proyecto de real decreto

El Gobierno desliga las transferencias del Estado como ingresos del sistema de pensiones

El Gobierno tramita una modificación en la manera de evaluar las pensiones y prevé que AIReF tenga que hacer un examen adicional antes del 1 de julio de 2026

La presidenta de la Airef y la ministra Elma Sainz.
KiloyCuarto

El Gobierno se enmienda a sí mismo. Apenas cuatro meses después de la publicación del Real Decreto 100/2025 que desarrolla la regulación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y los informes de evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre sistema de pensiones, la Seguridad Social trabaja en su modificación. 

El Ministerio que dirige Elma Saiz acaba de sacar a audiencia pública -sin consulta pública previa- un proyecto de Real Decreto que desliga como ingresos del sistema de pensiones la transferencia vía presupuestos del Estado y prevé la elaboración por parte de la AIReF antes del 1 de julio de 2026 de un informe adicional al emitido el pasado 31 de marzo sobre el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones.

Trasfondo

La inclusión de este examen adicional de la AIReF, que debe realizarse en poco más de un año respondería a las presiones de Bruselas para que, en la evaluación de las pensiones, no se tengan en cuenta las transferencias del Estado como ingresos, frente a lo recogido en el primer Real Decreto del Gobierno, según recogen los El País y El Mundo, que han adelantado esta información.

Así, en proyecto de real decreto en tramitación se suprime la apelación directa que figura en el artículo 12.b) del actual Real Decreto para considerar como ingresos del sistema de la Seguridad Social las transferencias del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social. En concreto, en el proyecto desaparece esta referencia: Igualmente, tendrá la consideración de ingreso del sistema de la Seguridad Social la transferencia del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social que debe contemplar anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional trigésima segunda del citado texto refundido, relativa a la financiación de la acción protectora de la Seguridad Social en cumplimiento del principio de separación de fuentes consagrado en el seno del Pacto de Toledo. 

Visión del Ministerio

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero.
APIE

Fuentes del Ministerio de Inclusión explicaron que este informe adicional que hará la AIReF no supone un nuevo examen ni otra evaluación, y alegan que, en línea con las recomendaciones de este organismo y de Bruselas, se pide a la AIReF ese informe adicional “en un ejercicio de responsabilidad y transparencia”, según informa Europa Press.

En este sentido, las mismas fuentes señalan que dicho ejercicio, un año después de la primera evaluación, “permitirá tener en cuenta las revisiones y datos de crecimiento y empleo más recientes”, así como más evidencias sobre el impacto en la sostenibilidad del sistema de pensiones de reformas estructurales como la reforma laboral. “Este informe no supone una nueva evaluación, sino un ejercicio de transparencia que pretende reforzar la confianza en la sostenibilidad del sistema”, subrayaron desde el Departamento que dirige Elma Saiz.

Justificación

En el texto del proyecto de real decreto, el Gobierno justifica la necesidad de modificar el precedente de 18 de febrero en las recomendaciones que realizó la AIReF en su primer examen de pensiones. El organismo señaló entonces integrar la regla de gasto de pensiones alineándola con los objetivos del marco fiscal, tanto europeo como nacional, con el objetivo de mejorar la coordinación y simplificar el sistema actual.

Además, expone el Ejecutivo, la AIReF cree necesario homogeneizar los periodos de revisión, puesto que la regla de pensiones se revisa cada tres años y el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo tiene una vigencia de cuatro años aunque es objeto de seguimiento anual.

Con el objeto de avanzar en el cumplimiento de esta recomendación, el Gobierno considera necesario modificar la normativa “a pesar de su corta vigencia”, para incorporar en el texto “una referencia tanto a la sostenibilidad del sistema público de pensiones como a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas”.  “Se pretende con ello dar un primer paso en la homogeneización de las reglas propuestas por la AIReF incorporando en el análisis la sostenibilidad en el largo plazo”, apunta el Ejecutivo.

Magnitudes

Elma Saiz - Política
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Europa Press

Asimismo, el Gobierno afirma que modifica el Real Decreto para que la AIReF realice un informe adicional antes del 1 de junio de 2026 con el fin de tener en cuenta “los grandes shocks en los datos definitivos macroeconómicos de los últimos años y disponer de suficientes datos para evaluar las reformas económicas”.

En este sentido, el Gobierno señala las “importantes” revisiones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística sobre los datos del PIB para los años 2022 y 2023. “Estos ejercicios de revisión siguen siendo importantes en el 2024 y 2025, por lo que, dado el impacto en el ejercicio de proyección que tienen y ante la incertidumbre de próximas revisiones, se considera necesario la realización de ese informe adicional por la AIReF en el ejercicio 2026″, sostiene el Ejecutivo.

Primer examen de la AIReF

El pasado 31 de marzo, la AIReF emitió un informe en el que constataba el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones, aunque por poco, al tiempo que advertía de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado respecto a las previsiones publicadas en 2023.

En ese primer informe sobre la regla de gasto en pensiones, la AIReF señala que las previsiones de la Comisión Europea, actualizadas con los datos observados en 2022 y 2023, sitúan el gasto en pensiones en el 14,6% entre 2022 y 2050. Además, estima que las medidas de ingresos suponen el 1,4% del PIB en este mismo periodo, por lo que considera cumplida la regla de gasto establecida por el Gobierno, con un gasto en pensiones neto de medidas de ingresos del 13,2% en el promedio 2022-2050, inferior, pero por muy poco, al 13,3% pactado con Bruselas.

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