La madrugada de este miércoles 28 de octubre ha dejado una imagen poco habitual en Madrid: agentes de la Policía Nacional desalojando a representantes de su propio cuerpo y de la Guardia Civil. Un total de 16 dirigentes sindicales y de asociaciones profesionales han abandonado la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad después de protagonizar un encierro para exigir mejoras en sus condiciones de jubilación. La protesta comenzó el martes por la tarde y terminó con la intervención de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).
Los policías encerrados habían anunciado que permanecerían indefinidamente en las instalaciones del Ministerio del Interior hasta conseguir un compromiso sobre el reconocimiento de ambos cuerpos como profesiones de riesgo. Su decisión llegó después de una reunión con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, en la que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska comunicó la suspensión de las negociaciones por la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La intervención policial puso fin a una movilización que sus convocantes habían calificado de inédita. Aunque inicialmente aseguraron que no abandonarían voluntariamente el edificio, los representantes terminaron saliendo de manera pacífica para evitar un enfrentamiento con los agentes encargados del desalojo.
Los policías encerrados abandonan Interior tras la intervención de la UPR
El encierro comenzó alrededor de las 18:00 horas del martes 27 de octubre, en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, situada en la calle Amador de los Ríos de Madrid. Participaron representantes de sindicatos policiales como Jupol, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP), junto con distintas asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Durante la noche, los participantes mantuvieron su intención de continuar la protesta. Incluso denunciaron dificultades para introducir agua y comida en las instalaciones mientras reclamaban la presencia de Grande-Marlaska.
Finalmente, Interior movilizó a efectivos de la UPR para proceder al desalojo. El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, explicó posteriormente que los representantes habían decidido abandonar el edificio para «no poner en un compromiso a los compañeros de la UPR».
Rivero también señaló que se les había advertido de posibles consecuencias por desobediencia y ocupación de un edificio público. Según su versión, permanecer en las instalaciones habría podido provocar situaciones perjudiciales para las reivindicaciones del colectivo.
Las imágenes difundidas durante la madrugada mostraron el desenlace de una protesta que había adquirido una considerable repercusión. Sin embargo, el desalojo no resolvió el conflicto que originó la movilización: las diferencias entre Interior y los representantes de ambos cuerpos sobre sus futuras condiciones de jubilación.
Por qué los sindicatos reclaman una jubilación diferente
El principal motivo de las protestas es la exigencia de que la Policía Nacional y la Guardia Civil reciban un tratamiento equivalente al de otros cuerpos policiales en materia de jubilación. Las organizaciones consideran que la peligrosidad y las exigencias físicas de su actividad profesional justifican medidas específicas que permitan mejorar las condiciones de retiro.
Entre sus reivindicaciones figura el reconocimiento de ambas profesiones como actividades de riesgo, con consecuencias efectivas sobre el régimen de jubilación. También reclaman corregir las diferencias que denuncian respecto a determinadas policías autonómicas y locales.
Los representantes sindicales sostienen que llevan meses participando en reuniones sin obtener garantías suficientes. La expectativa era que el encuentro del martes permitiera concretar avances. Sin embargo, la reunión terminó después de aproximadamente media hora, según el relato ofrecido por Rivero.
El desacuerdo desembocó inmediatamente en el encierro. Las organizaciones participantes insistieron en que necesitaban compromisos jurídicos concretos que no quedaran condicionados a la composición del próximo Ejecutivo.
Interior aplaza las negociaciones hasta después de las elecciones
El Ministerio del Interior ofrece una interpretación distinta sobre el desenlace de las conversaciones. El departamento asegura que ha trabajado para mejorar las condiciones de jubilación de policías nacionales y guardias civiles y recuerda que el carácter especialmente penoso, peligroso e insalubre de sus funciones ya tiene reconocimiento en el ámbito retributivo.
Según su explicación, una mesa técnica presidida por Aina Calvo ha celebrado seis reuniones para estudiar posibles mejoras tanto en el régimen general de la Seguridad Social como en el sistema de clases pasivas.
El obstáculo, sostiene Interior, es la convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que impide continuar avanzando en este momento. Por ello, el ministerio ha manifestado su disposición a reanudar el diálogo durante la próxima legislatura.
Los sindicatos, sin embargo, rechazan que el proceso termine sin un acuerdo y consideran insuficiente aplazar las decisiones hasta después de los comicios. La salida de los policías encerrados pone fin a la protesta dentro del edificio, pero deja abierto un conflicto laboral cuya resolución dependerá de que se retomen las negociaciones y se alcancen compromisos concretos sobre la jubilación de ambos cuerpos.