España ha transformado profundamente sus prioridades presupuestarias durante las últimas tres décadas. En 1995, el gasto en transporte representaba el 7,5 % del gasto público total. Casi treinta años después, esa proporción se ha reducido hasta situarse por debajo del 4 %. La caída, cercana al 47 %, refleja cómo las infraestructuras y los servicios de transporte han perdido protagonismo en las cuentas públicas mientras otras partidas, especialmente las pensiones, han ganado peso.
Los datos proceden de las estadísticas de Eurostat y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que permiten reconstruir la evolución del gasto en transporte desde 1995. La tendencia cobra especial relevancia tras el accidente ferroviario ocurrido el miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo), donde un AVE de Renfe colisionó con un tren de Iryo que permanecía detenido.
La tragedia ha reabierto el debate sobre la financiación y conservación de las infraestructuras ferroviarias españolas. Aunque todavía no se han determinado las causas del accidente, las cifras históricas revelan una transformación presupuestaria que afecta al conjunto de las administraciones públicas y que plantea interrogantes sobre las prioridades inversoras mantenidas durante décadas.
Del 7,5 % al 3,95 %: tres décadas de pérdida de peso presupuestario
En 1995, España destinaba aproximadamente 7,5 de cada 100 euros de gasto público al transporte. Según la serie histórica de Eurostat analizada por Vozpópuli, aquella participación era una de las mayores del periodo estudiado. El porcentaje volvió a aproximarse al 7 % en 2004, pero comenzó a perder importancia durante los años posteriores.
El descenso se acentuó con la crisis financiera de 2008 y los ajustes presupuestarios posteriores. Desde 2011, el gasto en transporte no ha vuelto a alcanzar el 5 % del gasto público total, una situación que se ha prolongado durante gobiernos de distinto signo político.
En 2024, último ejercicio disponible en la serie anual de clasificación funcional de la IGAE, las administraciones españolas destinaron 28.634 millones de euros al transporte. Sobre un gasto público total de 725.001 millones, esa cantidad representa aproximadamente el 3,95 %. La reducción respecto a 1995 alcanza así los 3,55 puntos porcentuales, equivalentes a una pérdida relativa del 47,3 %.
Conviene precisar que estos porcentajes no representan exclusivamente el dinero destinado a construir o mantener carreteras y ferrocarriles. La clasificación estadística incluye distintas actividades y servicios relacionados con el transporte. Tampoco significa que España gaste ahora menos euros que hace treinta años: lo que ha disminuido considerablemente es su participación dentro del presupuesto público total.
Las pensiones ganan protagonismo mientras retrocede la inversión
Hace 30 años, España destinaba del presupuesto un 7,5% a infraestructura y mantenimiento, hoy destina un 3,9%, se ha reducido su peso en casi un 50%.
En el mismo tiempo la partida de pensiones ha aumentado un 33%
pic.twitter.com/G7QaskAFiQ— anarcarural 🐂🇪🇸 (@anarcarural) October 30, 2026
La evolución del gasto en transporte contrasta con el crecimiento de las partidas de protección social. Un estudio publicado por Fedea en diciembre de 2025, elaborado por el economista Miguel Ángel García con datos de la IGAE, analiza cómo ha cambiado la distribución del gasto público español entre 1995 y 2024.
Durante ese periodo, el gasto público total pasó del 44,13 % al 45,47 % del producto interior bruto (PIB). Es decir, el peso global del Estado y las demás administraciones sobre la economía apenas aumentó 1,34 puntos porcentuales. Sin embargo, su distribución interna experimentó cambios sustanciales.
La protección social incrementó su participación en 4,3 puntos del PIB, de los cuales aproximadamente 3,3 correspondieron a las pensiones. Mientras tanto, el gasto en transporte perdió 1,5 puntos del PIB y la inversión pública registró una reducción de magnitud semejante.
En 2024, las pensiones representaban el 28,4 % del gasto público total, con 206.119 millones de euros. El envejecimiento demográfico, el aumento del número de pensionistas y la evolución de las prestaciones explican parte de esta transformación.
