Los cambios en la Política Agraria Común (PAC), el aumento de los costes con un escudo anticrisis sin apenas efectos y el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur hacen explotar al campo español, que protagonizará una megatractorada el próximo 28 de octubre en Madrid.
A la vista de esta tractorada, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobó fondos agrarios por valor de 69,2 millones de euros: 50,1 millones de euros para compensar los sobrecostes en fertilizantes y energía de agricultores y ganaderos, y 19,1 millones de euros destinados a actuaciones de sanidad animal.
Preguntado el titular de la cartera, Luis Planas, por la tractorada del próximo miércoles, adoptó el discurso electoral marcado por el Ejecutivo -aunque no repetirá en listas electorales de cara al 29 de noviembre- y afirmó que entendía la preocupación del sector ante la próxima negociación de la PAC. Así, Planas señaló que centrará su dedicación en la recta final del año.
Respecto a cómo entiende una manifestación de este calibre, señalo que “debo entender la manifestación como un apoyo la negoaciación del PAC”.
“No se trata de una movilización política”
En apenas cuatro días, el ruido de los motores de más de un millar de tractores se concentrará en la capital de España por la caída de la viabilidad económica de las explotaciones agrarias españolas. Algunos líderes y portavoces de las organizaciones agrarias coinciden en que el sector está al borde del colapso, “poniendo en riesgo el abastecimiento alimentario y la supervivencia del medio rural”, señala Blanca Corroto, presidenta de ASAJA Toledo.
Se trata de una convocatoria que coincide con la precampaña electoral, tras la convocatoria del 29 de noviembre. En este contexto, las organizaciones convocantes han querido dejar claro que la movilización responde a una crisis estructural que viene gestándose desde hace meses, e inciden en que no se trata de una movilización política.
Uno de los detonantes fue el vencimiento el pasado 30 de septiembre de las ayudas al gasóleo en un contexto en el que los costes no dejan de crecer por la guerra en Irán. Si bien es cierto que el Gobierno aprobó otro paquete de medidas, tanto Andrés Góngora, secretario general de COAG, como Blanca Corroto, aseguran que las nuevas medidas continúan siendo insuficientes.
Además, ambos advierten de que “gobierne quien gobierne tras las elecciones, vamos a exigir compromisos firmes”.
Un sector clave en crisis
La agricultura es clave para la economía española no solo por su aportación al empleo y al PIB, sino porque es el sector que inicia la cadena alimentaria del país.
A nivel empleo, la agricultura representa un 3,5% de la población ocupada en España, unos 800.000 trabajadores.
Respecto a su contribución económica, el sector agrario aporta entre el 2,5% y el 3% del PIB español. Y según las últimas cifras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -que corresponden a marzo de 2026– la renta agraria de 2025 alcanzó los 39.798,6 millones de euros, con un aumento del 8,9% respecto al año anterior.
En un contexto en el que el campo no deja de crecer a nivel económico y con motivo de la movilización del próximo 28 de octubre, las organizaciones convocantes (ASAJA, COAG, Unión de Uniones, a las que se unió este viernes Cooperativas Agroalimentarias de España) han estructurado las reivindicaciones en un bloque de cinco ejes prioritarios.
Plan de choque por el alza de costes
El primer gran eje del manifiesto exige la puesta en marcha inmediata de un plan de choque frente a la insostenible escalada de los costes de producción y la creación de un gasóleo profesional agrícola. Tres años después del estallido del conflicto bélico en Ucrania en el año 2022, la guerra de Irán ha vuelto a disparar el precio de los carburantes y de la energía, lo que ha supuesto un “revés” para las explotaciones agrarias.
Según los datos proporcionados por COAG, el precio del gasóleo agrícola (Gasóleo B) se ha encarecido un 78,2%, pasando de una media previa de 0,96 euros por litro a situarse en una media de 1,711 euros el litro en estaciones de servicio. Esta situación se suaviza en las cooperativas, donde el precio del Gasóleo B se encuentra entre 1,51 euros por litro y 1,65 euros. Aun así, se trata de un precio que implica que llenar un depósito de un tractor tenga un coste de unos 513,30 euros, lo que supone un sobrecoste directo de 225 euros por cada repostaje.
A la subida del combustible se une, además, la de los fertilizantes. Tal y como señalan los datos, estos insumos han sufrido un incremento del 20%, elevando su precio desde los 500 euros por tonelada hasta los 600 euros por tonelada.
También han registrado incrementos los plásticos y cubiertas agrícolas, del 18% y el 25%, respectivamente. Desde COAG indican que esto se debe, principalmente, a la repercusión de los polímeros petroquímicos y las resinas.
Sin olvidar el impacto de la energía, cuyas tarifas impactan de manera directa en los costes de bombeo para el regadío y en la climatización ganadera, a lo que se suma el alza generalizada de los piensos para la cabaña ganadera.
Un escudo anticrisis “insuficiente”
Tanto Góngora como Corroto denuncian la ineficacia del actual “escudo anticrisis” estatal. Corroto subraya que “casi el 50 % (un 49 %) del precio final del gasóleo agrícola son impuestos directos”, y critica que el Gobierno central “ha aportado cero euros de fondos propios”, limitándose a distribuir los fondos llegados de Bruselas mientras algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, tampoco han añadido dotación presupuestaria propia.
Por todo ello, las organizaciones agrarias exigen una bonificación directa del gasóleo al repostar para los profesionales, que la ayuda cubra el 70% del sobrecoste real sin topes mientras dure la crisis, la reducción del IVA para carburantes, fertilizantes y plásticos, la rebaja de los módulos del IRPF y una tarifa eléctrica adaptada al regadío y la ganadería.
