María (nombre ficticio, por temor a las consecuencias judiciales) se compró un piso en Málaga hace 20 años con el dinero de una indemnización que obtuvo por el fallecimiento de su hijo en un accidente laboral. Ella vive en Jaén, pero su hija Laura (nombre también ficticio) vive en Málaga. Su idea era alquilar la casa para terminar de pagarla y poder mudarse cerca de su hija en el futuro. Ahora no puede disfrutar de esa vivienda por culpa de “una ocupación ilegal”, denuncia.
Laura, la hija de María, cuenta indignada la historia de su madre: “Vive en Jaén a 300 km, está delicada de salud, se está quedando ciega, se tiene que operar y quiere venirse a Málaga para vivir conmigo, pero obviamente no puede porque la vivienda está ocupada”.
Una inmobiliaria encontró en 2015 a un arrendador de la vivienda. Las condiciones eran buenas: 600 euros de alquiler por un piso en el centro de Málaga de cien metros cuadrados. “Mi madre no quería especular con el piso pagado por la muerte de mi hermano”, explica Laura. El inquilino pagó los primeros años hasta que se aprobó el Real Decreto para la suspensión de desahucios por la pandemia: “Llevan sin pagar desde 2020, la deuda asciende a 22.000 euros”, asegura Laura.
Antes de iniciar el periplo judicial intentaron llegar a un acuerdo: “Le llamamos para decirle que si abandonaba la casa le perdonábamos la deuda. Pero se rieron de mi madre, le dijeron que la asistencia social le había dicho que de ahí no los movía nadie”, relata indignada Laura.
Tienen dos sentencias que les da la razón, pero debido a la suspensión de desahucios no pueden ejecutarse. Laura reside en un piso de alquiler en el que no cabe su madre y vive con desasosiego la situación porque ya se han gastado mucho dinero en abogados: “Están creando dos vulnerables: el inquilino y el propietario. Es una expropiación encubierta”, sentencia Laura.
Han perdido la esperanza porque piensan que el Real Decreto seguirá ampliándose hasta su instauración permanente. De hecho, esta misma semana, el Gobierno prorrogó la prohibición de los desahucios hasta 2028. Lo cierto es que en la letra pequeña el Decreto contempla casos como el de María y brinda a los arrendadores la opción a una compensación económica por tener que permitir a inquilinos quedarse en sus propiedades sin pagar. Pero Laura asegura que es difícil acceder a esta compensación.
Con esta ley, el Gobierno ha conseguido proteger a las familias que quedaron más vulnerables tras la pandemia. En datos, el número de desahucios en 2023 descendió un 30,3% con respecto al año anterior. La mayoría de ellas, personas que no pueden pagar la mensualidad. De los 7.424 lanzamientos, el 73,1% fueron por impagos del alquiler, según los datos del Consejo general del Poder Judicial.
Sin embargo, casos como el de María quedan sin contabilizar en ningún registro. Arrendadores que con el Decreto Ley quedan en una situación vulnerable y que la Administración no está teniendo en cuenta.