmente en las decisiones judiciales. Las mujeres impulsoras reclaman que periodistas, profesionales del derecho y organizaciones especializadas puedan conocer y examinar los procedimientos, preservando la identidad de las familias cuando sea necesario.
Pero la denuncia va más allá de la transparencia. La campaña pide que, antes de decidir sobre la custodia y el régimen de visitas, se investigue la existencia de la violencia de pareja o control coercitivo. También reclama que las mujeres tengan acceso a asistencia jurídica suficiente, que las evaluaciones de madres y menores estén realizadas por profesionales formados en violencia de género y que no se parta de la idea automática de que mantener el contacto con el padre es siempre lo mejor para un niño.
La magnitud del problema no es pequeña. La organización feminista irlandesa Women’s Aid registró en 2025 más de 62.000 casos de violencia doméstica, de las que más de 57.000 correspondían a mujeres. Los casos relacionados con control coercitivo superaron los 11.000. En este contexto, las mujeres extranjeras cuentan con una vulnerabilidad añadida: habitualmente se encuentran lejos de sus familias y con poca o nula red social en Irlanda.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.