Rechazo al recorte de la PAC
El segundo eje que han destacado de cara a la tractorada es el “desmantelamiento” de la Política Agraria Común proyectado por la Comisión Europea para el periodo 2028-2034.
Los borradores debatidos en Bruselas plantean recortar el presupuesto global de la PAC en unos 100.000 millones de euros, estableciendo un techo estimado de entre 300.000 millones de euros y 393.000 millones. Se trata de una cifra que, tal y como denuncian, se encuentra alejada de los 500.000 millones que exige el sector agrario europeo para garantizar la viabilidad de las granjas.
Para España, la propuesta de la Comisión se traduce en un recorte de casi 10.000 millones de euros, lo que representa una pérdida del 28% en términos reales. Según las estimaciones de COAG, este tijeretazo supondrá una minoración directa de unos 925 millones de euros anuales en los apoyos a la renta de los agricultores y ganaderos del país.
Pero en esta reivindicación no entra en juego solamente el dinero directo que llega a los agricultores, sino que los representantes del campo también denuncian que Bruselas está tratando de eliminar el segundo pilar de la PAC (dedicado al Desarrollo Rural, agricultura ecológica, planes de mejora e incorporación de jóvenes) para convertirlo en un “fondo común único” que cada Estado debe gestionar, sin pautas comunes sobre dónde debe destinarse ese dinero.
En este sentido, Corroto tacha esta medida de “incongruencia total”, y alerta de que “se exige la máxima sostenibilidad ambiental pero se elimina la financiación que la hace posible; sin rentabilidad económica, la sostenibilidad es cero”. Por ello, las organizaciones exigen mantener una PAC con dos pilares blindados, presupuesto propio e independiente, y que priorice a los agricultores profesionales frente a multinacionales o fondos de inversión.
La cadena alimentaria, en el punto de mira
El tercer y cuarto eje del manifiesto ponen el foco en el mercado. Los agricultores exigen precios justos mediante el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria y el cese de la competencia desleal provocada por los acuerdos comerciales con terceros países.
Las organizaciones denuncian la brecha entre el precio que reciben ellos por sus productos y el que encuentran en el supermercado: “El consumidor final llega a pagar en el supermercado entre cuatro y cinco veces más del precio pagado al agricultor en origen”.
En el último eslabón de la cadena, la distribución defiende precisamente que lo que está tratando es de contener los precios al consumidor y asumir contra margen cuando es posible la subida de costes. En los productos con menor margen y donde la subida de los costes se ha traslado ya al precio final, como refleja la subida de precios de los productos frescos. El Gobierno ha pedido a la CNMC que investigue cada uno de los eslabones de la cadena anticipando la subida de los alimentos en las próximas semanas.
Competencia desleal por Mercosur y acuerdos con Marruecos
A esto se suman los acuerdos comerciales como el de Mercosur, que han impactado gravemente en el sector ganadero. Góngora señala que la entrada de carne de vacuno procedente de Brasil ha provocado un hundimiento del precio de esta carne en España. A su vez, la alarma sanitaria provocada por la detección, en junio pasado, de carne de ternera hormonada llegada de Brasil, frente a la cual las autoridades comunitarias tardaron hasta septiembre en aplicar restricciones.
Ante esta situación, el sector agrario reclama la aplicación estricta de la prohibición de venta a pérdidas y el refuerzo de inspecciones y sanciones a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
También exigen la implantación de “cláusulas espejo” en todos los tratados comerciales: “No se puede permitir vender en Europa lo que no se permite producir dentro de sus fronteras”, señala Corroto. Así como un etiquetado transparente que especifique el “Origen España” real y no la mera indicación de “Envasado en España”.
Menos burocracia y más fomento del relevo generacional
El quinto eje de la protesta va orientado hacia una reducción de los trámites administrativos del sector. Esto se debe a que el exceso de trámites, ecorregímenes complejos y duplicidades digitales roba un tiempo precioso a las labores del campo, tal y como remarcan tanto Góngora como Corroto.
Así, las organizaciones reclaman la implantación del “derecho al error”, a través del cual piden que los fallos administrativos leves no sean castigados de forma desproporcionada como si fueran fraudes.
Más allá del manifiesto, el secretario general de COAG y la presidenta de ASAJA Toledo han señalado a Articulo14 otros dos problemas a los que se enfrenta el campo, como son la falta de relevo generacional y la soberanía alimentaria como seguridad nacional.
Francia como ejemplo para el relevo generacional
Respecto al envejecimiento de los agricultores y la falta de nuevos trabajadores que gestionen el campo, Corroto señala de manera directa que las barreras financieras y la imposibilidad de acceder a la tierra frenan la incorporación de jóvenes. Así, contrapone la pasividad del Gobierno español con el modelo de Francia, donde el Estado prepara un plan de pensiones potente para que los agricultores jubilados cedan sus tierras a jóvenes a cambio de complementar sus bajas pensiones. Todo ello, con el objetivo de rejuvenecer el sector primario.
Además, Corroto también denuncia que en regiones como Castilla-La Mancha, los jóvenes incorporados en 2023 acumulan más de dos años de retraso en el cobro de las ayudas públicas, lo que complica la adquisición de maquinaria y tierras.
Góngora centra también las reivindicaciones de cara al 28 de octubre en la importancia de percibir al sector primario como estratégico. Y es que, el secretario general de COAG citó el reciente ciberataque sufrido por grandes cadenas de supermercados en Francia (como Carrefour), donde piratas informáticos alteraron las temperaturas de las cámaras frigoríficas inutilizando toneladas de alimentos como muestra de la vulnerabilidad de la cadena. “Un país que no puede alimentar a su población es un país vulnerable”, advirtió Góngora.