Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado será imputado por un presunto delito de revelación de secretos. El Tribunal Supremo ha dado luz verde a la tramitación de la querella contra Álvaro García Ortiz por ordenar la difusión de datos personales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Una noticia que Artículo14 ya adelantó en exclusiva el pasado mes de septiembre, cuando informó que el Alto Tribunal se preparaba para asumir la exposición razonada enviada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La filtración, publicada desde la Fiscalía General del Estado a instancias del propio García Ortiz, revelaba información sobre la situación procesal de González Amador, acusado de fraude fiscal. La decisión del fiscal general de hacer públicos esos datos provocó un terremoto político y judicial que culmina ahora con su imputación formal.
Delito de revelación de secretos
En septiembre, Artículo14 anticipó el rumbo de los acontecimientos. “En los próximos días el Supremo admitirá, previsiblemente, a trámite la exposición razonada del TSJM”, señalaba entonces este medio. Y así ha sido. El Alto Tribunal designará a un magistrado instructor que deberá citar a declarar a García Ortiz como imputado, garantizando su derecho a la defensa.
La querella, promovida por el abogado de González Amador, se apoyaba en el criterio del juez del TSJM Francisco José Goyena, quien consideró que la publicación ordenada por García Ortiz podría constituir un delito de revelación de secretos. El magistrado argumentó que la “cabal prosecución” de las diligencias exigía escuchar la versión del fiscal general, dada su implicación directa.
“Tensiones internas”
Además del impacto judicial, el caso ha desatado una tormenta política sin precedentes. La número dos de la Fiscalía, Ángeles Sánchez Conde, se ha visto en la comprometida posición de tener que pronunciarse sobre la actuación de su superior jerárquico. Una situación que desde el entorno judicial definen como “una anomalía” y que ilustra, según esas mismas fuentes, “las tensiones internas a las que está sometida la institución”.
Pese a su imputación, García Ortiz ha descartado dimitir. Asegura que actuó conforme a derecho y que su único objetivo fue “desmentir un bulo” difundido —según su versión— desde el entorno de Ayuso. En una carta remitida al TSJM, el fiscal general sostuvo que no reveló información nueva, sino que respondió a filtraciones ya existentes.
El Gobierno respalda a García Ortiz
La defensa de García Ortiz ha sido respaldada públicamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha denunciado una maniobra política tras la imputación. “¿Se le va a imputar por eso al fiscal general del Estado?”, se preguntó retóricamente en declaraciones recientes, en las que insistió en que la publicación de la nota fue una respuesta necesaria para proteger a la Fiscalía.
Pero la respuesta judicial ha sido clara. Salvo un giro inesperado, García Ortiz se convertirá en el primer fiscal general del Estado en sentarse en el banquillo. Un paso judicial histórico que Artículo14 no solo adelantó, sino que contextualizó dentro de un clima de creciente tensión entre el Gobierno y la Judicatura. Fue durante la solemne apertura del Año Judicial, presidida por primera vez por una mujer, Isabel Perelló, cuando el foco se centró en este proceso. Perelló reivindicó entonces la independencia judicial y pidió “el fin de los ataques a la Justicia”. Palabras que hoy cobran nueva dimensión.
Con este nuevo capítulo, el equilibrio entre el poder ejecutivo y el judicial vuelve a estar en el centro del debate. Y con la instrucción ya en marcha, todas las miradas se dirigen al Supremo. Porque, como adelantó Artículo14, la Justicia está llamada a hacer historia.