El próximo 3 de marzo de 2025, España implementará una nueva normativa que refuerza de manera significativa los derechos de los trabajadores frente a situaciones de impago salarial. Este cambio, que modifica el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, establece criterios más claros y objetivos para que los empleados puedan solicitar la extinción de su contrato laboral con derecho a indemnización y prestaciones del SEPE en caso de incumplimiento por parte de sus empleadores. La nueva normativa para la extinción del contrato representa un avance crucial en la protección laboral y un mensaje contundente para las empresas.
Los cambios clave en la normativa para la extinción del contrato en 2025
La reforma introduce dos conceptos fundamentales que permiten a los trabajadores solicitar la extinción de su contrato en casos de impago o retraso salarial. Bajo estos nuevos parámetros, los empleados estarán protegidos en situaciones que anteriormente podían ser más ambiguas o difíciles de demostrar. Las dos circunstancias que justifican la extinción del contrato son:
- Retraso grave en el pago del salario: Si un trabajador no recibe su salario durante un período ininterrumpido de seis meses, podrá solicitar la extinción de su contrato. Este cambio elimina la incertidumbre para los empleados que enfrentan retrasos prolongados en sus nóminas.
- Impago grave del salario: Cuando un trabajador acumula tres mensualidades completas impagadas dentro de un período de un año, aunque no sean consecutivas, tendrá derecho a extinguir su contrato. Esto protege a los empleados frente a situaciones de incumplimientos salariales reiterados.
Ambos casos otorgan al trabajador el derecho a una indemnización justa y al acceso a las prestaciones por desempleo gestionadas por el SEPE. Estos criterios, claros y objetivos, buscan prevenir abusos y fortalecer la posición de los empleados en su relación con las empresas.
Eliminación de atenuantes y mayor rapidez judicial

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo en el Gobierno de Sánchez | Kilo y Cuarto
Otra de las novedades destacadas de esta reforma es la eliminación de posibles atenuantes que los tribunales podían considerar a favor de las empresas, como la escasa cuantía de la deuda salarial. Ahora, si se cumplen los requisitos de impago o retraso establecidos, el trabajador tendrá derecho a la extinción del contrato y a la correspondiente indemnización, sin excepciones.
Asimismo, la reforma introduce mecanismos para agilizar los procedimientos judiciales relacionados con la extinción del contrato por impago. Esto permitirá que los empleados obtengan resoluciones más rápidas y efectivas, reduciendo los tiempos de espera y las complicaciones legales que podían desalentar a los trabajadores a iniciar procesos judiciales.
¿Cuál es el propósito de la nueva normativa para la extinción del contrato?

Una mujer toma aire y trata de enfocar su tarea durante su jornada laboral | Shutterstock
La nueva normativa para la extinción del contrato tiene como propósito principal proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que no sean víctimas de incumplimientos salariales prolongados. Hasta ahora, las normativas existentes dejaban cierto margen para la interpretación judicial, lo que podía dificultar que los empleados reclamaran la extinción de su contrato en casos de impago. Con esta reforma, se proporciona un marco más sólido y accesible para que los trabajadores puedan defender sus derechos laborales.
Además, la normativa envía un mensaje claro a las empresas: los impagos salariales no serán tolerados. Al endurecer los criterios y eliminar las atenuantes a favor de los empleadores, la reforma busca disuadir a las empresas de incurrir en prácticas que perjudican a sus empleados.