“Desde la Comunidad de Madrid queremos denunciar la falta de lealtad del Gobierno del señor Sánchez con las comunidades autónomas. No puede ser que, bajo la excusa de no tener presupuestos, mantenga secuestradas a las comunidades autónomas y pretenda, además, que paguemos sus medidas electoralistas. Bajo el lema de “yo decido, tú pagas”, el Gobierno pretende que las comunidades autónomas financien su campaña electoral”. Así lo ha puesto de manifiesto Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo, en un encuentro con medios en el que ha señalado que el impago de las entregas a cuenta de 2026 ya supone a las arcas madrileñas 750 millones de euros.
Carta sin respuesta
Este reclamación Albert se la ha planteado además a Arcadi España en una carta fechada el pasado 29 de abril que no ha obtenido respuesta. “Ante la falta de actualización de las entregas a cuenta para 2026, el pasado 29 de abril escribí al nuevo ministro de Hacienda, como ya hice en anteriores ocasiones con la señora Montero, para felicitarle por su nombramiento y exigirle que proceda cuanto antes a esa actualización”, ha trasladado.
“¿Hemos recibido respuesta? No. Y lo peor no es el silencio, sino que el Gobierno del señor Sánchez mantiene retenido el dinero de los madrileños, dinero destinado a cuestiones tan importantes como la sanidad, la dependencia o la educación”, ha subrayado.
La consejera ha denunciado que con la excusa de la falta de presupuestos el Gobierno central no actualiza las entregas a cuenta, que suponen el 77% de los ingresos autonómicos. Así, este año, la Comunidad de Madrid está percibiendo una cantidad sensiblemente inferior a la que le corresponde, 129 millones menos al mes entre enero y marzo y 376 millones a partir de abril. La merma acumulada supera los 750 millones, a los que se añaden otros 4,7 entre intereses pagados por esa financiación de emergencia y la rentabilidad perdida.
Hacienda riza el rizo
La falta de Presupuestos y los problemas que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez para que el Congreso convalide sus Reales Decretos-leyes están tensionando la tesorería de las comunidades autónomas en los últimos años, en los que están financiando al Estado hasta junio con esta merma, mes en el que el Ejecutivo central ha solido aprobar una norma con la actualización de las entregas a cuenta que luego ha validado el Parlamento.
Pero este año, Hacienda ha rizado el rizo. Los dos Reales Decretos-ley 16/2025 y 2/2026 que contenían esta partida y que decayeron no incluían las entregas a cuenta de 2026 sino la prórroga de las de 2025, lo que supone menos dinero y una financiación extra de las CCAA al Estado.
Por este motivo, de enero a marzo las CCAA han recibido las entregas a cuenta prorrogadas de 2025, lo que supone en el caso de Madrid 129,45 millones de euros menos de las que se les comunicó que serían para 2026. Se cobraron así de enero a marzo porque estuvieron en vigor los citados Reales Decretos-ley.
Cuando no fueron convalidados estos RD-l decayeron, por lo que se volvieron a aplicar las entregas a cuenta del año 2023 que son las de la última Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobadas, y que suponen 376,51 millones de euros menos que los que corresponden a Madrid para 2026.
Real Decreto-ley urgente y específico
En la misiva a España, el Ejecutivo madrileño reclama la aprobación de un Real Decreto-ley “urgente y específico, no mezclado con desahucios, vivienda, fiscalidad y un largo etcétera”, “que actualice las entregas a cuenta” a las comunidades autónomas. Para la consejera, el método se repite con cada norma aprobada por el Gobierno central, que consiste en decisiones aprobadas en Consejo de Ministros, llevadas a las conferencias sectoriales para informar -no para negociar-, y que en la inmensa mayoría de los casos no incluyen memoria económica que cuantifique su impacto sobre las arcas autonómicas.
En definitiva, “un yo decido, tú pagas”, ha denunciado. El ejemplo más reciente es, en su opinión, el denominado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que rebaja temporalmente -hasta el 30 de junio- el IVA de la electricidad y los carburantes, y los impuestos especiales sobre electricidad e hidrocarburos, todos ellos cedidos total o parcialmente a las CCAA. En este caso, como ha detallado, el impacto en Madrid asciende a 206 millones de euros.
Medidas de impacto para las CCAA sin cuantificar
Asimismo, Albert ha alertado de que el Gobierno está tramitando otras medidas con elevado impacto presupuestario para las CCAA sin acompañar memoria económica ni cuantificar su coste. Es el caso de la rebaja de la jornada a 35 horas en la Administración o la imposición del calendario de reducción de horas lectivas en los centros escolares y ratios para los docentes.
Lo mismo ocurrió con la Ley Orgánica de Universidades, para la que tampoco se presentó una memoria económica real, insiste. E insta a recordar que esos 12.367 millones de euros de deuda provienen de cuestiones como el Plan de Dependencia, el Fondo de Competitividad o las obras comprometidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo que nunca se ejecutaron.
Por su parte, la subida retributiva pactada por el Ejecutivo central para los empleados públicos, sin participación de las CCAA, supone 888 millones para la Comunidad de Madrid en 2025 y 2026, elevándose a cerca de 2.000 millones hasta 2028.
Deuda del Estado consolidada
La Comunidad de Madrid eleva en suma a 12.367 millones de euros la deuda consolidada del Gobierno central con la región por servicios públicos, prestaciones y compromisos legales no atendidos, una cantidad que supone el 40% del total del presupuesto autonómico para 2026 y cerca del presupuesto íntegro madrileño destinado para su sanidad pública en todo este año.
A juicio de la consejera, se trata de una “quiebra de la lealtad institucional”, agravada por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, con los tres últimos años sin haber presentado siquiera el proyecto, en una “anomalía democrática sin precedentes”, ha subrayado.