Los datos muestran un desplazamiento de las prioridades presupuestarias, aunque no permiten concluir que cada euro adicional dedicado a pensiones se haya retirado directamente del transporte. El presupuesto también depende de la recaudación, el endeudamiento y las decisiones de financiación adoptadas en cada ejercicio.
La inversión ferroviaria continúa un 66,7 % por debajo de 2009
La evolución de la inversión ofrece otra perspectiva sobre el deterioro del peso presupuestario de las infraestructuras. Según un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), publicado en marzo de 2026, España destinó 16.114 millones de euros a infraestructuras de uso público en 2025.
Aunque la inversión aumentó un 6,8 % respecto al año anterior, su volumen real todavía era un 60 % inferior al máximo alcanzado en 2009. Además, las infraestructuras productivas han pasado de concentrar el 61,2 % de la inversión pública en aquel ejercicio al 37,9 % en 2025.
La caída resulta especialmente pronunciada en el ferrocarril. La inversión ferroviaria alcanzó los 4.589 millones de euros en 2025, un 7 % más que en 2024, pero todavía un 66,7 % por debajo de los niveles de 2009 en términos reales.
Los investigadores advierten de que, en determinadas infraestructuras, la inversión resulta insuficiente para compensar la depreciación del capital acumulado. Es decir, parte de las instalaciones existentes puede perder valor a medida que envejece si las actuaciones de renovación no compensan su desgaste.
Más dinero para mantenimiento, pero una red ferroviaria más exigente
La pérdida histórica de peso del gasto en transporte no significa que todas las partidas ferroviarias hayan disminuido durante los últimos años. Los datos publicados por Adif y el Ministerio de Transportes muestran que el mantenimiento de la red pasó de 726,5 millones de euros en 2018 a 1.062,5 millones en 2024.
Para 2025, el documento recoge una cifra de 1.119,8 millones, presentada como previsión anual actualizada. El gasto nominal por kilómetro también aumentó, desde aproximadamente 46.100 euros en 2018 hasta 71.260 euros en 2025.
La cuestión es si ese crecimiento resulta suficiente para afrontar la inflación, el envejecimiento de las instalaciones y el aumento de la circulación ferroviaria, especialmente desde la liberalización de la alta velocidad.
Un informe de la Comisión Europea, correspondiente al periodo 2018-2022, permite identificar otro desequilibrio. España destinó el 83,8 % del gasto declarado en alta velocidad a nuevas infraestructuras, frente al 16,2 % empleado en mantenimiento, renovación y mejora de las existentes. Francia reservó aproximadamente el 34 % a estas últimas actuaciones, Alemania el 36,5 % e Italia el 40 %.
Son cifras correspondientes a un periodo anterior, no una fotografía del presupuesto actual. Sin embargo, permiten observar la importancia que tuvo la ampliación de la red española frente a su conservación.
El accidente de Toledo devuelve la atención a las decisiones presupuestarias
El siniestro de Urda ha situado nuevamente bajo escrutinio la seguridad del ferrocarril español. Las primeras actuaciones de la autoridad independiente de investigación identifican una avería del sistema LZB, iniciada a las 8:31 horas del 28 de octubre, antes de que los trenes pasaran a circular bajo un régimen alternativo de señalización.
La investigación deberá determinar cómo se gestionó aquella situación, qué instrucciones recibieron los maquinistas y por qué no funcionaron las barreras de seguridad necesarias para evitar la colisión. También examinará el estado y mantenimiento de las instalaciones.
La línea Madrid-Sevilla continúa utilizando el sistema LZB, implantado en 1992, mientras se desarrolla su sustitución por el estándar europeo ERTMS. El contrato para modernizarlo fue adjudicado en 2021, pero el nuevo sistema todavía no estaba operativo en el tramo afectado cuando ocurrió el accidente.
Es precisamente aquí donde la evolución del gasto en transporte adquiere una dimensión que trasciende las estadísticas. La reducción de su peso presupuestario durante tres décadas obliga a examinar qué inversiones se priorizaron, cuáles se aplazaron y cómo se planificó la conservación de una red cada vez más extensa.