La candidatura de Inés Olóndriz como nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) llega a la Comisión Europea. La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha pedido a Bruselas que examine si la propuesta de María Jesús Montero de nombrar a Olóndriz cumple con los requisitos de independencia establecidos por el derecho de la Unión Europea.
La designación de Inés Olóndriz como candidata aprobada el pasado 10 de marzo en el Consejo de Ministros implica que pasará a supervisar cuestiones que ella misma ha diseñado, como han denunciado diferentes expertos. Cabe recordar que hasta la fecha ha sido la mano derecha de la ministra, como secretaria general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda.
Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor con Jesús Fernández-Villaverde de La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía (La esfera de los libros), cree que hay dos problemas: que el supervisado pase a ser supervisor de un día para otro, y que la persona elegida haya diseñado la nueva financiación. “¿Cómo se puede evaluar bajo los criterios de independencia de la AIReF las políticas que acabas de diseñar?”, advierte Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho.
Compatibilidad y actuación de Bruselas
La eurodiputada ha registrado una pregunta parlamentaria en la que plantea a la Comisión si el procedimiento de designación y el perfil profesional propuesto para presidir la AIReF son compatibles con los requisitos de independencia institucional exigidos por el derecho europeo. Asimismo, inquiere sobre qué instrumentos tiene Bruselas para actuar si la independencia de una institución fiscal nacional se viera comprometida, ya sea en el marco del Semestre Europeo o mediante otros mecanismos previstos en la legislación comunitaria.
“Estamos ante una decisión que no es solo una cuestión de política interna española, sino que toca principios estructurales del sistema europeo de gobernanza fiscal. El derecho europeo reclama independencia funcional, independencia del gobierno y ausencia de conflicto de intereses”, aseguró Dolors Montserrat, en un comunicado.
En su opinión, “cuando una institución encargada de evaluar las cuentas públicas pasa a estar dirigida por personas estrechamente vinculadas al Gobierno al que deben fiscalizar, se corre el riesgo de debilitar la confianza de los mercados, de las instituciones europeas y de los ciudadanos”.
El nombramiento de Olóndriz pendiente del Congreso
La designación de Inés Olóndriz como nueva presidenta de la AIReF está pendiente de la aprobación del Congreso de los Diputados, una vez que ya ha sido comunicada por el Ejecutivo. La propuesta de nombramiento deberá contar con el apoyo de la mayoría absoluta de la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados -o mayoría simple en el Senado si no hay consenso-. Mientras termina el proceso para nombrar al sucesor de Cristina Herrero, cuyo mandato expiró el 3 de marzo, el actual director de Análisis Presupuestario de la AIReF, Ignacio Fernández-Huertas, ha asumido las funciones de presidente interino.
Funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Barcelona desde 1990, Olóndriz desarrolló buena parte de su trayectoria en la administración local. Entre 2002 y 2011 fue directora de financiación del consistorio y, previamente, directora de Presupuestos entre 2008 y 2009. Posteriormente trabajó como analista senior en el equipo de Sovereign & International Public Finance de S&P Global Ratings, donde analizó la situación financiera de gobiernos locales y regionales y de entidades públicas en España y Reino Unido. En 2020, fue nombrada secretaria general de Financiación Autonómica y Local.
La Comisión ya advirtió a España
No será la primera vez que la Comisión Europea se pronuncie sobre la presidencia de la AIReF. El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, advirtió el pasado 16 de febrero al Ejecutivo español de que la normativa europea impone a las autoridades españolas la obligación de velar por que su Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sea autónoma y tenga los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones. En este sentido, Dombrovskis recuerda que dicha “autonomía” cobra aún más relevancia desde la modificación de la Directiva 2011/85/UE.
Precisamente, Bruselas también advierte a España sobre la urgencia de transponer la modificación de Directiva de 2011. Esta actualización se aprobó en abril de 2024 para actualizar los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros. Su incorporación al ordenamiento jurídico nacional tenía que haber concluido antes de 2025. “Los Estados miembros debían haber transpuesto las disposiciones nuevas o modificadas de la Directiva antes del cierre del año 2025. La Comisión comprobará esta transposición en 2026“, avisa la Comisión Europea.
Así, recuerda que, en el contexto de la siguiente solicitud de pago que se presente en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, la Comisión verificará el cumplimiento continuo de los compromisos en materia de pensiones, tal como quedó plasmado en la Decisión de Ejecución del Consejo.
Llamada de atención de la expresidenta Cristina Herrero
Esta transposición ha sido una de las llamadas de atención de Cristina Herrero, expresidenta de la AIReF, antes de su salida de la institución. Bajo su punto de vista, el Ejecutivo podría haber aprovechado dicha actualización para abordar una reforma integral de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En este sentido, Herrero cuestionó que el Gobierno haya limitado la transposición de la norma europea a actualizar cuestiones muy puntuales: una relacionada con la labor de supervisión de la AIReF, para su evaluación externa; y otra, orientada a incorporar el impacto de los riesgos climáticos a los riesgos macrofiscales. Ambas se desarrollarán tal y como avanzó María Jesús Montero a través de reales decretos.
Para la AIReF bajo la etapa de Herrero, uno de los problemas es la falta de credibilidad del modelo nacional por su incumplimiento. En concreto, identificó la falta de consistencia entre las múltiples reglas existentes, los problemas de coordinación entre administraciones y la existencia de un sistema excesivamente estricto de medidas correctoras que resulta, en la práctica, inaplicable.