El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha denunciado que la Real Academia Española (RAE) decidió “por su cuenta” que Panamá sea la sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), sin comunicación previa a las instituciones implicadas. Según explicó en un encuentro con medios para repasar el curso, el Cervantes tuvo conocimiento de la elección no por los canales institucionales habituales, sino a través de comentarios de otras academias de la lengua.
García Montero describió una doble obligación: por un lado, mantener la relación diplomática con Panamá, país que no tiene responsabilidad en el conflicto; por otro, “no permitir las ofensas a una institución de Estado”, en referencia al Instituto Cervantes, que —según afirmó— se repiten por parte del director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.
El responsable del Cervantes aseguró que sostiene todas sus declaraciones previas sobre Muñoz Machado y reiteró que la Academia “necesita un filólogo de calidad y no un abogado de negocios”. Sus críticas remiten al enfrentamiento abierto el pasado octubre, cuando calificó al director de la RAE como “un catedrático de Derecho Administrativo dedicado a gestionar asuntos para grandes empresas desde su despacho privado”. Aquellas afirmaciones marcaron un punto de tensión que se hizo visible durante el CILE celebrado en Arequipa (Perú), donde la relación entre ambas instituciones ya era manifiestamente delicada.
La controversia se ha reactivado ahora por la designación de la sede del próximo Congreso. Lo habitual es que el anuncio se realice conjuntamente durante la clausura del CILE y con la presencia de los directores de las entidades organizadoras, pero este procedimiento no se siguió. En el acto de cierre no se comunicó la nueva sede y tampoco asistieron ni García Montero ni Muñoz Machado, una ausencia conjunta que rompió con la tradición protocolaria y evidenció la falta de sintonía institucional.
La decisión de celebrar el próximo Congreso en Panamá, comunicada sin consenso, expone una fractura creciente entre la RAE y el Instituto Cervantes sobre el modo de coordinar la política lingüística internacional. El desencuentro se suma a un clima de recelos que, según García Montero, solo podrá resolverse con transparencia en los procedimientos y con un liderazgo académico que ponga por delante el criterio filológico.